lunes, 6 de septiembre de 2010

Hoy más que nunca: !prohibido olvidar¡


Los movimientos, organizaciones sociales y personas que integramos el Grupo Nacional de la Deuda, expresamos nuestra profunda preocupación y contrariedad por el inexplicable pedido de amnistía para el ex-vicepresidente Alberto Dahik Garzozi, prófugo de la justicia, por parte del presidente Rafael Correa Delgado, durante su informe anual a la nación, el 10 de agosto del 2010,
Es de conocimiento público que Alberto Dahik, ex vicepresidente del gobierno de Sixto Durán-Ballén, se fugó del país el 12 de octubre de 1995. El enfrentaba una orden de prisión tras ser acusado de peculado y enriquecimiento ilícito en el manejo de los fondos reservados, emitida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. También es de  conocimiento de la sociedad que el ex vice presidente Dahik confesó públicamente haber entregado dinero de los fondos reservados para fines ajenos a la seguridad nacional, como fue el pago a varios legisladores para la aprobación de algunas leyes e incluso para alentar la privatización de la empresa telefónica. Además, existen pruebas de varias  cuentas secretas de fondos reservados en bancos privados y no en el Banco Central como mandaba la ley; cuentas que, adicionalmente, eran manejadas ilegalmente por los asesores o funcionarios de la Vicepresidencia de la República de ese entonces. Igualmente hay una larga lista de cheques girados y egresos arbitrarios a favor de personas naturales y/o jurídicas.
Pero también consta que destacados periodistas y el  pueblo ecuatoriano, liderado por los movimientos y organizaciones sociales, denunciaron en su momento este acto de corrupción. Incluso tenemos que recordar que se constituyó una agrupación -el Movimiento Ciudadano Manos Limpias- para impulsar desde la sociedad civil la investigación y sanción de estos delitos.
Alberto Dahik fue, además, el cerebro y principal ejecutor  de las políticas neoliberales impuestas por el FMI en el marco del Consenso de Washington. Su accionar fue definitorio para la aplicación de varias leyes nefastas para el interés de la colectividad, incluso recurriendo a prácticas corruptas, como él mismo reconoció públicamente. Cabe mencionar en especial la Ley de Modernización (1993), orientada a impulsar la privatización de las empresas y servicios públicos, y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (1994), que abrió las puertas al atraco bancario y a la grave crisis económica de 1999 y 2000. ¿Serán acaso estos méritos para el perdón y olvido?
Por otra parte, Alberto Dahik participó activamente en calidad de vicepresidente de la República en las renegociaciones de la deuda externa, que fueron perjudiciales al país. Vale aquí resaltar la renuncia al derecho de prescripción de la deuda comercial en diciembre de 1992 y la renuncia en 1993 a recomprar  dicha deuda al valor de mercado, en ese momento a 24% de su valor nominal; con estas operaciones se actualizó y volvió exigible una deuda inexistente, cuyo monto superaba los 6.000 millones de dólares. Por igual recordemos la conversión de todo el monto de la deuda pública comercial a Bonos Brady, en 1995, en condiciones contrarias al interés nacional. De esta manera se favoreció a los acreedores y se postró, una vez más, al pueblo ecuatoriano en la pobreza crónica. Ya lo dijo el ciudadano Rafael Correa, antes de ser presidente de la República, refiriéndose a dichos arreglos de la deuda, se actuó “todo en función de los acreedores”. ¿Las evidencias sacadas a luz por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, constituida por el gobierno del presidente Correa en cumplimiento de las exigencias de transparencia y justicia de la sociedad ecuatoriana, no son pruebas suficientes?
En este caso se sintetiza lo ilícito y lo incorrecto. El caso Dahik representa un claro abuso del poder público, destinado a provocar una serie de transformaciones para reorganizar la sociedad y la economía en función de objetivos aperturistas y liberalizadores a ultranza, útiles a los intereses de reducidos grupos dominantes y transnacionales. Abuso que habría favorecido también a los allegados políticos, tanto como a amistades y familiares del ex vicepresidente.
El pueblo no ha dejado de luchar en contra del abuso del poder, la corrupción y la impunidad. Para superar tanta arbitrariedad, en el año 2006, el pueblo ecuatoriano apoyó mayoritariamente los planteamientos programáticos de la candidatura de Rafael Correa, en cuya agenda consta, como uno de sus cinco ejes fundamentales: La Revolución Ética: Lucha frontal contra la corrupción.
Con el derecho que nos otorgamos los habitantes de este país, al aprobar mayoritariamente la actual Constitución, exigimos a la Asamblea Nacional denegar el pedido de amnistía a favor del ex vicepresidente Alberto Dahik. Convocamos a todas las organizaciones sociales y a la sociedad en general a no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Y esperamos rectificaciones profundas por parte del gobierno nacional, que está en mora en la lucha emprendida por la sociedad en contra de la corrupción, en tanto no ha alentado el esclarecimiento y menos aún la sanción de varias denuncias de hechos corruptos que se habrían cometido durante su gestión.
Firman
Grupo Nacional de Deuda, Jubileo 2000 - Red Guayaquil, Acción Ecológica, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Alberto Acosta, Hugo Jácome, Delfa Mantilla, Hugo Arias, Jorge Corral, Edgar Isch, Aurora Donoso, Eliana Franco, Piedad Mancero, Ricardo Ulcuango, …….
Se adhieren, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y desarrollo –Ecuador-, Asamblea Nacional de Mujeres Populares Diversas del Ecuador, FIAN Ecuador, UNE- Loja

