Combatir la corrupción para que la crisis no la paguen los trabajadores

El Ecuador se ha caracterizado por las permanentes crisis sociales, políticas y sanitarias que ahondan las inequidades sociales en el campo y la ciudad. Las recetas de ajuste económico implementadas por los gobiernos de turno, no han conseguido superar las condiciones de país subdesarrollado, por el contrario, el desempleo y la pobreza crecen cada día. Este panorama de crisis social estalló en octubre de 2019 y se ha visto agravado por la pandemia de la corona virus, convergiendo con ella una serie de eventos negativos que amenazan aún más a la ya deteriorada economía nacional.

Según datos de las cámaras de comercio y producción, para este sector ha comenzado una rápida recuperación -bien por ellos-, mientras la mayoría de los ecuatorianos sigue sufriendo falta de fuentes de trabajo y la disminución de sus derechos sociales y laborales. Nadie duda, que este es un indicador de que la crisis la pagan las minorías en beneficio de pequeñas élites. A los grandes empresarios y banqueros con el pretexto de que no colapsen se les perdonaron deudas,  se les disminuye impuestos para garantizar sus ganancias, se les autoriza aumentar y disminuir la jornada laboral según les convenga a más de realizar despidos intempestivos, sin que el Estado les imponga alguna cláusula para que los trabajadores puedan recobrar sus empleos.

Con la semaforización de la pandemia en amarillo, creíamos que empezaríamos a mejorar, sin embargo el desaliento puede más, porque la Organización Mundial del Comercio estima que la economía del Ecuador se contraerá hasta un 25%, mientras que el Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB del país descenderá un 6% más. Si agregamos aspectos como la baja del petróleo y que somos mayormente exportadores de materias primas, seguro se seguirán perdiendo fuentes de trabajo, lo que conducirá a que muchas personas pasen de la pobreza a la extrema pobreza.

Por lo anotado, se hace cada vez más urgente el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo, no solo tenemos ese derecho, sino la obligación de construir un nuevo país, uno más equitativo y solidario, consecuentemente tenemos que elegir un gobierno alejado del circulo de la corrupción. Para ello la pandemia aporta significativamente, porque nos muestra como amplias capas de la clase media rompen con el imaginario cultural y político impuesto por el neoliberalismo, en el sentido de que los bienes y servicios sociales funcionan mejor en manos privadas. Con las falencias y toda una carga de denuncias de corrupción, el acceso principalmente a la salud ha sido garantizado por el Estado.

La tarea consiste en combatir esa corrupción de las élites del gobierno y otras instituciones públicas; en exigir que la crisis no la paguen los trabajadores y desempleados; que la paguen los de arriba, los ricos. Por tanto, las fuerzas populares, progresistas y de izquierda tienen que dejar de lado diferencias y organizarse para recuperar la confianza social que les permita hacer un gobierno de unidad nacional.

Las medidas de austeridad siguen la receta entreguista

En los últimos días, en todo el Ecuador y en nuestra ciudad han vuelto las preocupaciones por la pandemia del Covid-19. Después de permanecer tres meses en “semáforo rojo” las autoridades “flaquearon” con el cuento de recuperar la economía nacional, se dieron las competencias a los gobiernos seccionales para cambiar a “semáforo amarillo”; lamentablemente, el incremento de infectados al igual que la pobreza creció en todo el país.

La realidad nacional muestra alcaldes, prefectos, asambleístas ejerciendo sus funciones con grilletes; mientras que otras escorias que denigran la política huyen del país. Falleció también el prefecto del Guayas producto de un “infarto” causado por las preocupaciones del involucramiento de él y su familia en negociados de los insumos sanitarios para combatir la pandemia.

La realidad también nos muestra que en nuestro país existe una minoría enriquecida disfruta de todo y sin temor a la contaminación, mientras que la mayoría pobre de trabajadores y campesinos padece de necesidades que los obligan a salir a las calles a buscar el pan diario y en no pocos casos a morir por el siniestro virus y otras males como la anemia, la tuberculosis, el dengue que parecían ya erradicadas de nuestra país. Aún podemos encontrar buena parte de sectores suburbanos y rurales careciendo de agua potable y saneamiento adecuado que resaltan la naturaleza antidemocrática con que han sido tratados por los gobiernos de turno. En este punto el gobierno ineficaz heredado de la “revolución ciudadana” intenta justificarse entregando una escasa canasta de alimentos o ayuda económica que según lo reconoce el propio gobierno, llega solo a una fracción de los destinatarios que realmente la necesitan.

