¡Acaso transitamos silenciosamente hacia la pandemia de la pobreza!

Para la CEPAL la pandemia de COVID-19 “ya no es una emergencia, sino una crisis prolongada que requiere de acciones en el corto plazo, cuya recuperación depende en gran parte de la regularización de las actividades escolares”. Ello implica el regreso inmediato de los estudiantes a las escuelas. La Unión Nacional de Educadores ha mostrado su predisposición para ello, pues se considera que la no presencialidad y los cierres de las escuelas perjudican más a la educación fiscal y aún más, a los estudiantes de los sectores populares. Pero para ello, se necesita mayor inversión en educación para poder romper los ciclos de pobreza y desigualdad.

Es incomprensible que, mientras la ministra de educación exprese que se necesitan 650 millones para la reconstrucción de la infraestructura escolar, el presidente Lasso disponga la disminución de 1000 millones de dólares del presupuesto para el año 2022. De esto, 500 millones de dólares son precisamente para mejorar la infraestructura necesaria para el regreso obligatorio a clases y; de otros 500 millones de dólares del gasto corriente, eso explica la eliminación de 7.000 docentes contratados y otros separados por la pandemia, afectando a sus familias y a la niñez y juventud. Recorte que además dejaría en el corto plazo sin uniformes, sin libros ni alimentación a los estudiantes. A esto hay que sumar, que el último paquetazo entre la alianza Lasso-Correa, perdona más de 2.000 millones dólares a los grandes empresarios por moras al SRI.

Luego de veinte meses desde el cierre inicial de las escuelas por la pandemia, el ministerio de educación no ha resuelto el tema de la infraestructura, y no se diga que ellos están recién seis meses, porque la burocracia incluida la ministra Brown viene desde el correato. Cuanto más tiempo se tarde esta tarea, pondremos a los estudiantes, especialmente a los más pobres, a unos en riesgo por no brindarles las seguridades biosanitarias -muchos planteles no cuentan con servicios básicos como agua, servicios higiénicos-, mientras que, a otros se dejará fuera de las aulas. Consecuentemente, el regreso obligatorio a clases no está siendo priorizado por el gobierno del desencuentro si no se destina el presupuesto para la educación y salud conforme al PIB.

Cabe recordarle al gobierno burgués que las escuelas cumplen un papel que va más allá de lo académico, del desarrollo de las capacidades operativas, intelectuales y de comportamiento ético. La escuela tiene como función básica la reconstrucción del tejido social roto por la pandemia y por el débil sistema de protección social. Para el gobierno, la educación no es primordial en la agenda de su política pública, situación que aumenta la brecha de exclusión y las condiciones de inequidad ya existentes antes de la crisis del COVID-19.

La Unión Nacional de Educadores, considera que el regreso a las escuelas es muy importante, especialmente para los sectores menos favorecidos, porque también cumple un rol de socialización que protege a los niños y jóvenes de lacras como la violencia y la delincuencia. Por eso, para evitar que transitemos silenciosamente hacia la pandemia de la pobreza, exigimos del presidente Lasso financiar la educación conforme a la Constitución.

La violencia desenfrenada, también se vive fuera de las cárceles

El “gobierno del desencuentro”, lejos de buscar solucionar los problemas sociales de la gente, en especial, los problemas carcelarios, sigue culpando a los gobiernos anteriores, haciendo oídos sordos a los reclamos de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Francisco Huerta Montalvo, otrora político liberal, ahora vocero del oficialismo, dice que la última masacre en la penitenciaría, “refleja una intencionalidad política de crear el caos en el Ecuador, para dar al traste con el gobierno…”. Razonamiento que, han hecho propio varios analistas, pero lo que no hacen propio, es que efectivamente el tema carcelario es político, que como tal, se le fue del control al gobierno cómplice de los potentados económicos que en un santiamén se enriquecen favorecidos por el silencio de fiscales y jueces, que ya sea por temor o por confabulación, tapan los hechos dolosos de estos enemigos del pueblo.

Que el tema carcelario es político, claro que lo es. Pero el gobierno actual aceptó y cedió el control carcelario a las bandas criminales y del narcotráfico. Eso explica, porque las autoridades carcelarias no actuaron, pese a que los presos a través de las redes sociales, con más de cuatro horas de anterioridad denunciaban y pedían auxilio a lo que posteriormente se convirtió en un exterminio; y digo las autoridades carcelarias, porque en el momento mismo en que se masacraba a más de medio centenar de presos en la penitenciaria, el presidente Guillermo Lasso, estaba de farra, rifándose la patria con la diplomacia de la embajada de EE-UU.

