El
derecho a la salud en Ecuador ha sido reducido a un ejercicio de propaganda e
improvisación. Tras casi tres años de gestión, el gobierno de Daniel Noboa no
solo ratifica la inoperancia para resolver la crisis del sistema sanitario,
sino que perpetúa un discurso de excusas que evade responsabilidades. Promesas
incumplidas, recortes presupuestarios drásticos y una escandalosa inestabilidad
ministerial, –ocho titulares en la cartera de Salud en apenas tres años–,
demuestran que la salud pública jamás fue una prioridad técnica, sino un
fusible político.
La narrativa oficial culpa reiteradamente a la
corrupción en bodegas, a la falta de traductores para compras en la India, e
incluso culpa a los propios médicos, acusándolos de recetar medicinas
inexistentes en lugar de reconocer que los profesionales prescriben según la
necesidad del paciente. Mientras las autoridades se contradicen en cifras de
abastecimiento que ni ellos mismos logran sostener, las familias ecuatorianas
asumen el verdadero costo de este abandono: la precariedad ha llegado al extremo
de que empleados y pacientes deben organizar rifas para costear la alimentación
en los hospitales. La falta de fármacos básicos y la suspensión de terapias
vitales en la red pública no son simples fallas administrativas; son una
vulneración flagrante a los derechos humanos.
Es cierto que el Ecuador arrastra una falla sistémica
e histórica en su arquitectura sanitaria. Tanto el Ministerio de Salud Pública
como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social padecen una asfixia
financiera, agravada por convenios caducos, deudas acumuladas con la red
privada complementaria y una gobernanza capturada por mafias políticas. Las
decisiones centralizadas, desprovistas de criterios técnicos y epidemiológicos,
han obligado a los sectores más vulnerables a costear con recursos propios
medicamentos e insumos, empobreciendo a los hogares y fragmentando el acceso a
la atención médica.
Esta parálisis operativa castiga de manera asimétrica
al territorio nacional, creando brechas inaceptables donde hospitales de
grandes centros urbanos sobreviven en niveles desastrosos de desabastecimiento.
La salud no se resuelve con anuncios de grandes compras, comités ineficaces ni
plataformas tecnológicas millonarias cuando la infraestructura básica y el
financiamiento operativo están quebrados. Como sociedad no podemos naturalizar
el traspaso del costo de la crisis a los pacientes. Defender la salud pública requiere
exigir transparencia en la distribución de los recursos, auditorías
independientes y una voluntad política real que ponga la dignidad de la vida
por encima de la retórica electoral y las disputas presupuestarias.
