El pasado 7 de junio, el Ministerio de Educación, estableció el regreso a clases presenciales. Que es necesario que los estudiantes regresen a las aulas, nadie discute. En buena parte de los estudiantes creció el aburrimiento y se perdió el interés por la lectura, la escritura y las matemáticas, les faltaba algo que ningún celular o computadora podía darles, el contacto con sus compañeros, profesores y los recreos que disfrutaban antes de la pandemia. Creció además la vulnerabilidad social y la exclusión de miles de alumnos de los sectores suburbanos y rurales, sin embargo, bajo este pretexto, se cedió a la presión política y al poder económico.
El Colegio de Médicos, mediante carta pública al Presidente Lasso, “solicitan enfáticamente suspender la iniciación de clases voluntarias presenciales a fin de evitar una muy probable tendencia aumentar los contagios y fallecimientos por la infección causada por el virus”. Ante este pronunciamiento, deberíamos preguntarnos, ¿quiénes comprobaron si los planteles cuentan con las condiciones y garantías para volver a las aulas? O realmente, el planteamiento de regresar a clases presenciales y la decisión respondieron a intereses económicos.
La escuela no es solamente los 200 días lectivos, es un espacio de convivencia, creatividad, socialización, de construcción de la identidad ciudadana y colectiva. Los profesores unionistas tenemos claro que la enseñanza presencial es la manera en la que los estudiantes aprenden mejor. Que la escuela es también un espacio democrático de formación de la conciencia crítica, la solidaridad y el compromiso a combatir todas las formas de injusticias sociales para garantizar el desarrollo y el bienestar en todos los demás aspectos de la vida humana.