La derrota de Lasso no es triunfo del correato

Las huecas declaraciones desde Carondelet reconociendo la derrota en las seccionales y en la consulta del 5 de febrero, ha resultado algo así como una tragedia nacional para la derecha criolla e internacional; que como lo dije en un comentario anterior, solicitan a un CNE corrupto un recuento de la humillación que le propinara los sectores populares. Esto confirma la aseveración de Antonio Machado, quien decía que “los señoritos y la derecha representan un señoritismo de la peor especie que invocan la patria para venderla”.

 Este gobierno es como Judas, –presuntamente recibió un millón y medio de “denarios” provenientes del narcotráfico y la banca– para financiar candidaturas y la campaña del SI, con el propósito de hacerse los ciegos y sordos, como en efecto está sucediendo, ante una trama de corrupción en las entidades públicas “encabezada” por Danilo Carrera, cuñado del presidente; Rubén Cherres y Aparicio Caicedo –asesores de Carrera–; Hernán Luque y Juan Carlos Reina –funcionarios del Banco de Guayaquil–; y otros que son investigados por la Fiscalía General del Estado, casos que Lasso pretende ocultarlos, llegando a aseverar que confía plenamente en los narco generales de la Policía y las Fuerzas Armadas a quienes el gobierno norteamericano les retiró la visa.

De los resultados de las pasadas elecciones, la derecha acusa a Lasso de ser el culpable del supuesto repunte del correato, incluso el propio Rafael Correa se siente como el “dios Zelensky” atribuyéndose el triunfo del NO. Cierto es, que ganaron prefecturas y alcaldías en provincias y ciudades grandes. Sin embargo, Pachakutik y Unidad Popular también alcanzaron importantes triunfos en otras provincias y ciudades pequeñas, pero no menos importantes. Lo que es innegable, es que el triunfo del NO, les corresponde a los sectores populares, en rechazo a la política miserable del gobierno del encuentro, que ha conducido a la pauperización de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Así que la derrota de Lasso, no es triunfo del correato.

Lasso y la derecha están aterrados ante el despertar de la conciencia popular. Los correistas también lo están, saben que el pueblo no olvida las sabatinas y la judicialización de la protesta social, instrumentos que sirvieron para atemorizar, cancelar, perseguir, encarcelar y asesinar a quienes se opusieron al correato, instrumentos que también fueron utilizados por Lenin Moreno y por Guillermo Lasso. Tal es la verdadera fisonomía social de la camarilla que gobierna desde el 2007.

El presidente Lasso pretende llevar adelante una dictadura blanda, cuya esencia reside en un intento constitucional de disolver la Asamblea Nacional y convocar a una muerte cruzada. Artificio que lo convierte en dictador por un año. Algunos sectores políticos caducos y corrompidos respaldan esa patraña.

Serán los trabajadores, campesinos y estudiantes, así como los profesionales progresistas y los sectores de izquierda, quienes opongan resistencia a esta orgía politiquera que como monstruosos pulpos se engordan a expensas de la inmensa mayoría de los ecuatorianos esquilmados por la corrupción.

 

La Consulta Popular, “un tiro por la culata”

La Consulta Popular tuvo el propósito de catapultar más allá de la realidad al desprestigiado y débil gobierno del encuentro. Para la derecha y para quienes apoyaron el sí, la consulta no fue más que una cortina de humo para esconderle al país la desastrosa gestión y los escándalos de corrupción que salpican al propio presidente Guillermo Lasso.

La consulta popular pretendió valerse de la desesperación ciudadana, solamente le interesaban los resultados de la consulta y no resolver los graves problemas que afectan al país. Lasso rehuyó a los debates públicos, pero aprovechó todos los medios de comunicación para confundir al pueblo; y, sin embargo, en especial los sectores populares le dijeron NO al presidente Lasso, al gobierno y la derecha.

Las preguntas fueron tramposas porque: Se dijo de extraditar a narcotraficantes, pero no a los corruptos por peculado. No se quería dar autonomía a la fiscalía sino controlarla. Se pretendió reducir asambleístas a las provincias pequeñas. Sobre los movimientos políticos, si algo falta en el Código de la Democracia corresponden reformas vía Asamblea Nacional. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, suponía el reparto de la designación de las 77 autoridades y los miembros del mismo entre los asambleístas y el gobierno. La Constitución con claridad dispone la protección de las áreas hídricas y el agua como un derecho humano superior a la explotación minera. Y sobre la compensación ambiental solamente se requiere de voluntad política y presupuesto.

El Presidente Lasso, como no logró el apoyo en la Asamblea Nacional para la aprobación de proyectos que le permitan privatizar las empresas públicas y entregar a las transnacionales la explotación petrolera y minera, intentó a través de la consulta ganar el apoyo de los ecuatorianos y así demostrar que tiene liderazgo y hacer realidad el proyecto neoliberal. Un banquero, solo sabe de estrategias para acumular más riqueza. Lasso no conoce que el liderazgo político –que le hace falta– se gana dialogando con todos los sectores, con alianzas políticas transparentes, con políticas públicas que resuelvan los problemas más profundos del país.

El CNE ha hecho público el triunfo del NO, hay que estar atentos porque el gobierno y la derecha ya muestran su alevosa intensión de manipular los resultados a su favor. He escuchado a ciertos actores políticos heridos por la bala de los resultados, exigir el recuento de votos de la consulta y que se acogerán al derecho a la resistencia. Estos señoritos ignoran que este derecho constitucional concede a los sectores populares la posibilidad de oponerse a los abusos del poder y no a la defensa de los patrimonios y capitales mal habidos.

Al Presidente Lasso le salió el tiro por la culata, el pueblo votó NO, porque todas las preguntas apuntaban a concentrar mayor poder en la presidencia y a convertir la Asamblea Nacional en un botín político para repartirse la administración pública, dejando de lado problemas como la corrupción, delincuencia, narcotráfico, pobreza y desempleo del país.