viernes, 10 de julio de 2020

Combatir la corrupción para que la crisis no la paguen los trabajadores


El Ecuador se ha caracterizado por las permanentes crisis sociales, políticas y sanitarias que ahondan las inequidades sociales en el campo y la ciudad. Las recetas de ajuste económico implementadas por los gobiernos de turno, no han conseguido superar las condiciones de país subdesarrollado, por el contrario, el desempleo y la pobreza crecen cada día. Este panorama de crisis social estalló en octubre de 2019 y se ha visto agravado por la pandemia de la corona virus, convergiendo con ella una serie de eventos negativos que amenazan aún más a la ya deteriorada economía nacional.
Según datos de las cámaras de comercio y producción, para este sector ha comenzado una rápida recuperación -bien por ellos-, mientras la mayoría de los ecuatorianos sigue sufriendo falta de fuentes de trabajo y la disminución de sus derechos sociales y laborales. Nadie duda, que este es un indicador de que la crisis la pagan las minorías en beneficio de pequeñas élites. A los grandes empresarios y banqueros con el pretexto de que no colapsen se les perdonaron deudas,  se les disminuye impuestos para garantizar sus ganancias, se les autoriza aumentar y disminuir la jornada laboral según les convenga a más de realizar despidos intempestivos, sin que el Estado les imponga alguna cláusula para que los trabajadores puedan recobrar sus empleos.
Con la semaforización de la pandemia en amarillo, creíamos que empezaríamos a mejorar, sin embargo el desaliento puede más, porque la Organización Mundial del Comercio estima que la economía del Ecuador se contraerá hasta un 25%, mientras que el Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB del país descenderá un 6% más. Si agregamos aspectos como la baja del petróleo y que somos mayormente exportadores de materias primas, seguro se seguirán perdiendo fuentes de trabajo, lo que conducirá a que muchas personas pasen de la pobreza a la extrema pobreza.
Por lo anotado, se hace cada vez más urgente el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo, no solo tenemos ese derecho, sino la obligación de construir un nuevo país, uno más equitativo y solidario, consecuentemente tenemos que elegir un gobierno alejado del circulo de la corrupción. Para ello la pandemia aporta significativamente, porque nos muestra como amplias capas de la clase media rompen con el imaginario cultural y político impuesto por el neoliberalismo, en el sentido de que los bienes y servicios sociales funcionan mejor en manos privadas. Con las falencias y toda una carga de denuncias de corrupción, el acceso principalmente a la salud ha sido garantizado por el Estado.
La tarea consiste en combatir esa corrupción de las élites del gobierno y otras instituciones públicas; en exigir que la crisis no la paguen los trabajadores y desempleados; que la paguen los de arriba, los ricos. Por tanto, las fuerzas populares, progresistas y de izquierda tienen que dejar de lado diferencias y organizarse para recuperar la confianza social que les permita hacer un gobierno de unidad nacional.