Nuevo porque sucedió antes en Paraguay, Brasil, Bolivia y ahora en el Perú destituyen al Presidente Martín Vizcarra. Las órdenes vienen siempre desde el Pentágono con los mismos argumentos: los mandatarios ya no sirven a los intereses del imperio o están afectando las ganancias de la oligarquía criolla. El Presidente Vizcarra había asumido el cargo ante la renuncia de Pedro Pablo Kuchinsky, a quien el Congreso peruano le inicio un proceso de destitución.
Quizá los expertos constitucionalistas lo afirmen con probada certeza, pero nuevamente una función legislativa se arroga funciones judiciales para de manera tramposa determinar sin previo juicio la culpabilidad del gobernante peruano, sentenciándole de “moralmente incapacitado”(Acá no hay incapacidad moral de una sola persona, sino de toda la clase política, y eso no se solucionará solo con una vacancia, ha dicho Verónika Mendoza, candidata progresista a la presidencia del Perú). El presidente Vizcarra en su intervención ante el Congreso peruano refirió que “las acusaciones en su contra son simples presunciones, añadió que en esta sala (Congreso peruano) 68 congresistas tienen denuncias por diversos delitos, no por ello deben ser destituidos”, desde luego no les gustó, porque a los corruptos jamás les gusta oír las verdades.
El presidente Vizcarra ni su gobierno representaban los intereses populares, sin embargo el propio pueblo salió a rechazar la decisión del Congreso de cesarlo en las funciones. Rechazo que no se puede considerar como un respaldo a la gestión de Vizcarra, puesto que su mandato neo liberal estuvo entregado a los dictados del Departamento de Estado Norteamericano. Como dice el refrán “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, como no fue capaz de delinear un proyecto que se armonice con las necesidades del país y las exigencias de la población, finalmente, fue presa del imperio y de sus propias limitaciones de clase.
Los peruanos saben que tras la destitución o más claro, tras el golpe de Estado, hay intereses de clase o acuerdos de por medio. Hay políticos y empresarios de la salud, educación, transporte, la industria, etc., etc., que han sido cuestionados, muchos de ellos tienen acusaciones pendientes por las que tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas ante la justicia y sobre todo ante el pueblo donde no cuentan los votos sino la voluntad de defender la democracia por pírrica que parezca y sancionar la corrupción.
Del nuevo presidente y de la derecha peruana como latinoamericana nada se puede esperar que no sea defender sus propias canongías. Pero de quienes se dicen representar la voluntad popular, si es vergonzosa su actuación. El ilegítimo nuevo Presidente peruano Manuel Merino se ha comprometido -aunque no es de fiar- a continuar con el proceso electoral previsto para abril del 2021 y a conformar un gabinete con todas las fuerzas políticas. Quizá a pretexto de servir al país y de ser honestos no asomen de cogobernantes.
En fin, esperemos que las organizaciones populares y demás fuerzas sociales puedan protestar, resistir y contener la arremetida burguesa por encaramarse en el poder, pero sobre todo, para forjar la unidad a fin de construir una patria más equitativa y para luchar por la verdadera liberación social y nacional de los peruanos.
