La educación en cualquier parte responde al modelo de país que se quiere construir, esto implica reforzar la formación docente, su campo disciplinar y los saberes pedagógicos que se requieren para construir un mundo diverso, de respeto, de justicia social y educativa, porque precisamente la mayor dificultad está asociada a las profundas desigualdades de la población económicamente menos favorecida.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, entre las principales causas del abandono del sistema educativo de jóvenes de entre 15 y 18 años, está el ingreso al mercado laboral debido a las dificultades económicas de sus padres; seguido de embarazo prematuro; y por la imposición de evaluaciones descontextualizadas, falta de cupos en las universidades públicas y cobros exagerados en las universidades privadas.
Por otro lado, el mismo INEC destaca que 1 de cada 20 niños/as de 5 a 12 años y uno de cada diez adolescentes de 13 a 15 años no asistió a un plantel educativo en el 2017, a pesar de que la escolaridad para estas edades por mandato constitucional es obligatoria. El problema se agrava, por la escasa oferta de casas cunas públicas para que los progenitores jóvenes dejen a sus hijos y puedan continuar sus estudios o concurrir a trabajar. Por cierto, la falta de fuentes de trabajo va en aumento.
El gobierno se jacta de estar junto al pueblo, pero no es así, porque el presupuesto de los años 2019 y 2020 y aún antes de la presencia de la pandemia COVID-19 sufrió recortes en la política social, salud, educación, vialidad y otras responsabilidades claves del Estado. La Constitución establece que debe destinarse al menos el 6% del PBI para financiar la educación y esto fue incumplido y rebajado; las partidas más afectadas fueron infraestructura, becas, formación docente, mejoramiento de las condiciones de trabajo y de los salarios de los docentes.
Con el pretexto de la COVID-19, se disminuyó la jornada de trabajo y con ello también el salario de los docentes en el 8,33%. Durante el gobierno del presidente Correa y con la complicidad de una autodenominada red de “malos” maestros, se eliminó la Ley de Carrera Docente ganada por la UNE en 1991 en duras luchas junto a los maestros unionistas. Hoy los docentes se consideran servidores públicos, sin embargo, su salario se ha congelado desde el 2010 en montos inferiores a los que reciben empleados públicos no profesionales.
La ministra Monserrat Creamer anunció que desde el mes de diciembre los profesores fiscales “volverán a trabajar 8 horas diarias, por ende, cobrarán su salario completo, además dispuso unilateralmente el trabajo presencial a partir de enero del 2021”. En cuanto al pago del salario completo, esto responde a las jornadas de movilización de la UNE exigiendo el respeto a la dignidad de los maestros. Recuerden que Mauricio Pozo ministro de finanzas quiso extender seis meses más el descuento, pero la acción gremialista de la UNE lo hizo retroceder.
