El otro debate que los sectores populares exigen

Sin pena ni gloria y con la decepción y preocupación de un moderador con el papel de acusador, concluyó el debate económico, en el que el Presidente Correa, convertido en entrevistador, entrevistado y poseedor absoluto de la razón, reiteró que la crítica situación actual que vive el país es culpa del pasado, pero al mismo tiempo afirmó que el Gobierno ha manejado bien los recursos económicos; que a pesar de la caída de los depósitos se cuenta con las reservas suficientes, las mismas que están bien invertidas en obra pública; que están garantizadas las pensiones jubilares, etc., etc.

La mala conducción del programa, impidió que los supuestos opositores al régimen, expresen ordenadamente sus opiniones, y a pesar de que se pidió tener “un dialogo técnico” sé terminó acusándoles tratar de sacar réditos políticos del debate.

De otro lado, la expectativa de los sectores populares estaba fijada en conocer propuestas relacionadas con el enfoque interministerial para tratar la seguridad social y la generación de empleo a las poblaciones suburbanas y rurales. Se esperaba que se analice juiciosamente los desafíos políticos y de gestión que garanticen el pleno ejercicio de derechos y libertades sociales.

Que se diga en la práctica, cuales son las estrategias para que la aprobada Ley de Alianzas Público Privadas favorezcan a la sociedad civil en su conjunto, sobre la base de la sistematización de las experiencias nacionales e incorporarlas a las actividades cotidianas de los gobiernos autónomos descentralizados.

Que se aclare o aproximen alternativas a la capacitación y apoyo a los micro-emprendimientos, a las empresas familiares, programas de empleo autónomo e iniciativas para promover la inserción laboral de la mujer y no solamente la proselitista afiliación a la seguridad social de las amas de casa.

Sin embargo, poco o nada de eso se escuchó. Por el contrario se insistió en informes y recetas de organismos internacionales que finalmente terminarán profundizando irracionalmente las desigualdades sociales.

Queda entonces, a las organizaciones populares de base, retomar sus principios de luchar por una sociedad justa y democrática, lo cual plantea la necesidad inaplazable de unificar sus fuerzas para alcanzar las transformaciones que la patria necesita y el pueblo reclama, por una mayor democratización de la sociedad ecuatoriana y una distribución equitativa de la riqueza que permita el buen vivir de las grandes mayorías nacionales.

César Montaño Galarza, gestor de una universidad inserta en el tejido social

La Universidad Andina Simón Bolívar, gestionada por el académico, escritor y político Enrique Ayala Mora, mantiene un enorme prestigio nacional e internacional, son evidentes sus éxitos y capacidad en la formación de estudiantes de postgrado y liderazgo en investigación y producción de conocimiento con enfoque crítico y pluralista.

El 30 de octubre se desarrollará un proceso de consulta previa a los estamentos universitarios de la Andina, los resultados servirán de referencia al Consejo Superior, para que de dos candidaturas, designen al sucesor de Enrique Ayala M., tarea nada fácil.

Uno de los candidatos, es el actual Embajador en Colombia y ex Ministro de Educación de los gobiernos de Borja, Palacios y Correa, que entre sus “méritos” destaca la engañosa declaratoria de “Ecuador Patria Alfabetizada", en la que se afirmaba haber “hecho en dos años lo que ningún gobierno hizo en décadas". La otra candidatura corresponde al jurista lojano Cesar Montaño Galarza, actual coordinador del área de Derecho, quien como ex alumno, seguro velará por la “preservación de la excelencia, la autonomía y el sentido crítico de la UASB”, y para que esa relevancia y autonomía, fruto de la acumulación del pensamiento libre y tradición histórica no se revierta por la intención correísta de controlarla, probablemente para revivir las oscuras prácticas de prebendas con las agrupaciones políticas sectarias y corporaciones que permanecen en los pasillos de los poderes estatales, cuya tarea principal consistía en su auto reproducción obstaculizando proyectos de innovación y resistencia en favor del desarrollo nacional.

El país vive un “cambio de época” en el orden social, político y económico, que no solo limita el acceso al saber sino que genera un sistema universitario y científico totalmente confuso, en el que el concepto mismo de universidad está en discusión. Ante ello, la UASB con el Doctor César Montaño en el rectorado, tendrá la capacidad de pensarse, de redefinirse y establecer un programa de transformaciones imprescindibles, para insertar a la universidad en el tejido social y comprometerla con el derecho universal a una educación productora de conocimiento socialmente relevante, solidaria, crítica y emancipadora que convierta a los saberes activos en bienes públicos y de uso social, en oposición a la versión neoliberal de la revolución ciudadana, que tiende a concebir a la universidad ecuatoriana como mera fábrica de profesionales para satisfacer las demandas del mercado.

