Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, deja fuera del debate temas de trascendencia que mantienen la tensión entre los actores educativos y un gobierno populista caracterizado por el autoritarismo y la persecución.

Toda reforma debe responder a acciones políticas de gobierno. En el tema educativo, el “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural” debería ser el resultado de un proceso de amplia participación ciudadana, por tanto, responder a acciones a través de las cuales el Ministerio de Educación oriente la política educativa para consensuar y lograr metas comunes como equidad en el acceso, gratuidad efectiva, trabajo sobre la base de estándares de calidad e información de resultados, entre otros, que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa y de vida.

Las últimas dos décadas del siglo pasado y la primera de éste se caracterizaron por el manejo caótico del sistema educativo, caos generado por una serie de decretos, acuerdos y resoluciones en muchos casos contradictorias entre sí e impuestos por organismos internacionales como el Banco Mundial, que desembocaron en el ahondamiento de la crisis educativa.

En el caso actual, al igual que en los anteriores, tanto desde la derecha oligárquica como el gobierno de la revolución ciudadana insiste en responsabilizar exclusivamente de la crisis a los docentes y a la UNE, desconociendo el carácter de clase que encierra la crisis y  a la aplicación del neoliberalismo educativo que arrastramos por décadas, y al que precisamente la UNE junto a las organizaciones populares se han opuesto.

Surge entonces la necesidad de cambio, se impulsan una serie de acciones que confluyen en las “Consultas Nacionales Educación Siglo XXI” de 1992 y 1996, en las que se proponen las bases para lograr un “Acuerdo Nacional”, acuerdo que no fue impulsado por los gobiernos de turno. Esto obligó a una tercera Consulta Nacional que culminó en el 2006 con la aprobación de un “Plan Nacional de Educación”. Cabe también mencionar que en abril de 2007, de manera conjunta El Ministerio de Educación, Facultades de Educación y gremios, incluida la UNE, desarrollaron el II Congreso Nacional de la Educación, en el que se aprobó el mandato: “Educar para la libertad, educar para la Patria Nueva”.

Esto fue el antecedente, para que el actual gobierno, promueva, debata y finalmente la Asamblea Nacional apruebe a inicios del 2011 la Ley Orgánica de Educación Intercultural, abriendo la posibilidad de cambios significativos y nuevas perspectivas en todo el sector educativo. Sin embargo, la visión conservadora y elitista alrededor del gobierno presionó al Presidente Correa para que vete la ley e incluya 37 artículos que menoscaban derechos como: suspensión del cargo sin sueldo a quienes fallen en la evaluación; cambio de horas pedagógicas por horas reloj; Juntas distritales de resolución de conflictos sin delegados de los docentes; INEVAL con directivos nombrados a dedo; Sanciones a los estudiantes que defienden su derecho a la educación.

La LOEI contempla una serie de aspectos positivos, como el laicismo y gratuidad, el carácter plurinacional e intercultural; los principios y fines responden a una educación para la emancipación; se reconoce el derecho a la organización estudiantil aunque el gobierno se empeñe en atacar a las organizaciones populares; el reconocimiento al desarrollo humano y profesional del docente a pesar del acoso laboral a los dirigentes gremiales; se establece un escalafón docente pero a la vez se excluye del mismo a miles de maestros que laboran en planteles privados, a quienes incluso se les paga menos del sueldo básico vigente.

En fin, el “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”, lejos de atacar las signos de la “noche neoliberal” y la visión empresarial que atraviesa algunos de los artículos de la LOEI, deja fuera del debate temas de trascendencia que mantienen la tensión entre los actores educativos y un gobierno populista caracterizado por el autoritarismo y la persecución.

Resurrección y penitencia

Hoy es oportuno releer la frase de Mario Benedetti: "el olvido está lleno de memoria", ya que al parecer muchos no entendemos la relación social de estas letras. Por ejemplo, cuando Monseñor Leónidas Proaño decidió conjugar sus predicas con la práctica cotidiana de los pobres; los poderosos oligarcas junto a la iglesia opusdiana, lo tildó de “Obispo rojo, comunista, subversivo, terrorista…”

"Me han dicho de todo y no tengo miedo a las calumnias, las amenazas, ni la muerte. Si trabajar cristianamente por la paz, la justicia y los derechos humanos de los más pobres es ser ’rojo’, ojalá que todos nos volviéramos siquiera ‘colorados’, contestó Monseñor Proaño.