El Gobierno y la Asamblea Nacional en acuerdo mutuo aprobaron medidas de austeridad, que en medio de la pandemia conllevaron a recortes en el gasto sanitario y de educación. Esta política económica implementada no es nueva, son las ya tradicionales recetas que impone la oligarquía criolla en confabulación con la banca internacional, afectando precisamente a los sectores populares con quienes dicen solidarizarse. La ciudad de Loja es un ejemplo catastrófico del país en su conjunto, funcionarios y médicos de los hospitales del IESS y del MSP reconocen no estar en condiciones de atender a los pacientes de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, a lo que se suma una buena parte de su personal infectado con coronavirus debido a una escasez crónica de equipos de seguridad.

Hay que reconocer que la tal semaforización y el confinamiento social para el control de la pandemia, no dará resultado, el “nuevo comportamiento” que exigen las autoridades nacionales, no se compadece con la realidad de nuestra población, donde más del 60% son trabajadores informales y subempleados que obligados por la necesidad romperán las medidas de aislamiento para salir y ganarse la vida, y precisamente en la medida que cientos de personas llenen calles y mercados todos los días tratando de comprar y/o vender productos básicos, la tendencia al alza en nuevas infecciones será inminente.

Desigualdades sociales se ven con el prisma de la conciencia de clase

Antes de la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, la economía ecuatoriana se precipitaba más por la pandilla de corruptos que por la mala conducción del país. Así, la declaratoria de emergencia y el Estado de excepción por la Covid-19 cayó como anillo al dedo al Gobierno Nacional, puesto que lejos de frenar la contagiosa enfermedad sirvió más para detener los procesos de levantamiento popular que estaban en curso desde el mes de octubre de 2019.

La reciente aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario confirma que la enfermedad tiene carácter de clase. Por una parte, se quiere hacer creer que esta ley contiene acuerdos laborales, pensiones educativas, tarifas para servicios básicos, facilidades financieras, convenios entre deudores y acreedores, entre otros, que beneficiarían a los ciudadanos.

Sin embargo, en lo concerniente a los derechos laborales garantizados por la Constitución de la República, estos hoy son disminuidos. La nueva ley contempla normas que se refieren a los acuerdos para ajustar las condiciones económicas laborales, el contrato emergente, el goce de vacaciones, el teletrabajo, la reducción de la jornada laboral y la consecuente reducción del salario.

Servidores públicos y trabajadores vienen cumpliendo protestas y han anunciado demandas de inconstitucionalidad a la ley, tema éste que será motivo de otro análisis. Cabe preguntarnos ahora, si las revueltas de ayer revivirán en los próximos días. Pienso que sí, porque a mi entender, las bases de los reclamos seguirán vigentes mientras el estado capitalista de Lenin Moreno esté maniatado por la derecha económica y sometido a los requerimientos de la banca chulquera internacional.

La pandemia ha develado las enormes carestías sufridas por los sectores populares a causa de un neocapitalismo cuyo principio es la corrupción, que a la vez ahonda las desigualdades entre ricos y pobres. Mientras que al tercio de la población que tiene subempleo y trabajo informal, le despoja de derechos y los obliga a laborar en condiciones deplorables y con sueldos de miseria.

La Ministra de Gobierno desde el COE-Nacional declaró una cuarentena sanitaria y de confinamiento social, se emitieron normativas para precautelar la salud y seguridad de los pobladores. Mas éstas desembocaron en una fuerte represión ejercida por los uniformados, que al parecer recibieron órdenes de defender abiertamente los privilegios de la clase dominante y castigar con dureza cualquier conato de protestas que en medio de la mencionada cuarentena, inicialmente de forma virtual y luego en calles y plazas realizaron la clase trabajadora y sectores populares.

Lo cierto es que la Covid-19, despertó el proceso de lucha emancipadora. El cacareado buen vivir no se ve llegar, por el contrario hay una pérdida de la calidad de vida que se suma a la privatización de varias empresas estatales. Las desigualdades sociales empiezan a verse desde el prisma de la conciencia de clase, por lo que cobra vigencia la unidad y solidaridad entre la gente y los movimientos sociales y populares en el contexto de la soberanía del pueblo.