“Vamos a juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos” y confrontar tanto las balas del crimen como el engaño silencioso del gobierno.
La narrativa oficial insiste en vendernos la idea de
que el lacerante desempleo, la pobreza que devora los hogares y la violencia
que desangra nuestras calles son simples “efectos colaterales” del
narcotráfico. Pero quienes vivimos la realidad sabemos que no es así; sino que
es la consumación de un proyecto de ultraderecha encarnado por el gobierno
empresarial de Daniel Noboa, donde el autoritarismo y el neoliberalismo se dan
la mano para sostener un orden social de crueldad.
Estamos presenciando la crisis del modelo neoliberal
como forma de dominación. Donde las falsas promesas del libre mercado dejan de
producir obediencia y consenso en la población. El Estado burgués abandona su máscara
democrática y ya no busca integrar las demandas populares ni construir
hegemonía; reaparece con todo su peso coercitivo para repolitizar la lucha de
clases desde arriba. La mal llamada “guerra interna contra las drogas” no es
más que una declaración de guerra contra los sectores populares y los
territorios históricamente abandonados.
El régimen noboísta opera con una doble perversidad.
Por un lado, despliega el uso espectacular y militarizado de la violencia, la
normalización de la fuerza letal y la intervención carcelaria como un circo
punitivo para el aplauso de las élites. Por el otro, ejecuta lo que el marxismo
define como la coacción muda del capital, una violencia silenciosa que se
materializa en el retiro del Estado social, la precarización extrema y la total
ausencia de alternativas. Se obliga al pueblo a vivir en condiciones de
miseria.
Así, la ultraderecha vacía de contenido la democracia
sin necesidad de suspenderla formalmente. La administración de Noboa ensambla a
la perfección el mercado, “la restauración conservadora” y la fuerza bruta. Se
utiliza el discurso de la seguridad como un objetivo político para privatizar
la crisis y reorganizar el sentido común, pretendiendo que el orden familiar y
la obediencia resuelvan lo que el Estado destruyó.
Sin embargo, esta situación de crueldad tiene un
límite. Cuando el subempleo ya no alcanza para comer y la violencia estatal
desborda los territorios, el conflicto reaparece. Ante un orden social
inviable, la resistencia popular tiene la obligación urgente de disputar el
sentido común. No se puede aislar la inseguridad de la pobreza; es
indispensable “juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos” y confrontar
tanto las balas del crimen como el engaño silencioso del gobierno.
