En el gobierno de Daniel Noboa se vuelve cada vez más evidente cómo la percepción pública, amplificada por ciertos medios de comunicación, puede influir en decisiones judiciales que deberían regirse exclusivamente por la legalidad y no por la conveniencia política. El caso de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, detenido el 10 de febrero de 2026 en el marco de la operación “Caso Goleada” por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria, se ha convertido en un símbolo de esta preocupante tendencia.
Los delitos de corrupción y narcotráfico son gravísimos y exigen respuestas firmes del Estado. Sin embargo, la lógica que hoy se observa que la prisión preventiva de figuras políticas es una herramienta para neutralizar a la oposición, lo cual enciende alarmas desde una perspectiva de izquierdas comprometida con el Estado de derecho y la justicia social. La detención de Álvarez, quien ya enfrentaba otro proceso por comercialización ilegal de combustibles, ha sido presentada por su defensa como una “venganza” por sus posturas críticas hacia el Gobierno y la Fiscalía. Esta acusación no puede descartarse sin examinar cuidadosamente el contexto político en el que se produce.
El fenómeno trasciende un caso individual. Diversos sectores opositores han denunciado medidas dirigidas contra alcaldes y liderazgos locales críticos del Ejecutivo, calificándolas de persecución jurídica y mediática. Aunque algunas investigaciones puedan estar sustentadas en pruebas legítimas, cuando las decisiones judiciales coinciden con intereses políticos coyunturales o afectan de manera reiterada a liderazgos populares, el resultado es un deterioro de la confianza institucional y un debilitamiento de la democracia.
No pasa desapercibido que el propio presidente haya anunciado que establecerá “base” en Guayaquil tras la prisión preventiva de Álvarez, gesto interpretado por muchos como intento de control político en una ciudad estratégica. Si el derecho penal se instrumentaliza para silenciar voces disidentes o construir narrativas de “mano dura” que desvíen la atención de problemas estructurales como la pobreza, desempleo, acceso a salud, desigualdad e inseguridad, se consolida un uso político de la justicia.
La ley debe aplicarse sin privilegios ni selectividad. Pero también debe garantizar que ninguna acusación se convierta en mecanismo de exclusión política. Sin independencia judicial, la justicia penal corre el riesgo de sustituir a la justicia social.
