Ni folklore ni criminales: dignidad y justicia para los pueblos indígenas

   En el callejón andino de América del Sur, y particularmente en Ecuador, existe una relación contradictoria y dolorosa con los pueblos indígenas que debe ser cuestionada y transformada. Los admiramos desde lejos, celebramos su música, sus vestimentas y sus festividades como el Inti Raymi, Pachamama Raymi, Fiesta de la Mama Negra, El Carnaval Indígena, y a menudo los convertimos en símbolos folklóricos que adornan nuestra identidad nacional. Sin embargo, cuando esos mismos pueblos indígenas se levantan en defensa de la vida, sus territorios, su dignidad y los derechos de todos los pueblos, la respuesta oficial y social suele ser la represión, el estigma y la criminalización.

 

   La reciente oleada de protestas sociales e indígenas que ha sacudido Ecuador ha dejado una herida profunda en el país: un muerto: Efraín Fueres, decenas de detenidos y numerosos heridos. Estas cifras representan tragedias humanas que no deben ser minimizadas ni olvidadas. Son el reflejo de una sociedad que aplaude sus ceremonias y celebra su cultura, pero que rechaza y reprime su lucha cuando cuestiona los privilegios, las estructuras de poder y el modelo económico vigente.

   

 Esta contradicción es evidente, preferimos bailar su música y usar ponchos y sombreros en festividades, pero evitamos enfrentar las causas profundas que impulsan estas protestas. Nos quedamos con la imagen colorida y festiva, pero damos la espalda a una realidad compleja y urgente que vive el pueblo indígena y ecuatoriano. Su resistencia pone en jaque un sistema que ha marginado históricamente sus voces y derechos, y esa incomodidad genera miedo, rechazo y violencia del gobierno.

   Es fundamental que como sociedad ecuatoriana dejemos de reducir al indigenismo a un simple adorno cultural. La verdadera dignidad indígena trasciende las festividades: implica justicia, respeto a sus territorios, acceso a derechos básicos y reconocimiento pleno como sujetos políticos. Ignorar esta realidad perpetúa un ciclo de exclusión que inevitablemente vuelve a estallar en conflictos y tragedias.

   En este momento crítico, convocamos a la solidaridad activa de ciudadanos, organizaciones sociales, movimientos populares, trabajadores, académicos, mujeres y estudiantes para respaldar al pueblo indígena en su legítima lucha contra la prepotencia del poder y el alza de la canasta familiar. No aceptamos que sus voces sean silenciadas con represión o cárcel. Defender los derechos colectivos con dignidad rebeldía es una tarea urgente para construir un país justo, plurinacional y respetuoso de su diversidad.

Neoliberalismo educativo contra el pensamiento crítico

   Una maniobra habilidosa del lenguaje intenta hacernos olvidar un país sumido en violencia, desigualdad y dependencia. Opinadores pendientes de la mano que les da de comer, ocupan redes insociales buscando likes para saciar su ego y alimentar el ruido mediático, circulan noticias falsas y discursos vacíos que se vuelven rentables, incluso cuando la realidad demuestra cifras alarmantes de pobreza, migración forzada y colapso institucional.

Mientras tanto, funcionarios públicos del gobierno reproducen el mismo guion aprendido en manuales de gobernanza neoliberal. Desde el extranjero, y especialmente desde los centros de poder económico como EE-UU o el FMI, se dicta la agenda: reformas estructurales, reducción del Estado, privatización y mano dura. El discurso de seguridad y orden, como el de la lucha contra el narcotráfico, sirve para encubrir un modelo que ignora los derechos humanos, empobrece a las mayorías y criminaliza cualquier resistencia. Las decisiones del Gobierno ecuatoriano, en temas cruciales como Palestina, también reflejan esta alineación sumisa y sin soberanía.

En el plano nacional, avanza una educación domesticada y subordinada al modelo neoliberal. En lugar de cultivar pensamiento crítico y conciencia histórica, se impone una narrativa tecnocrática, despolitizada y funcional a los intereses del poder. El gobierno convierte las aulas en espacios de obediencia, donde los contenidos responden a las exigencias del mercado, no a las necesidades sociales. Se persigue a los dirigentes de la UNE y a docentes que defienden una educación emancipadora, crítica y transformadora. Además, se prohíbe a los docentes hablar de injusticias, derechos o realidades incómodas, silenciando toda voz que cuestione el orden establecido.

Así, se desestima la historia, la filosofía y las ciencias sociales, disciplinas incómodas para quienes temen que se revele la corrupción estatal. Se forma a jóvenes para ser empleados, no ciudadanos críticos. Se promueve una “libertad de enseñanza” entre comillas, que restringe la libertad de pensamiento, y se desacredita toda voz disidente tildándola de ideológica, cuando lo ideológico, el modelo neoliberal, ya está naturalizado.

Todo se reduce a un discurso audaz para victimizarse y atacar a la oposición. Discusiones redundantes sobre si lo que ocurre en Gaza debe llamarse genocidio. O si las protestas contra el alza de los combustibles se criminalizan para desviar la atención de la crisis. Mientras tanto, los medios hegemónicos cumplen el rol de proteger a quienes gobiernan para el capital y silenciar a quienes intentan pensar más allá.

Un gobierno sin brújula y una Constituyente para evadir la realidad

Cuando se habla de la evidente ineptitud del presidente Daniel Noboa, la derecha empresarial y mediática se apresura a excusarlo, alegando que heredó un país en crisis. Pero nadie obligó a Noboa a postularse, ni mucho menos a ofrecer soluciones que ahora es incapaz de cumplir. La narrativa de “recibí un país destrozado” no basta, sobre todo cuando fue él quien, junto a la oligarquía, alimentó la campaña del miedo: miedo al correísmo, miedo a la inseguridad, miedo a todo, salvo al poder económico que representa.

 

Desde el inicio de su mandato, Noboa ha gobernado desde la distancia –incluso literalmente– abandonando el palacio de Carondelet para intentar deslegitimar a los actores sociales organizados, a los que ha pretendido colocar como enemigos públicos. Pero el miedo que sembró se le ha revertido. Hoy, el que actúa con temor es él. Las promesas de campaña han quedado en el aire: los impuestos se elevaron, aumentó el precio de los combustibles y la inseguridad crece a diario. La realidad es innegable: no hay salud, no hay trabajo, y no hay seguridad.

La incapacidad de Noboa para gestionar el país lo ha llevado a una peligrosa maniobra política: la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta propuesta no responde a las necesidades del pueblo, sino a su intento de reconfigurar las reglas del juego para mantenerse en el poder y diluir los mecanismos democráticos como los referendos populares. En lugar de solucionar la crisis hospitalaria, el desempleo o la violencia, prefiere montar un nuevo teatro político que solo servirá para distraer la atención y concentrar más poder en manos de una élite minoritaria.

Además, no hay coherencia en su discurso. ¿Cómo puede hablar de soberanía popular si desconoce decisiones democráticas como las consultas sobre Quimsacocha o el Yasuní? Mientras el pueblo exige respeto por la naturaleza y su derecho a decidir, Noboa opta por proteger intereses empresariales. Y mientras miles de ecuatorianos se hunden en la pobreza, el gobierno derrocha más de 80 millones de dólares en consultas inútiles y mantiene subsidios a grandes corporaciones.

La propuesta de una Constituyente es una cortina de humo. El país exige soluciones reales. Ya basta de mentiras disfrazadas de reformas. La crisis ha desbordado al presidente Noboa y lo ha expuesto con todas sus limitaciones, que no son pocas.