sábado, 2 de marzo de 2024

Trabajo a plazo fijo y por horas: más precarización de la pobreza

“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?”

Es una de las preguntas del referéndum que el próximo 21 de abril ha planteado el presidente Daniel Noboa. Esta pregunta, abarca dos intenciones: la primera es hacer creer a los cerca de seis millones de ecuatorianos desempleados, subempleados, o en trabajos informales que con el trabajo a plazo fijo y por horas mejorarán sus condiciones de vida; y de esa manera apuntalar su posibilidad de reelección en el 2025. Por otro lado, y la más importante, es satisfacer los compromisos adquiridos con el FMI sobre reforma laboral, que implican profundizar el modelo empresarial neoliberal de los últimos tres gobiernos.

Luego de la masacre del 15 de noviembre de 1922 perpetrada contra obreros y artesanos de la ciudad de Guayaquil; los trabajadores a costa de unidad popular y lucha junto a los sectores de izquierda, lograron que ciertas conquistas sociales y laborales se incorporen en la Constitución de 1929 y en el Código del Trabajo expedido en 1938. Conquistas que fueron conculcadas por todos los gobiernos que se sucedieron, añadiéndose otras como la tercerización, intermediación laboral, el trabajo por horas, con las cuales se afectaron derechos como la estabilidad y la afiliación al IESS, interrumpiendo con ello las prestaciones de la seguridad social.

Nuevamente por la movilización de los trabajadores encabezados por el FUT junto a los sectores de izquierda se logró que, en la Constitución del 2008, semejantes condiciones de explotación laboral, incluido el trabajo por horas sea prohibido. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa lejos de proponer políticas para la superación de las condiciones sociales y estructurales de la pobreza, la ausencia de trabajo, disminuir la corrupción y la inseguridad en las calles, propone una consulta inoficiosa con el único objetivo, de sostener su popularidad e imagen de niño bueno.

 Durante el programa Hora 25 se reconoció que del 60 al 70% de población no tiene trabajo, que el trabajo por horas se pagaría en 2,88 dólares por hora y que al incluirse otros beneficios podría llegar a 7,60 dólares. En el mismo programa la representante empresarial furiosamente dijo que eso es imposible. Entonces, está claro que flexibilización y precarización introducen medidas que benefician a los sectores empresariales perjudicando a los trabajadores.

Ante ello, corresponde a las organizaciones de los trabajadores afirmar sus posiciones de unidad popular y lucha en defensa de los derechos laborales y en contra de la engañosa pregunta del trabajo a plazo fijo y por horas que hará que las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza se vuelvan aún más inestables, inseguras y vulnerables.