De la época de las vacas gordas a la época de las vacas flacas

La realidad que hoy vive nuestra pluricultural y multiétnica nación ecuatoriana data más allá de la última dictadura, allí se establecieron las políticas neoliberales que siguen siendo la base material del actual poder especulativo financiero. En el año 2006 con la esperanza de que esa magra realidad cambiara, las organizaciones populares y sectores progresistas promovieron un “cambio de época” que se plasmó en la Constitución de Montecristi.

Sin embargo, la derecha y la oligarquía criolla opusieron resistencia al cambio de la estructura capitalista del Estado, que es el real obstáculo para que no podamos explotar los recursos naturales con soberanía y contar con un ordenamiento jurídico y económico que permita mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos.

Ilusos fuimos al creer en las manifestaciones de soberanía por la salida de la Base Yanqui en Manta y en contra de un TLC con EE-UU, y en los pronunciamientos por el fortalecimiento de las relaciones con la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR. Lamentablemente, pudo más el poder oligárquico, que sin descaro se infiltró en los sectores estratégicos del gobierno, para desde allí defender sus intereses de clase.

La caída de los precios del petróleo los ha delatado. La época de las vacas gordas sirvió más para publicitar el proyecto político reformista que para hacer la obra nacional que le corresponde.  Mientras que para sostenerse, en la época de las vacas flacas se sigue endeudando al país con el imperio chino que le impone recetas monetarias al mismo estilo del FMI.

Por eso no nos debe extrañar que, los actuales revolucionarios y otros camuflados de “centristas e independientes” se asusten con la presencia en las calles del pueblo organizado, que con valentía inquebrantable y fe patriótica luchan por la patria nueva. Se asustan por el solo hecho de recordarles que ofrecieron una revolución y no la modernización del estado capitalista. Se molestan por decirles que son un grupo político estéril que al igual que en las últimos cuarenta años, en estos 8 años de “revolución ciudadana”, lo único que han hecho, es defender al sistema neoliberal.  

Queda entonces, que hombres y mujeres progresistas junto a las organizaciones populares comprometidas con el país del buen vivir, aceren la unidad para construir una democracia a favor del pueblo y no en contra de él.

En Mandariacu no hay sobre precio sino un ajuste de precios

Ante la presunta corrupción en la contratación y construcción de la Hidroeléctrica Mandariacu, obra denominada como “emblemática de la revolución ciudadana”, la Comisión Anticorrupción cree que podrían estar involucrados funcionarios de la Prefectura de Pichincha, de la Corporación Eléctrica, de la Contraloría General y de la transnacional Odebrecht, quienes serían los responsables de un sobre precio que supera los cien millones de dólares y de la generación de apenas el 15% de la energía contratada.

A estos hechos, altas autoridades gubernamentales, responden que las acusaciones de la Comisión Anticorrupción son demagógicas, que no hay sobre precio sino un ajuste de precios. Que los comisionados, parte de la vieja partidocracia, hacen afirmaciones sin ningún fundamento legal, sino con el “sólo objetivo de hacer alharaca y lograr algún dudoso protagonismo que los mantenga políticamente”.

Sin embargo, cuando se arrebató los dineros de los profesores en el Fondo de Cesantía del Magisterio, y ante el reclamo de más de seis mil personas entre profesores activos y jubilados que invirtieron para la Hidroeléctrica Sabanilla se manifestó, que se iban a averiguar hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga, los supuestos malos manejos del Fondo, sin que hasta la presente se demuestre nada ni se haya hecho conocer el borrador del informe donde

se afirmaba que habían dineros públicos. Consecuencia de aquel atropello, se paralizó por decir lo menos, la construcción de la central hidroeléctrica de 30 megavatios, cuyos trabajos con una duración de tres años estaban previstos iniciarse este mes, que aparte de generar fuentes de trabajo local, contribuiría a cubrir el déficit de energía eléctrica que tiene el país.

El Gobierno, lejos de dar las facilidades para que se aclaren los hechos denunciados, amenazan con enjuiciar a los comisionados, por redactar un informe “lleno de imprecisiones y omitir información clave para entender en su conjunto y transparentemente, el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu”. Claro, cuando se trata de defender su “proceso revolucionario”, todo es válido, están por encima de todo, se valen de medios constitucionales e institucionales para deslegitimar o dividir al movimiento sindical y con mayor empeño a la UNE, llegando al extremo de judicializar el pensamiento crítico para acallar a los líderes gremiales y de la oposición política.