Los
gobiernos de turno en el Ecuador históricamente han impulsado la concentración
y acaparamiento del agua. Las políticas de ajuste “recomendadas” por el Fondo Monetario Iinternacional y
el Banco Mundial llevaron a que algunas empresas de servicios de agua potable sean
privatizadas.
Con
la organización y movilización social, la Constitución del 2008 modificó el
marco legal y reconoció el derecho humano al agua, los derechos de la
naturaleza, el manejo exclusivo público y comunitario y su no privatización.
Sin
embargo, en los últimos meses, las organizaciones sociales, particularmente el
movimiento indígena y campesino ha manifestado que el proceso de reorganización
institucional y de construcción de la nueva propuesta de ley de aguas se
realizaba sin la participación real de organizaciones del agua y los usuarios.
Mientras
buena parte de la sociedad se entretiene en el mundial de fútbol; la
movilización social o marcha en defensa del agua y la vida, determina y
urgentemente “en menos de lo que canta un gallo”, la Asamblea Nacional aprueba
la Ley de Recursos Hídricos.
El
agua en el Ecuador fue concentrada y acaparada por los latifundistas, como
herencia colonial del saqueo y del despojo de la naturaleza, que continúa
profundizándose. El agua beneficia a los propietarios de grandes extensiones de
tierras en desmedro de las pequeñas parcelas. La inversión estatal para
construir sistemas de riego estuvo orientada a favorecer a las tierras bajas en
manos de grandes propietarios de tierras.
Hoy
se conoce que “la quinta parte de ecuatorianos consigue agua a través de
tanqueros, pozos, ríos, vertientes o acequias; fuentes que por lo general están
distantes y con alta irregularidad en el servicio y con problemas graves de
contaminación”.
Lo
cierto es, que la reciente Ley, debe cubrir la falta de cobertura en sistemas
de agua potable y saneamiento ambiental en el sector rural que “sobrepasa el
60%”. Si bien en el sector urbano, se ha tenido un notable avance en la última
década, hace falta mayor inversión pública para ampliar los servicios en los sectores
suburbanos. Lo más importante es, recuperar la soberanía sobre este recurso de
interés social.