Ante la presunta corrupción en la
contratación y construcción de la Hidroeléctrica Mandariacu, obra denominada
como “emblemática de la revolución ciudadana”, la Comisión Anticorrupción cree
que podrían estar involucrados funcionarios de la Prefectura de Pichincha, de
la Corporación Eléctrica, de la Contraloría General y de la transnacional
Odebrecht, quienes serían los responsables de un sobre precio que supera los
cien millones de dólares y de la generación de apenas el 15% de la energía contratada.
A estos hechos, altas autoridades
gubernamentales, responden que las acusaciones de la Comisión Anticorrupción
son demagógicas, que no hay sobre precio sino un ajuste de precios. Que los
comisionados, parte de la vieja partidocracia, hacen afirmaciones sin ningún
fundamento legal, sino con el “sólo objetivo de hacer alharaca y lograr algún
dudoso protagonismo que los mantenga políticamente”.
Sin embargo, cuando se arrebató los
dineros de los profesores en el Fondo de Cesantía del Magisterio, y ante el
reclamo de más de seis mil personas entre profesores activos y jubilados que invirtieron
para la Hidroeléctrica Sabanilla se manifestó, que se iban a averiguar hasta
las últimas consecuencias caiga quien caiga, los supuestos malos manejos del
Fondo, sin que hasta la presente se demuestre nada ni se haya hecho conocer el
borrador del informe donde
se afirmaba que habían dineros públicos. Consecuencia
de aquel atropello, se paralizó por decir lo menos, la construcción de la
central hidroeléctrica de 30 megavatios, cuyos trabajos con una duración de tres
años estaban previstos iniciarse este mes, que aparte de generar fuentes de
trabajo local, contribuiría a cubrir el déficit de energía eléctrica que tiene
el país.
El Gobierno, lejos de dar las
facilidades para que se aclaren los hechos denunciados, amenazan con enjuiciar
a los comisionados, por redactar un informe “lleno de imprecisiones y omitir
información clave para entender en su conjunto y transparentemente, el Proyecto
Hidroeléctrico Manduriacu”. Claro, cuando se trata de defender su “proceso
revolucionario”, todo es válido, están por encima de todo, se valen de medios
constitucionales e institucionales para deslegitimar o dividir al movimiento
sindical y con mayor empeño a la UNE, llegando al extremo de judicializar el
pensamiento crítico para acallar a los líderes gremiales y de la oposición
política.
