Hacia un nuevo ordenamiento jurídico y de valores éticos

A puertas del inicio de la campaña hacia Carondelet y la Asamblea Nacional, los candidatos hablan y prometen un programa hacia la igualdad social, sin embargo, muchos de ellos no conocen el verdadero significado de la igualdad social. Dicen que la riqueza es la principal reguladora de lo social y de la propia existencia humana, si es así, entonces primero hay que atender la pobreza de buena parte de la población, pero para hacerlo no podemos perder de vista que esa regulación descansa sobre un andamio estructural político que hay que cambiar de manera urgente.

El escritor español Javier Cercas expresa que una sociedad sana debe tener tres tipos de individuos: “un maestro que enseñe a vivir, un médico que ayude a morir y, por último, una persona que diga no”, no a todo lo que se nos ofrece, individuos que sean críticos y reflexivos. De allí que la tarea principal de la educación sea formar ciudadanos excepcionales y capaces de rebelarse con un rotundo no a la corrupción para así resguardar la dignidad personal y de la comunidad. La sentencia de Juan Montalvo sigue vigente: “desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo”.

Los empleados y trabajadores jóvenes no pueden permanecer contemplativos de nuestra realidad. Es cierto que la pandemia generó una escalada de la ya existente crisis social, económica y política. En cuanto a la seguridad social, está en juego su propio futuro, más allá de los desfalcos de los directivos que se han turnado, el modelo actual es insostenible en el tiempo, sean conscientes de que sus aportes tienen un respaldo incierto. Es la hora de asumir no solamente compromisos en las urnas, sino ante todo, unidad, organización y responsabilidades para exigir del Estado respuestas inmediatas y no solamente promesas que finalmente no se cumplen.

La juventud que es parte de los trabajadores, campesinos, obreros, estudiantes bachilleres que no pueden ingresar a la universidad, de los estudiantes universitarios, de los miles de profesionales desocupados, no pueden dejar su innata rebeldía ni renunciar a los grandes desafíos de transformar la sociedad y construir ese nuevo país donde realmente se trabaje por la igualdad social, por disminuir la brecha de la pobreza frente a la riqueza oligarca. En efecto, los jóvenes tienen derecho a respaldar al sistema actual o trabajar para que el ordenamiento jurídico y los valores éticos guíen la actividad socio económica y política de los ecuatorianos.

Finalmente, jóvenes, no olviden que durante los dos gobiernos de la “revolución ciudadana”, Odebrecht para hacerse de las grandes obras de infraestructura no solo corrompió a los correístas y morenitas, sino a cientos de políticos y funcionarios públicos y privados como lo documentó Fernando Villavicencio y lo denunció Geovanni Atarihuana en su momento, y que luego la propia Odebrecht, reconocería que sus socios locales estaban al tanto de los sobornos y que aportaban para diferentes “gastos” del gobierno.