miércoles, 1 de septiembre de 2010

RESOLUCIONES XXXIV CONSEJO NACIONAL - UNE


Quito, a 27 de agosto de 2010
1.    Demandar del Presidente de la República Rafael Correa cumpla de manera inmediata con los acuerdos y compromisos y expida el Decreto Ejecutivo correspondiente que ponga en ejecución la nueva escala salarial a partir del mes de julio del 2010  o que hasta la aprobación de la Ley, decrete el alza salarial en un monto de $ 20,00 dólares al sueldo básico del magisterio nacional.
2.    Ratificar la solicitud de audiencia al Vicepresidente de la República Sr. Lenin Moreno para el Consejo Nacional de UNE, con el objetivo de agotar todas las instancias de diálogo que nos permitan resolver problemas que persisten en el sistema educativo y dar cumplimiento al incremento salarial para el magisterio ecuatoriano.

3.  Convocar a la gran jornada nacional de movilización en todas las capitales de provincia, frente a los oídos sordos y la incapacidad de diálogo del Gobierno Nacional y las autoridades del Ministerio de Educación, de dar respuesta en firme a las aspiraciones  justas del magisterio nacional de tener un incremento salarial, ya que hemos sido el único sector laboral que no se le ha cumplido con este derecho,  viernes 17 de septiembre a las 9h00 asambleas provinciales  y marchas hacia las Direcciones de Educación.
4.    Exigir a la Asamblea Nacional y a su Presidente Arq. Fernando Cordero la convocatoria inmediata a la Consulta Pre Legislativa del Capítulo de Educación Intercultural y ponga fecha para el segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea  la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con la cual entre en vigencia y ejecución los importantes avances y conquistas alcanzadas.
5.    Exigir a la Ministra de Educación Sra. Gloria Vidal, respuesta inmediata.. a los problemas de la educación pública y del magisterio que aún persisten y no tienen ninguna solución…
6.    Saludar la resolución tomada por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo OIT,… “EL COMITÉ PIDE AL GOBIERNO QUE DE CONFORMIDAD CON LA PRACTICA QUE SE VENIA SIGUIENDO, RESTAURE DE INMEDIATO EL DESCUENTO EN NOMINA DE LAS COTIZACIONES DE LOS AFILIADOS A LA UNE QUE HAYAN AUTORIZADO DICHO DESCUENTO. EL COMITÉ PIDE AL GOBIERNO QUE LE MANTENGA INFORMADO AL RESPECTO”
7.    Respaldar las resoluciones tomadas por la dirigencia de las/os maestros jubilados:
… Convocar para el viernes 8 de octubre a las 10h00 en el local de la UNE Nacional, a la II reunión de trabajo de  maestras/os jubilados del país, para informar de los compromisos adquiridos, actividades realizadas y continuar con el fortalecimiento de la Organización.
8.    Cuestionar y condenar el informe que el 10 de agosto del presente año el Presidente Rafael Correa dio a la Nación, por mentiroso, demagógico e inconsecuente con las aspiraciones de cambio de los pueblos del Ecuador…
9.    Condenar la aprobación del COOTAD, el mismo que constituye un instrumento del Gobierno de Rafael Correa para continuar aplicando políticas neoliberales a través de los gobiernos autónomos descentralizados, a los cuales les facultan el cobro de tasas, sobretasas, tarifas y contribuciones por los servicios (salud y  educación )que entreguen a la población los cuales debemos pagarlos para recibirlos.
10.     Rechazar y combatir el paquetazo económico que Augusto Barrera de Alianza País y Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, pretende asestarle a los habitantes de la capital de los ecuatorianos, a través de la elevación  del precio de la gasolina, creación de peajes urbanos e impuestos al rodaje, facultades que el COOTAD le entrega a alcaldes serviles como Barrera y que si hoy pasan en Quito se constituirá en el modelo para ser aplicado en el resto del país.
Prof. Mery Zamora García

miércoles, 18 de agosto de 2010

LA TÁCTICA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA ES UN REGRESO A LA GUERRA FRÍA CONTRA LOS SECTORES DE IZQUIERDA, LOS DIRIGENTES POPULARES Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA, PERO CON UNA APARIENCIA “MÁS REFINADA”


