Al contexto de crisis, política, social, económica y sanitaria, se suma la profundización de la crisis ética institucionalizada en el gobierno, cuyas consecuencias pronto generarán más despidos y violaciones de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y de los sectores populares.
En el Ecuador los gobiernos de turno, todos serviles y guiados por el neoliberalismo feroz, la salud y la educación han sido y son espacios devastados por la política entreguista de desmantelamiento y privatización, aun cuando la Constitución de la Republica determina la gratuidad de estos servicios. En el tema educativo, los esfuerzos continuos de la Unión Nacional de Educadores UNE, han quedado en eso, en esfuerzos porque las tibias reformas a la ley de educación no han dado paso a la propuesta de una educación democrática, emancipadora y alternativa en beneficio de todo el pueblo y no solamente de las élites.
Es cierto que la emergencia sanitaria que se vive desde marzo de 2020, trajo a la par un cambio en el paradigma educativo en todo el mundo. Las medidas sanitarias para combatir a la COVID-19 llevaron al ministerio de educación y al gobierno a disponer el cierre de los planteles escolares y a un confinamiento obligatorio por temor al contagio, por lo que, de la noche a la mañana, vía decreto ministerial se cambió la enseñanza presencial por las clases por diversos medios electrónicos, sin considerar aspectos claves como:
Las condiciones reales de los estudiantes, sus familias y los docentes para acceder a la educación en línea; la profundización de la desigualdad social y educativa al no atender la diversidad cultural y situación económica de las familias; la precarización de los padres de familia y la lucha por la sobrevivencia dejando en segundo plano las tareas escolares; la propuesta pedagógica y de acompañamiento debió partir de acuerdos entre docentes para no someter a los estudiantes a un ritmo único, etc.
El ministerio de educación arbitrariamente asumió que los derechos laborales de los docentes también estaban en cuarentena, por seis meses disminuyó los sueldos a pesar de que la carga horaria en la práctica aumentó, por lo que la UNE, refrendó su exigencia de respeto a los derechos de los docentes y de los trabajadores en general, exigió se paren los despidos y que mejor se les entregue los nombramientos, la capacitación para el trabajo virtual, la atención a la problemática laboral y de salud, la dotación de herramientas tecnológicas a estudiantes y docentes, el pago por la recategorización, el pago del estímulo por la jubilación, entre otros reclamos.
Ante el apurado anunció de regresar a clases presenciales, los docentes junto a la UNE, en medio de la pandemia continuaran enseñando y defendiendo los derechos laborales, resolviendo con sus propios recursos económicos las carencias de conectividad, la falta de dispositivos y situaciones desfavorables familiares y sociales de los estudiantes. Ese es nuestro reto y compromiso.
En el Ecuador los gobiernos de turno, todos serviles y guiados por el neoliberalismo feroz, la salud y la educación han sido y son espacios devastados por la política entreguista de desmantelamiento y privatización, aun cuando la Constitución de la Republica determina la gratuidad de estos servicios. En el tema educativo, los esfuerzos continuos de la Unión Nacional de Educadores UNE, han quedado en eso, en esfuerzos porque las tibias reformas a la ley de educación no han dado paso a la propuesta de una educación democrática, emancipadora y alternativa en beneficio de todo el pueblo y no solamente de las élites.
Es cierto que la emergencia sanitaria que se vive desde marzo de 2020, trajo a la par un cambio en el paradigma educativo en todo el mundo. Las medidas sanitarias para combatir a la COVID-19 llevaron al ministerio de educación y al gobierno a disponer el cierre de los planteles escolares y a un confinamiento obligatorio por temor al contagio, por lo que, de la noche a la mañana, vía decreto ministerial se cambió la enseñanza presencial por las clases por diversos medios electrónicos, sin considerar aspectos claves como:
Las condiciones reales de los estudiantes, sus familias y los docentes para acceder a la educación en línea; la profundización de la desigualdad social y educativa al no atender la diversidad cultural y situación económica de las familias; la precarización de los padres de familia y la lucha por la sobrevivencia dejando en segundo plano las tareas escolares; la propuesta pedagógica y de acompañamiento debió partir de acuerdos entre docentes para no someter a los estudiantes a un ritmo único, etc.
El ministerio de educación arbitrariamente asumió que los derechos laborales de los docentes también estaban en cuarentena, por seis meses disminuyó los sueldos a pesar de que la carga horaria en la práctica aumentó, por lo que la UNE, refrendó su exigencia de respeto a los derechos de los docentes y de los trabajadores en general, exigió se paren los despidos y que mejor se les entregue los nombramientos, la capacitación para el trabajo virtual, la atención a la problemática laboral y de salud, la dotación de herramientas tecnológicas a estudiantes y docentes, el pago por la recategorización, el pago del estímulo por la jubilación, entre otros reclamos.
Ante el apurado anunció de regresar a clases presenciales, los docentes junto a la UNE, en medio de la pandemia continuaran enseñando y defendiendo los derechos laborales, resolviendo con sus propios recursos económicos las carencias de conectividad, la falta de dispositivos y situaciones desfavorables familiares y sociales de los estudiantes. Ese es nuestro reto y compromiso.