El gobierno y el Poder Judicial tienen al país escandalizado por la serie de hechos brutales dentro y fuera de las cárceles. Ante los errores y la indolencia del gobierno y la burguesía a los problemas carcelarios de toda la vida, el pueblo exige del presidente Guillermo Lasso, la salida de la Ministra de Gobierno, de la Comandante de Policía, de las autoridades carcelarias y de todos sus “adulones”, por cuya incapacidad, las bandas delincuenciales durante la última masacre en la penitenciaria, asesinaron a un luchador popular, a un defensor de la tierra y del agua, al compañero Víctor Enrique Guaillas, a quien Lenin Moreno y Paula Romo, acusaron de sabotaje por su participación en el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.

Entonces, en un ejercicio de conciencia social, de compromiso popular, debemos preguntarnos: ¿quiénes se benefician de la crisis carcelaria? Tras respondernos y entenderlo, no podemos callar ante la inoperancia y la entrega del gobierno del presidente Lasso, a la banca internacional.

No podemos callar ante la desvergüenza del gobierno, para favorecer a los evasores de impuestos a costa de disminuir en la proforma presupuestaria, los montos para la salud, la educación y la seguridad social.

No podemos callar ante la desfachatez de calificar a las masacres dentro de las cárceles, como “actos terroristas”. ¿Qué le pasa señor Presidente?, ¡Acaso nos cree tontos! ¡Una vez más saldremos a las calles!

Quizá no nos arrepintamos de haber permitido la consolidación de la corrupción

Maliciosamente se construyen las grandes avenidas de las maquinaciones, obligando a los sectores populares a caminar sin solidaridad, indiferentes a la igualdad de derechos, renuentes a la participación política, ajenos a los problemas nacionales y a las decisiones que afectan a la sociedad, por tanto, apartados de la lucha por el tan anhelado buen vivir. Así, solamente interesados en el pan de cada día, sin darnos cuenta, sin oposición alguna, nos han hecho parte de un sistema maléfico cuyos efectos sociales, económicos y políticos, benefician a los más ricos en menoscabo de los millones de pobres.

Al igual que en los países menos desarrollados, en el Ecuador domina el capitalismo global regentado por la oligarquía, donde la concentración de la riqueza es signo de los atracos y de la corrupción a los dineros de todo el pueblo; es el resultado de la imposición de un proyecto político y económico basado en la marginación ciudadana y en la falta de valores morales y humanos que, al final aumentan el empobrecimiento de la clase trabajadora y la exclusión de las mujeres y la juventud de los escenarios políticos.

El presidente Lasso, en el afán de librarse de las investigaciones sobre el caso “pandora papers”, ha iniciado un dialogo con quienes le garantizarán a él y su grupo de involucrados que sigan mintiendo, que sigan evadiendo, que sigan delinquiendo, que sigan cometiendo perjurio a la Constitución y al pueblo ecuatoriano. Mientras que el dialogo con el “Parlamento de los Pueblos”, encabezado esta vez por Leonardo Iza, en la práctica no dio resultados claros. Sobre la propuesta principal, referida a la congelación del precio de los combustibles al mes de junio, solamente se dio largas a la ya adelantada negativa del gobierno del desencuentro, por lo que, la continuación de las mesas de dialogo está en riesgo y la movilización nacional por esa y otras exigencias sigue vigente.

 Los sectores populares y de izquierda, en el afán de buscar respuestas a la necesidad de construir un país equitativo y solidario que nos lleve por los caminos del progreso, enfrentan a las cadenas informativas internacionales y locales que se hacen eco de los calificativos despectivos que el gobierno y los grandes empresarios vociferan sin reparo contra los lideres sociales. Sin embargo, hay que reconocer que, en esa dinámica de defensa de nuestra soberanía, hemos ido perdiendo espacios y voces, precisamente porque estos medios de comunicación reproductores del discurso oficial y del poder económico privan a los pueblos de la verdadera información y participación ciudadana.

Finalmente, no podemos seguir callados ni obedientes a los opresores, no podemos quedarnos paralizados esperando a que otros nos defiendan y nos saquen de la pobreza. Es hora de actuar, porque quizá mañana, nos arrepentiremos por no haber reaccionado a tiempo, por haber permitido la consolidación de estructuras politiqueras como el gobierno del encuentro, que cobija la impunidad contra la corrupción y fomenta la pobreza.