Loja sigue siendo parte de un Ecuador mayoritariamente pobre, donde cada cuatro años -incluida la década robada- los inquilinos de Carondelet y del Palacio Legislativo, gobiernan y legislan para unos pocos, provocando de esta manera, un estallido social que crece y deja lentamente a más familias bajo las dos cara de una misma moneda, las desigualdades y la pobreza. Lacras que se muestran no solo en la falta de ingresos sino también, en el acceso a la educación, salud y otros servicios. 
La crisis sanitaria polarizó a la sociedad en tres segmentos, entre quienes tienen más o demás, los que tienen un trabajo para cubrir sus necesidades básicas, y los que apenas pueden sobrevivir. Literalmente la pandemia dividió más a las familias ecuatorianas, muchas dejaron de ocupar espacios comunes, mientras que el confinamiento, generó escenarios de servicios públicos para las clases muy pobres y pobres, y servicios privados para las clases medias altas y adineradas.
El gobierno actual, de clara orientación neoliberal, menosprecia lo público, tiene la idea de que los derechos constitucionales a la salud, educación, servicios básicos y seguridad social, son simples bienes sociales que los ecuatorianos debemos pagarlos para poder acceder a ellos. Así, han anunciado ya la venta de varias empresas estatales; entre tanto, la privatización de derechos y servicios parecen entrar en un túnel sin salida que endeuda más a los sectores populares y acrecienta las ganancias de la burguesía.
Quizá nos preguntemos: ¿cómo revertir esta realidad? ¿cómo disminuir la brecha de las desigualdades sociales? o ¿cómo hacer salir de la pobreza permanente? La respuesta parece simple: con educación y trabajo. Una educación pública laica, gratuita, de calidad, incluyente y emancipadora de los pueblos, que oriente a la defensa de derechos y libertades y a la construcción de ese nuevo Ecuador. Un trabajo con un salario acorde al valor de la canasta básica y que dignifique la vida del ser humano.
El Ministerio de Educación con urgencia debe personalizarse por la aplicación y vigencia de la LOEI, mecanismo único para hacer cambios en el sistema educativo y dar un trato decoroso a la infancia y niñez empobrecida, para poner en vigencia el 6% del PIB en la inversión educativa, para garantizar a las familias con pocos ingresos el derecho a la educación de sus hijos.
Si no entendemos que estas decisiones son políticas, si no entendemos que la economía en su versión neo liberal es la causa de la concentración de la riqueza en pocas manos. Si no entendemos que la unidad, organización y lucha es la firme apuesta para defender nuestros derechos y conquistas sociales, caso contrario, seguiremos apoyando el estatus quo de quienes descaradamente nos explotan.
Finalmente, saludo al victorioso Congreso Nacional de la UNE, celebrado el sábado 19 de junio. El correato y una red de serviles intentaron silenciar la voz del magisterio que es la voz del pueblo. La UNE sigue firme, unida, luchando y movilizada en defensa de la LOEI.
El gobierno actual, de clara orientación neoliberal, menosprecia lo público, tiene la idea de que los derechos constitucionales a la salud, educación, servicios básicos y seguridad social, son simples bienes sociales que los ecuatorianos debemos pagarlos para poder acceder a ellos. Así, han anunciado ya la venta de varias empresas estatales; entre tanto, la privatización de derechos y servicios parecen entrar en un túnel sin salida que endeuda más a los sectores populares y acrecienta las ganancias de la burguesía.
Quizá nos preguntemos: ¿cómo revertir esta realidad? ¿cómo disminuir la brecha de las desigualdades sociales? o ¿cómo hacer salir de la pobreza permanente? La respuesta parece simple: con educación y trabajo. Una educación pública laica, gratuita, de calidad, incluyente y emancipadora de los pueblos, que oriente a la defensa de derechos y libertades y a la construcción de ese nuevo Ecuador. Un trabajo con un salario acorde al valor de la canasta básica y que dignifique la vida del ser humano.
El Ministerio de Educación con urgencia debe personalizarse por la aplicación y vigencia de la LOEI, mecanismo único para hacer cambios en el sistema educativo y dar un trato decoroso a la infancia y niñez empobrecida, para poner en vigencia el 6% del PIB en la inversión educativa, para garantizar a las familias con pocos ingresos el derecho a la educación de sus hijos.
Si no entendemos que estas decisiones son políticas, si no entendemos que la economía en su versión neo liberal es la causa de la concentración de la riqueza en pocas manos. Si no entendemos que la unidad, organización y lucha es la firme apuesta para defender nuestros derechos y conquistas sociales, caso contrario, seguiremos apoyando el estatus quo de quienes descaradamente nos explotan.
Finalmente, saludo al victorioso Congreso Nacional de la UNE, celebrado el sábado 19 de junio. El correato y una red de serviles intentaron silenciar la voz del magisterio que es la voz del pueblo. La UNE sigue firme, unida, luchando y movilizada en defensa de la LOEI.