Ni atados a la burguesía ni aislados del pueblo

     A un año de la aparición y declaratoria de la pandemia por COVID-19, en China, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, se ha empezado a vacunar, mientras en los pueblos del sur, la esperanza de recibir la ansiada vacuna deja al descubierto las desigualdades sociales, el racismo y revela aún más la inmoralidad del imperialismo, que ha acaparado la producción de las vacunas en cantidades considerablemente mayores a las necesarias, relegando a los países más pobres para mediados del 2021 y probablemente hasta el 2022 la inoculación que podría salvar sus vidas.
     Ni la pandemia actual ni las desigualdades sociales son nuevas ni responden a la voluntad divina. El filósofo Jacques Rousseau en 1755 sostuvo que “la desigualdad social y política no es natural, que es el resultado de la propiedad privada y de los abusos de aquellos que se apropian para sí de la riqueza de los pueblos”. Esto describe al modelo capitalista como el generador de las injusticias sociales a nivel mundial, confirmando que una pequeña parte de la población denominada oligarquía tiene el poder y el control social y económico sobre la mayoría de los ciudadanos y de los pueblos.
     El presidente Moreno, al igual que los anteriores, ha concedido cada vez más poder a las élites políticas de la oligarquía, con las que gobierna paralelamente, o si se quiere, de manera invisible a través de las corporaciones empresariales y financieras que llegan a tener una inmensa potestad política y legal, con ello someten al Estado a mayor endeudamiento y a las recetas del FMI aprovechándose de ello para evadir el pago de impuestos, disminuir la inversión en los servicios sociales para luego privatizarlos. Además con el cuento de agrandar la productividad y ser más competitivos, empeoran las condiciones salariales y laborales de los trabajadores aumentando los índices de desempleo, a consecuencia de lo cual crece el descontento popular y la pobreza.
     A lo largo de la historia el sistema político ecuatoriano ha funcionado como un bingo de la corrupción, en el que se reparten los puestos burocráticos y las candidaturas según los aportes económicos, “a más dinero, más encumbrada tu candidatura”. Esto caracteriza la democracia burguesa, que deriva en una política sin lealtades ni responsabilidades entre candidatos, partidos y sociedad. La única meta de la burguesía es “rentabilizar sus aportes de campaña” por medio de la coima en la contratación de obras públicas y el cobro de “diezmos” a los servidores públicos.
     Finalmente, para despecho de quienes dicen que la movilización no es necesaria porque el gobierno soluciona con dádivas los problemas sociales, están equivocados. Hoy la movilización y la formación política cobran mayor fuerza. La posibilidad de un gobierno con Yaku Pérez significa para los sectores populares defender desde la unidad popular nuestros derechos y administrar el país no atados a la burguesía ni tampoco aislados del pueblo. Es la posibilidad de solucionar las necesidades de la vida cotidiana y de construir el país que soñamos.

 

Pago del salario completo a los docentes es resultado de la movilización

La educación en cualquier parte responde al modelo de país que se quiere construir, esto implica reforzar la formación docente, su campo disciplinar y los saberes pedagógicos que se requieren para construir un mundo diverso, de respeto, de justicia social y educativa, porque precisamente la mayor dificultad está asociada a las profundas desigualdades de la población económicamente menos favorecida.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, entre las principales causas del abandono del sistema educativo de jóvenes de entre 15 y 18 años, está el ingreso al mercado laboral debido a las dificultades económicas de sus padres; seguido de embarazo prematuro; y por la imposición de evaluaciones descontextualizadas, falta de cupos en las universidades públicas y cobros exagerados en las universidades privadas.

Por otro lado, el mismo INEC destaca que 1 de cada 20 niños/as de 5 a 12 años y uno de cada diez adolescentes de 13 a 15 años no asistió a un plantel educativo en el 2017, a pesar de que la escolaridad para estas edades por mandato constitucional es obligatoria. El problema se agrava, por la escasa oferta de casas cunas públicas para que los progenitores jóvenes dejen a sus hijos y puedan continuar sus estudios o concurrir a trabajar. Por cierto, la falta de fuentes de trabajo va en aumento.

El gobierno se jacta de estar junto al pueblo, pero no es así, porque el presupuesto de los años 2019 y 2020 y aún antes de la presencia de la pandemia COVID-19 sufrió recortes en la política social, salud, educación, vialidad y otras responsabilidades claves del Estado. La Constitución establece que debe destinarse al menos el 6% del PBI para financiar la educación y esto fue incumplido y rebajado; las partidas más afectadas fueron infraestructura, becas, formación docente, mejoramiento de las condiciones de trabajo y de los salarios de los docentes.

Con el pretexto de la COVID-19, se disminuyó la jornada de trabajo y con ello también el salario de los docentes en el 8,33%. Durante el gobierno del presidente Correa y con la complicidad de una autodenominada red de “malos” maestros, se eliminó la Ley de Carrera Docente ganada por la UNE en 1991 en duras luchas junto a los maestros unionistas. Hoy los docentes se consideran servidores públicos, sin embargo, su salario se ha congelado desde el 2010 en montos inferiores a los que reciben empleados públicos no profesionales.

La ministra Monserrat Creamer anunció que desde el mes de diciembre los profesores fiscales “volverán a trabajar 8 horas diarias, por ende, cobrarán su salario completo, además dispuso unilateralmente el trabajo presencial a partir de enero del 2021”. En cuanto al pago del salario completo, esto responde a las jornadas de movilización de la UNE exigiendo el respeto a la dignidad de los maestros. Recuerden que Mauricio Pozo ministro de finanzas quiso extender seis meses más el descuento, pero la acción gremialista de la UNE lo hizo retroceder.