domingo, 10 de septiembre de 2017

Las aportes escolares: sin son voluntarios por qué se fija una cantidad.



Quienes no conocen las implicaciones económicas que el inicio del año lectivo acompañan a los padres de familia y a los directivos, suponen a la ligera que los “aportes voluntarios de pequeñas cuotas” que se reciben previo a la matricula, no deben recibirse, por eso de la gratuidad de la educación.
En realidad el tema es polémico. Un directivo amigo, con cierta incertidumbre me dijo: el tema es difícil de comprender, no porque las leyes no sean claras, sino porque desde el mismo ministerio de educación se nos dice que no hay dinero para pintura y reparaciones de pupitres y aulas, que para ello, nos ayudemos con los padres de familia. Cabe preguntarnos, cuál es el papel del estado con relación a este rubro.
El asunto se torna más difícil aún, porque los dineros que se recaudan, -que de paso nada tienen de voluntarios- ya sea que los manejen los padres de familia o los directivos, muchas de las veces no se rinden cuenta de ellos, ya que no existe una ley, norma o reglamento que asegure la transparencia económica de esos aportes.
Reflexionando en torno a este polémico tema. Todos hemos observado que cada que inicia un nuevo año escolar, el ministerio de educación proclama a los cuatro vientos, que la educación es gratuita. Gratuita en el entendido de que los ciudadanos, no tienen por qué pagar este servicio en razón de ser un derecho garantizado por la Constitución de la Republica. Sin embargo, dadas las circunstancias sociales, políticas y económicas que nos impone el Estado neoliberal, y la permanente crisis que atraviesa el país, la ley como tal, se ha vuelto muda y ciega en más de una ocasión.
El problema es que estos aportes se han hecho costumbre, y como tales llegan a convertirse en norma, contradiciendo el precepto constitucional de la gratuidad. Me pregunto: si el aporte es voluntario, por qué se fija una cantidad que deben cubrir los padres de familia para que sus hijos sean inscritos, excluyendo a miles de niños de su derecho a educarse sin discriminación.
Estoy claro que como ciudadanos y padres de familia, tenemos que asumir un compromiso con la educación de nuestros hijos, de nuestra comunidad, del país. Pero hasta cuándo esperaremos que la Asamblea Nacional, el ministerio de educación, los organismos de control y el Estado asuman su compromiso con el pueblo ecuatoriano.

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