Una democracia a favor de nuestro pueblo y no en contra de él

Hay quienes creen que la realidad ecuatoriana en los últimos ocho años ha cambiado. Otros consideran que ésta sigue conforme quedó estructurada en la última dictadura, en la que se instauraron las bases materiales del actual poder político y especulativo financiero impuesto por los sectores políticos que tradicionalmente se han rifado la patria.

Lo cierto es que, con la judicialización de la protesta popular, confundida entre los “forajidos” y los “indignados”, la derecha actual es parte de las últimas marchas en que coincidencialmente unos y otros dicen defender las libertades, la democracia y un ordenamiento jurídico y económico que permita mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos.

La actual composición política de la Asamblea Nacional, comienza a mostrar su desgaste. El oficialismo casi sometido al pensamiento de Carondelet y la confusa oposición, emplean el mismo discurso con alocuciones de soberanía y patriotismo al defender u oponerse por ejemplo a, las enmiendas a la Constitución, Ley de Justicia Laboral, impuesto a las herencias, Ley de Tierras, etc.

Es decir, mientras la clase política se disputa los espacios de poder, lo sectores populares, debido a la poca formación y débil criterio político siguen siendo presa fácil de la desinformación paralela y de quienes dicen defender sus intereses. Sin embargo, los sectores políticos, durante las últimas cuatro décadas, lo único que han hecho es repartirse el poder entre los financiadores de las campañas y ofrecer una que otra dadiva populista que abriga las esperanzas del pueblo; pero en la práctica, han disminuido los derechos sociales impidiendo el ejercicio de los derechos constitucionales y afectando a la soberanía nacional.

Mientras el oficialismo revolucionario dice que gobierna y legisla para disminuir la deuda social, se evidencia su impotencia política, que para “cumplir” con su proyecto populista endeuda geométricamente al país y consecuentemente a los ecuatorianos. Por otro lado, las bases de las organizaciones populares tienen dificultad para valorar críticamente las propuestas políticas de ambos sectores.

En este momento, es oportuno, que los trabajadores y los ciudadanos de a pie con valentía y voluntad inquebrantable, puedan distinguir los intereses populares de los intereses de la derecha. Sólo así, podremos ir forjando el establecimiento de una democracia a favor de nuestro pueblo y no en contra de él, que debe ser asunto de capital interés para los sectores sociales comprometidos con el país.

Democracia de mayorías o democracia de consensos

Buena parte de la ciudadanía considera que el Gobierno de la “revolución ciudadana”, exagera la propaganda oficial al estilo Goebbels. Al parecer no quiere ni está dispuesto a escuchar y menos a dialogar con los sectores que difieren con su proyecto “revolucionario”. Sigue siendo cotidiano, -como en los tiempos de la “partidocracia”- la denuncia de hechos execrables ceñidos por la ley, la falta de control a los mismos impide garantizar la seguridad integral a la población y promover el desarrollo sustentable para el buen vivir.

Junto a las políticas de seguridad ciudadana, deben ampliarse las políticas de generación de empleo para erradicar la pobreza. Lamentablemente, en ambos casos el Régimen ha fallado, incumpliendo de manera expresa mandatos constitucionales. Situación igual sucede con la corrupción en la esfera pública y privada. No me referiré a casos particulares, simplemente diré que, cuándo se destapan, se recurre a los medios de comunicación para en alta voz, decir que se castigarán con el mayor peso de la ley, etc., etc., sin embargo a los pocos días van quedando en los archivos del olvido, y los corruptos continúan como si nada, disfrutando los dineros mal habidos.

El Presidente Correa, expresó que “aproximadamente el 90% de los actos de corrupción investigados por Contraloría se han cometido en los gobiernos autónomos”. Siendo así, cabe preguntarnos, por qué no funcionan de manera activa las veedurías populares o solamente lo hacen para los casos de interés de grupo.

Es risible que cuando los ciudadanos acuden a los medios de comunicación a denunciar actos de corrupción, sean amenazados con el inicio de acciones judiciales. Nos preguntamos nuevamente, ¿podremos los ciudadanos comunes participar del control de las políticas públicas y exigir la rendición de cuentas a los funcionarios y gobernantes? Obviamente no. Puesto que la libertad de pensamiento, expresión y asociación son minimizadas.

Lo cierto es que el Gobierno de “la revolución ciudadana” es una democracia de mayorías y no una democracia de consensos. Una democracia de mayorías impone la voluntad de las mayorías, es una variedad de la dictadura del voto. En cambio, en una democracia de consensos, el poder político de las mayorías, es como un respaldo para potenciar el diálogo y logro de acuerdos sobre aspectos fundamentales. Una democracia de consensos, significa respeto a la pluralidad ideológica y a la diversidad social, económica y política.

La lucha contra la corrupción que publicitan, solo es un velo que impide luchar contra las injusticias.

El involucramiento en actos de corrupción de una asambleísta, ha puesto en actualidad el tema de la “lucha contra la corrupción”. La expulsión de las filas del movimiento oficial, la posible destitución e incluso la probable reclusión de la asambleísta, no significa luchar contra la corrupción y tampoco significa que se debe dejar en la impunidad a la asambleísta.

La corrupción es solamente uno de los efectos del injusto sistema neoliberal que a pesar del “cambio de época” aún sigue institucionalizado en la esfera pública. Agravado por una administración de justicia que entorpece la vigencia del “Estado constitucional de derechos y justicia, social” por el votamos los ecuatorianos.

Cabe preguntarnos, ¿debemos combatir la corrupción, o debemos atacar a las raíces que la provocan? Obviamente que debemos atacar el injusto sistema económico y de justicia vigente, y no engañarnos con el disfraz de la “lucha contra la corrupción” que ataca solo a las personas como personas corruptas y no a las verdaderas causas que la generan.

Hace falta que tomemos conciencia, que la corrupción intensifica los niveles de pobreza y pervierte la vida social y política de los pueblos, que la corrupción nos impide solucionar los problemas de los servicios básicos.

Hay un amplio sentimiento en la ciudadanía de que en el servicio público y en el de muchas de las empresas del sector privado que comercian con el Estado, se rifan nuestros dineros en beneficio propio. Y sin embargo, buena parte de los funcionarios se ven a sí mismos, como un cuerpo no responsable de rendir cuentas ante la colectividad a la que dicen servir.

Es urgente establecer una vinculación activa y permanente de los organismos de control con la sociedad organizada y ampliar los espacios de participación ciudadana para que los ciudadanos participen en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas; previniendo la corrupción y asegurando los mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios y gobernantes.

Caso contrario, la “lucha contra la corrupción” que nos publicitan, será el pretexto para que la oligarquía y el imperio afecten la legitimidad de la lucha popular en contra de la injusticia social.