Así como la doctrina de seguridad global de moda insiste en lo de células dormidas de insurgentes que pueden reactivarse en cualquier parte, el neoliberalismo en el Ecuador de pronto se reactiva a la luz pública y con evidente apoyo mediático. Sin embargo, detrás de la euforia hay un evidente error estratégico de quiénes lo impulsan.
El acusar públicamente a los sectores de izquierda, a los dirigentes sindicales y al movimiento indígena, de tener vínculos con las FARC de Colombia, más allá del rótulo de terrorista que se le asigna, es un error estratégico mayor. Esto es porque vincula explícitamente al sector que precisamente lo llevó al poder, a los sectores cuyas doctrinas y expresión pública son las de proteger el derecho de los trabajadores, con las medidas extremas que representan las FARC de Colombia.
Hay torpeza y falta de tino a la vez, en escoger esa estrategia de estigmatizar a los sectores de izquierda y al movimiento indígena en medio de la crisis social e inseguridad ciudadana en donde lo único que se exhibe con claridad es la precariedad del sistema económico y del estado.
Todos los días y en todo el país a la par del crecimiento de la burocracia de la revolución ciudadana, crece la criminalidad, la falta de empleo y el descontento popular, es una tragedia social que el gobierno no alcanza si quiera a entenderla mucho menos a resolverla, el gobierno enfrenta además una crisis de credibilidad y de manejo, utilizando abusivamente los medios de comunicación para desprestigiar y culpar a las anteriores administraciones, olvidando el hecho de que ya camina para el cuarto año entre comillas de gobierno revolucionario.
Con todo, el gobierno también ha iniciado una razzia contra grupos de supuestos terroristas en una política de demostrar que la mano en el control ciudadano ha cambiado. El Presidente Correa que llego al poder con un amplio respaldo popular impulsado por los sectores de izquierda, los movimientos sociales, los gremios y el movimiento indígena, hoy por hoy se ha declarado no ser ni antiimperialista ni capitalista, pero en la práctica su gobierno ha dado un viraje a la derecha y extrema derecha bajo un rótulo de revolución ciudadana, siendo que lo de revolución ciudadana no es más que el título proselitista y demagógico.
Desde cualquier lado que se analice, El gobierno del presidente Correa es de derecha y ahora más aún cuando inicia una campaña para estigmatizar a los sectores de izquierda, a los dirigentes sindicales, al movimiento indígena y a todo aquel que no se deja uniformar del pensamiento oficial, claramente el gobierno con los representantes de la derecha pretenden desprestigiar a la oposición y así garantizar su permanencia en el poder a través de futuros eventos eleccionarios.
Todo ocurre en extraña sincronía con una acumulación de sucesos relacionados con los DDHH, manifestados en el tratamiento del estado a los sectores populares así como a los pueblos y nacionalidades, con la cuestionada  aprobación de leyes y la tardanza de otras como la Ley de Aguas, La Ley Orgánica de Educación.., y con un sistema de seguridad social  que viene funcionando bajo condiciones muy precarias.
La política es el arte también de manejar las coincidencias, los accidentes y el azar de la coyuntura, y esto es precisamente lo que menos han aprendido los revolucionarios verdeagüita, por tanto la estrategia de desprestigiar a los sectores de izquierda, a los dirigentes sindicales y al movimiento indígena en medio de la tragedia social que vive la mayoría del pueblo ecuatoriano, a la cual lejos de generarles fuentes de trabajo se le ofrece limosna, revela su incapacidad de solucionar los problemas sociales e impulsar el verdadero cambio por el cual apostamos una mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas.
Seguramente la receta de Alexis Mera presunto servidor de CIA desde el Gobierno de Febres Cordero, hoy recomienda que a los de sectores de izquierda, a los dirigentes sindicales y al movimiento indígena hay que combatirlo porque tienen  “esa seducción para articular descontentos sociales y de allí empalmar con el clima de insurgencia” que se construye. “La desactivación de voces con credibilidad y legitimidad es el comienzo de una lucha que es larga contra los que propagan el marxismo…”.  Es decir la táctica de la revolución ciudadana es un regreso a la guerra fría clásica, pero con una apariencia “más refinada”.