Buena parte del pueblo ecuatoriano reconoce al gobierno el éxito entre comillas en el programa de vacunación contra el COVID-19. El presidente Lasso, dice que más del 50% de la población ha sido vacunada, hechos que los medios de comunicación recalcan a diario como algo extraordinario, aunque no señalan los desaciertos en temas de infraestructura sanitaria, educación y oferta laboral, al punto que la Asamblea Nacional ha observado la Proforma Presupuestaria del 2021 precisamente porque de manera inconstitucional se han realizado recortes económicos en varios rubros.
Ese aire de triunfalismo que ha conducido a la administración pública a creer que están por buen camino, ahora luce enrarecido por el reclamo popular. El gobierno ha anunciado un encuentro con la CONAIE pero imponiendo condiciones, para ello, han adelantado que el decreto que eleva el precio de los combustibles no será derogado. Que se están tomando las medidas para focalizar los subsidios a fin de contener los niveles de inflación y el crecimiento de la pobreza, cuyo tratamiento, incluso para los más optimistas, es mirado con pánico y desconfianza.
No todo el pueblo ecuatoriano vive la misma realidad. Enfrentar el día a día sin el pan para los hijos, es aún más riesgoso que la contaminación y la muerte. Como una especie de celebración de los cuatro meses del gobierno, los responsables del gabinete ministerial se esfuerzan por hacernos creer que hay indicios de crecimiento económico y a la par, lanzan una agresiva propaganda a favor de un nuevo código laboral denominado “Ley de oportunidades”, propuesta que contiene una serie de reformas para la eliminación de los derechos laborales de los trabajadores, derechos que fueron conquistados en duras jornadas de lucha, enfrentado persecuciones, cancelaciones, la cárcel y la muerte.
Detrás de la iniciativa de un código laboral paralelo, está la burguesía desesperada por recomponer las leyes para asegurar sus capitales y sus ganancias. Los términos de la “Ley de Oportunidades” son en realidad normas para referirse a la humillación de las condiciones de trabajo. Es decir, un ataque a las conquistas de la clase obrera como vía para aumentar la explotación. Lasso y la derecha exponen que en la nueva ley se incluirían a 7 de cada diez ecuatorianos sin trabajo, tácitamente reconocen un 70% de pobreza. Es decir nos proponen un nuevo instrumento neoliberal con el que configuran un nuevo trabajador, un hombre emprendedor para con ello encubrir las duras reglas de la ruleta neoliberal; así, plantean ajustar la crisis a favor de los ricos, consecuentemente, endosan mayores penurias a los sectores populares.
Finalmente, es necesario una movilización unitaria sin vacilaciones para salir a las calles a rechazar las recetas neoliberales que impone el FMI y el Banco Mundial. Recetas que pese a la pandemia colocan demasiadas ganancias en muy pocas manos. Solamente con la movilización y la acción masiva de los trabajadores y de los sectores populares se logrará revertir la propuesta neoliberal; y así, solo así, construir un país más equitativo y solidario.