En estos días de Semana Santa, en los púlpitos, en las calles y en los medios de comunicación, se escucha con fervor cristiano a los representantes religiosos y políticos hacer llamados al recogimiento, a la reconciliación y a la penitencia pública. Quizá lográsemos reflexionar, en que fortalecer la unidad y perder el miedo es tan importante como la docilidad, la obediencia, el dolor y la humildad que nos impone la iglesia y el sistema.

Mientras los ciudadanos, católicos o no, vivamos afligidos con la cabeza agachada y los ojos cerrados ante la realidad social, el gobierno de turno, nos seguirá arrebatando derechos como el que se consumará en contra de la seguridad social. Ya se anunció que “no pagará ni veinte centavos” de la deuda que el Estado mantiene con el IESS. Por el contrario, al puro estilo neoliberal, se elevará del 9,74% al 12,67 % el aporte de los trabajadores y al mismo tiempo, ampliarían de 5 a 12 años la base de cálculo y así recudir el pago de las pensiones que recibirán los futuros jubilados.

Simultánea a la aplicación de las “recomendaciones” o recetarios del FMI, BM, UE o del BIC de China, se refuerza una sistemática política de persecución selectiva a líderes populares y políticos que se oponen al martirio neoliberal. Sin embargo, la justicia no existe cuando los “revolucionarios” se involucran en actos de corrupción.

El pueblo se pregunta ¿por qué será que los predicadores de semana santa no denuncian las calamidades anticristianas? Ojalá, no haya algún acuerdo, que disponga contradecir la virtud de rebeldía con la que predicó Jesús, que castigue a quienes creemos que la “Resurrección” sólo ocurrirá si decidimos abandonar la actitud de penitentes eternos de Viernes Santo.

Mejorar la participación política, tarea ciudadana.

Que las agrupaciones políticas,  llámense partidos o movimientos son la base de la democracia, que estas son las que dan estabilidad y legitimidad a los gobiernos democráticos, son simples expresiones. Desde el punto de vista gremial, se diría que las agrupaciones políticas tienen como finalidad hacerse del poder para servir a quienes dicen representar, quizá a la mayoría de ciudadanos pero no a todos. De ahí la preocupación de si tales agrupaciones podrán cumplir con eficiencia lo que ofrecen defender, aun cuando en su interior no estén organizados y peor funcione con los principios democráticos esgrimidos en sus programas.

En los últimos tiempos, se viene hablando del descrédito de la “partidocracia” por la falta de democracia interna y de renovación de cuadros con un mínimo de liderazgo, de la corrupción e inoperancia a la hora de gobernar.  Estás y otras críticas que más allá de ser ciertas, sumadas a la poca formación política, hacen que buena parte de los ecuatorianos se abstengan no solamente de los procesos electorales sino de ser parte de los partidos y movimientos políticos. Esto también explica la breve existencia de infinidad de agrupaciones locales y nacionales que responden más a intereses personales que de la comunidad.

No hace mucho, todos los partidos y movimientos políticos, a propósito de cumplir con los requisitos del Código de la Democracia, evidenciaron ser “verdaderas agencias recolectoras de firmas, votos y figuras” para su legitimización y representatividad.

Los partidos y movimientos políticos que han dejado de lado la educación, formación y promoción política de sus bases, no pueden hablar de democracia, de libertad de pensamiento, de pluralismo, peor aún invitar a la participación ciudadana si ellos mismos han excluido éstas prácticas, priorizando la “compra o pago de favores”.

Los enunciados filosóficos y contenidos programáticos -a pesar de expresarse- pasan a segundo plano o de hecho se olvidan. Pues se accede al poder, las decisiones políticas que se toman son contrarias a las ofertas de campaña porque son tomadas por los grupos de interés que a la final son quienes controlan al candidato.

Lo cierto es que la existencia de agrupaciones políticas no garantiza la democracia participativa ni la gobernabilidad en función del interés popular. La tarea de mejorar la participación política para cerrar el paso al populismo, al oportunismo y al autoritarismo corresponde a todos.