Quienes
no conocen las implicaciones económicas que el inicio del año lectivo acompañan
a los padres de familia y a los directivos, suponen a la ligera que los
“aportes voluntarios de pequeñas cuotas” que se reciben previo a la matricula,
no deben recibirse, por eso de la gratuidad de la educación.
En
realidad el tema es polémico. Un directivo amigo, con cierta incertidumbre me
dijo: el tema es difícil de comprender, no porque las leyes no sean claras,
sino porque desde el mismo ministerio de educación se nos dice que no hay
dinero para pintura y reparaciones de pupitres y aulas, que para ello, nos
ayudemos con los padres de familia. Cabe preguntarnos, cuál es el papel del
estado con relación a este rubro.
El
asunto se torna más difícil aún, porque los dineros que se recaudan, -que de
paso nada tienen de voluntarios- ya sea que los manejen los padres de familia o
los directivos, muchas de las veces no se rinden cuenta de ellos, ya que no
existe una ley, norma o reglamento que asegure la transparencia económica de
esos aportes.
Reflexionando
en torno a este polémico tema. Todos hemos observado que cada que inicia un
nuevo año escolar, el ministerio de educación proclama a los cuatro vientos,
que la educación es gratuita. Gratuita en el entendido de que los ciudadanos,
no tienen por qué pagar este servicio en razón de ser un derecho garantizado por
la Constitución de la Republica. Sin embargo, dadas las circunstancias
sociales, políticas y económicas que nos impone el Estado neoliberal, y la
permanente crisis que atraviesa el país, la ley como tal, se ha vuelto muda y
ciega en más de una ocasión.
El
problema es que estos aportes se han hecho costumbre, y como tales llegan a
convertirse en norma, contradiciendo el precepto constitucional de la
gratuidad. Me pregunto: si el aporte es voluntario, por qué se fija una
cantidad que deben cubrir los padres de familia para que sus hijos sean
inscritos, excluyendo a miles de niños de su derecho a educarse sin
discriminación.
Estoy
claro que como ciudadanos y padres de familia, tenemos que asumir un compromiso
con la educación de nuestros hijos, de nuestra comunidad, del país. Pero hasta
cuándo esperaremos que la Asamblea Nacional, el ministerio de educación, los
organismos de control y el Estado asuman su compromiso con el pueblo
ecuatoriano.
