Romper las cadenas del silencio para defender la educación

Apremia un nuevo punto de vista sobre la realidad escolar, un análisis sereno acerca del rol de cada integrante de la comunidad educativa y de cuáles son sus prioridades, especialmente de los alumnos, que son la razón de ser de la escuela y que en ellos se basa todo lo que trabajamos. Es a ellos a quienes tenemos que rendirles cuentas y no la tecnocracia educativa, ni siquiera al gobierno de turno.

La tarea educativa tiene muchas aristas que nos permite a los docentes considerar una variedad de herramientas para trabajar con creatividad, cariño, confianza y dejando recuerdos felices en la niñez. Es hora de dar otra mirada al sistema educativo y entender que el enfoque debe centrarse en las personas que trabajan, estudian y conviven en la escuela, promoviendo la participación activa en todo lo que sucede en ella, pues la escuela tiene que ser protagonista de la crítica realidad que vive el país y el mundo.

No bastan las clases en radio, televisión o internet, los docentes comprendemos que el valor humano, las exigencias morales e intelectuales que nos competen como educadores de las nuevas generaciones, conllevarán a transformar la sociedad y a construir un país más solidario, donde cada ciudadano tenga derecho a su identidad personal y a realizarse en medio de la colectividad sin sacrificar sus diferencias individuales.

Dejemos claro, la educación no debe estar recluida injustamente a la jornada escolar, sino fusionar lo que la niñez y en general las personas sienten, viven y crean para disfrutar de la vida con dignidad. No se trata, como pretende la escuela revisionista, de adaptar al alumnado a la caduca sociedad Se trata de prepararlo para que sea crítico del entorno en que vive y para que sea capaz de transformarlo desde sus mismos principios. Paulo Freire, insistía que, “los cambios sociales vendrán de las zonas marginales, de la gente que piensa en cambios radicales.”

Los docentes tenemos un deber cívico y revolucionario. Está en nuestras manos el futuro y el presente de la humanidad, depende de nosotros que esa humanidad sea dueña de su propia vida o, por el contrario, de que sea servil al sistema que niega sus derechos y lo oprime. La educación no nos pertenece a nosotros, sino a la niñez y juventud, a nuestro pueblo que día a día sobrevive redescubriendo que el sistema y la corrupción los condena cada vez más a la pobreza.

Rompamos las cadenas que nos atan al bullicio de las redes, salgamos junto al pueblo a demandar de la Corte Constitucional y del Presidente Lasso la vigencia de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada favorablemente por el Presidente Moreno. La aplicación de las reformas a la LOEI, dignifica a maestros, estudiantes, madres y padres de familia, significa además, mejorar las herramientas para erradicar las consecuencias nefastas de la crisis educativa, social, sanitaria y económica impuesta por la burguesía internacional.

La pobreza se combate con educación, unidad y lucha

   

   Loja sigue siendo parte de un Ecuador mayoritariamente pobre, donde cada cuatro años -incluida la década robada- los inquilinos de Carondelet y del Palacio Legislativo, gobiernan y legislan para unos pocos, provocando de esta manera, un estallido social que crece y deja lentamente a más familias bajo las dos cara de una misma moneda, las desigualdades y la pobreza. Lacras que se muestran no solo en la falta de ingresos sino también, en el acceso a la educación, salud y otros servicios.

   

 La crisis sanitaria polarizó a la sociedad en tres segmentos, entre quienes tienen más o demás, los que tienen un trabajo para cubrir sus necesidades básicas, y los que apenas pueden sobrevivir. Literalmente la pandemia dividió más a las familias ecuatorianas, muchas dejaron de ocupar espacios comunes, mientras que el confinamiento, generó escenarios de servicios públicos para las clases muy pobres y pobres, y servicios privados para las clases medias altas y adineradas.

    El gobierno actual, de clara orientación neoliberal, menosprecia lo público, tiene la idea de que los derechos constitucionales a la salud, educación, servicios básicos y seguridad social, son simples bienes sociales que los ecuatorianos debemos pagarlos para poder acceder a ellos. Así, han anunciado ya la venta de varias empresas estatales; entre tanto, la privatización de derechos y servicios parecen entrar en un túnel sin salida que endeuda más a los sectores populares y acrecienta las ganancias de la burguesía.

