La educación pública es laica, gratuita hasta el tercer nivel, y debe responder al interés público, no a intereses privados o corporativos. Este objetivo está consagrado en los artículos 26 y 28 de la Constitución de 2008, que la reconoce como un derecho a lo largo de la vida, ineludible e inexcusable por parte del Estado, y la califica como un área prioritaria para la inversión pública.
La crisis del sistema educativo ecuatoriano, es un claro reflejo de la necesidad de una educación emancipadora, que se aleje de las políticas neoliberales que promueven la privatización y la mercantilización del sistema educativo, en detrimento de los derechos fundamentales de los estudiantes. La educación emancipadora, inspirada en los principios de Paulo Freire, se basa en la premisa de que la educación no debe ser un mero mecanismo de transmisión de conocimientos impuestos, sino una herramienta para la liberación y la transformación social.
Los grandes problemas evidenciados son la pésima estructura de buena parte de las instalaciones, el cierre de escuelas rurales, la afectación a la educación bilingüe indígena y la precarización de las condiciones laborales de los docentes. En este contexto, una educación emancipadora pone en el centro a las comunidades vulnerables, especialmente a aquellas que han sido históricamente marginadas, como los pueblos indígenas. El cierre de escuelas rurales no solo es una pérdida en términos de acceso, sino que también niega la posibilidad de una educación contextualizada y crítica, que reconozca la diversidad cultural y lingüística del país.
La mercantilización de la educación se verifica en el aumento de la oferta de instituciones privadas, que atentan contra los principios de una educación laica y fiscal, que aboga por un sistema educativo que no reproduzca las desigualdades sociales, sino que las combata. El enfoque en la competencia y el individualismo fomentado por estas instituciones privadas contrasta con la educación emancipadora, que valora la solidaridad y la colaboración como pilares del proceso educativo. Asimismo, el acceso a la educación no debe estar condicionado por la capacidad económica de las familias, sino garantizado como un derecho humano fundamental.
La defensa liderada por la Unión Nacional de Educadores es un ejemplo de lucha por una educación emancipadora, que busca rescatar la educación pública como un bien común, y no como una mercancía al servicio de intereses privados. Solo a través de una educación crítica, liberadora y accesible, se podrán garantizar los derechos fundamentales y contribuir a una verdadera educación de calidad.