  Quizá nos preguntemos: ¿cómo revertir esta realidad? ¿cómo disminuir la brecha de las desigualdades sociales? o ¿cómo hacer salir de la pobreza permanente? La respuesta parece simple: con educación y trabajo. Una educación pública laica, gratuita, de calidad, incluyente y emancipadora de los pueblos, que oriente a la defensa de derechos y libertades y a la construcción de ese nuevo Ecuador. Un trabajo con un salario acorde al valor de la canasta básica y que dignifique la vida del ser humano.

  El Ministerio de Educación con urgencia debe personalizarse por la aplicación y vigencia de la LOEI, mecanismo único para hacer cambios en el sistema educativo y dar un trato decoroso a la infancia y niñez empobrecida, para poner en vigencia el 6% del PIB en la inversión educativa, para garantizar a las familias con pocos ingresos el derecho a la educación de sus hijos.

  Si no entendemos que estas decisiones son políticas, si no entendemos que la economía en su versión neo liberal es la causa de la concentración de la riqueza en pocas manos. Si no entendemos que la unidad, organización y lucha es la firme apuesta para defender nuestros derechos y conquistas sociales, caso contrario, seguiremos apoyando el estatus quo de quienes descaradamente nos explotan.

Finalmente, saludo al victorioso Congreso Nacional de la UNE, celebrado el sábado 19 de junio. El correato y una red de serviles intentaron silenciar la voz del magisterio que es la voz del pueblo. La UNE sigue firme, unida, luchando y movilizada en defensa de la LOEI.

Sin seguridad sanitaria, la niñez no ejerce el derecho a la educación

    La tecnocracia del Ministerio de Educación, que en la práctica se mantiene por más de una década, se ha empeñado en regresar a clases presenciales a la brevedad posible, sin considerar la evolución de pandemia. Las recientes y reiterativas declaraciones de la Ministra María Brown tienden a persuadir a la población y a las madres y padres de familia, que el regreso a clases es inevitable, contradiciendo sus propias declaraciones de que buena parte de las escuelas, especialmente suburbanas y rurales, se encuentren en condiciones deplorables de infraestructura y que no ofrecen las mínimas condiciones biosanitarias.

Dos semanas han pasado desde el regreso de unos pocos alumnos a las aulas. La previsible exposición al contagio se cumplió afectando a profesores y estudiantes. Si se considera, que la protección contra el virus es a partir de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, en la práctica solamente se ha vacunado a un 30 % de docentes; mientras que los padres y madres de los escolares cuyas edades oscilan entre los 25 y 40 años, aún no han sido vacunados; tampoco se ha advertido sobre el traslado hacia la escuela y viceversa en los diversos medios de transporte; factores que determinan que el riego de contagio es alto. El regreso puede decretarse “de manera alternada, paulatina y voluntaria”, pero ni remotamente es seguro.

La Unión Nacional de Educadores y otros sectores han señalado que la pandemia mostró el inhumano estado del Sistema Educativo Nacional: pésima infraestructura, poca cobertura de conectividad, grandes fisuras digitales, desigualdades y pobreza crecientes, incremento de la agresión a las mujeres, abusos contra menores de edad; situaciones que se complican con la orden ministerial de trabajar unos planes de estudio con contenidos y enfoques de enseñanza que priorizan el logro de aprendizajes en lugar de la comprensión y el desarrollo del pensamiento crítico; y sobre todo, la actuación de los estudiantes ante la pandemia y sus efectos. Son signos de que en la educación nacional camina muy mal, desde hace décadas.

El gobierno del Presidente Lasso, ha confirmado que, la gestión de la educación no responde a los objetivos nacionales ni al interés superior de la niñez. En estos tiempos de pandemia se evidencia el sometimiento a los dictámenes del Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, cuya receta es: “lávense las manos con bastante agua, utilicen alcohol y gel”, además disponen que se revisen las guías para el regreso “seguro” a clases: Por tanto, la tecnocracia ministerial y buena parte de directivos que han solicitado regresar a clases presenciales, parecen no poseer el compromiso y solidaridad para ponerse en el lugar de los estudiantes, padres de familia y docentes.

Sin embargo, ante las presiones, los chantajes y el voluntarismo; son más frecuentes los pronunciamientos públicos de las madres y padres de familia, reclamando seguridad para la salud y la vida de sus hijos, pues sin eso, dicen, “no hay derecho a la educación”.