División en Alianza País, oportunidad para recuperar espacios de poder

El extendido malestar en el oficialismo se evidenció el martes 31 de octubre, cuando la cúpula decidió alejar a Lenin Moreno de la presidencia de alianza país. Se trataba de un casorio impuesto por el ex presidente Correa, del que ya se sabía cuál iba a ser el final, el divorcio, la división de la fanaticada verde agüita.
Si bien la situación desatada al interior del movimiento oficialista debería concernir a su militancia, no es menos cierto que la fragmentación crea una indiscutible inestabilidad política. El asambleísta Augusto Espinosa decía no sentirse "representado por la coordinación" del movimiento, en referencia a Ricardo Patiño. Sin embargo ahora sostiene “que mediante reuniones públicas en el palacio presidencial, el Gobierno Nacional estuvo buscando la división del partido”, inclusive que se haya resucitado y encaminado al hombre del maletín hacia la asamblea nacional.
Recordemos que la testarudez del expresidente Rafael Correa lo llevó a disponer la persecución y enjuiciamiento a los dirigentes sociales y populares que no se uniformaban con su política o que se hayan atrevido a contradecirlo, peor aún si promovieron alguna protesta popular. Su obsesión llegó al extremo oficializar la división de las organizaciones civiles y populares, disponiendo la conformación paralela de gremios de trabajadores, indígenas, maestros y estudiantes, para que se encarguen, no defender los derechos y garantías sociales, sino de convertirse en centrales proselitistas de eso que se dieron por llamar revolución ciudadana.
La situación educativa, agravada hoy por los casos de acoso y violaciones sexuales en escuelas y colegios, evidencia la inoperancia de la gestión educativa. Gestión que durante el periodo anterior y también en el actual, se adorna con la propagandización de una infraestructura escolar que responde más a negociados y al pago de favores que a las necesidades de las comunidades, puesto que con las denominadas escuelas del milenio se cerraron cientos de escuelas rurales y que por la falta de transporte se dejó a miles de niños del campo sin acceso a la educación. Además se impusieron políticas educativas retrogradas que marginaron las reales aspiraciones de profesionalización y de ingreso a las universidades públicas a millares de jóvenes.
Finalmente, no vayamos a creer que la fragmentación de alianza país en la Asamblea Nacional, favorecerá al presidente Moreno y menos al pueblo ecuatoriano. Cuidado, puede ser la oportunidad para que la derecha política recupere sus espacios de poder.

Decreto 193 abre camino para recuperación de libertad de asociación

Tras una década de imposición de una política de represión, persecución y privaciones de la libertad a la dirigencia popular; las organizaciones sociales saludan la decisión del presidente Moreno de derogar los Decretos Ejecutivos 16 y 739, con los cuales se disolvió y pretendió controlar y acallar a los movimientos no afines a la revolución ciudadana, como en efecto se hizo con la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la ONG Pachamama.
La decisión no es gratuita. Es el resultado del dialogo propuesto por el presidente Moreno y de la lucha y acción popular del pueblo ecuatoriano por concienciar al gobierno actual sobre la necesidad de “no tener ningún vestigio de un Estado burocrático y controlador", que movilizó a las fuerzas policiales y militares para intimidar permanente a las organizaciones sociales y ciudadanas. Este Estado prepotente fomentó el servilismo a través de la creación de organizaciones paralelas con una dirigencia fanática y servil, que en la práctica se convirtió en el brazo político o en las tiendas proselitistas de alianza país.
Cuando se emitió el decreto 016, varias organizaciones sociales, mostraron su preocupación e incluso presentaron un amparo constitucional contra el citado decreto que iniciaba violentando la Carta Magna, al desconocer de forma implícita el derecho a la organización de la sociedad civil y al amenazar “legalmente” a aquellas organizaciones que no se hayan registrado bajo las condiciones del correísmo.
Un viejo objetivo era eliminar a la UNE, el gremio de los maestros defensor de la educación fiscal y de las causas populares, por tanto, la piedra en el zapato de eso que llamaban revolución ciudadana, para ello, el Decreto 016 resultó ideal. Con él se dispuso la criminalización de las organizaciones populares de hecho y la judicialización civil y penal de la lucha popular. Se trató de una persecución política a quienes se resistieron a avalar un régimen autoritario que a pesar de denominarse revolucionario, encarnó una forma de dominación caudillista que el presidente Moreno se apresta a desterrar.
Sin embargo, para que todas las organizaciones sociales y no gubernamentales recuperen su derecho constitucional de libertad de asociación, hace falta se elimine la potestad del gobierno para la disolución sin ofrecer las garantías procesales ni de juzgamiento. Por eso, y a propósito del aniversario de la Revolución de Octubre y parafraseando a Lenin, los maestros y los ciudadanos sabemos que “marchamos en pequeños grupos unidos por un camino escarpado y difícil, rodeados por todas partes de enemigos,… precisamente para luchar contra ellos”.

Estado exige a la escuela resolver los males sociales

Las violaciones sexuales a niños en el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil, es uno más de los casos de acoso y abuso sexual perpetrados contra niñas y niños en planteles educativos, centros deportivos, iglesias y otros sitios, donde buena parte de responsabilidad corresponde a la ineptitud del Estado.
No se trata de justificar nada. Pero tampoco puede exigirse solo a la escuela resolver todos los males sociales, mientras el Ministerio de Educación es incapaz de generar consensos para mejorar el sistema educativo. Es urgente ejecutar una labor de educación y formación en las escuelas y colegios conforme manda la Constitución, es decir, garantizar la integridad de la niñez y para prevenir todo tipo de violencia sexual que cometen los adultos y también entre niños.
Las charlas descontextualizadas que ofrecen los departamentos de consejería estudiantil, deben reforzarse con actividades destinadas a prevenir, detectar y eliminar la violencia sexual y otros abusos a menores, y a la par transversalizar la educación sexual en la malla curricular y en la formación del profesorado.
Nos entusiasmamos con ser una sociedad impregnada de buenos modales y valores éticos, sin embargo callamos y callan sobre todo, quienes tienen el compromiso de cuidar y proteger a la niñez. Seguramente, es doloroso denunciar a quienes se supone son nuestros seres queridos. Cómo explicar a los niños y niñas que han de protegerse de quienes les deberían amar, de sus padres, de sus hermanos, de sus profesores, presuntos y potenciales abusadores sexuales.
La violencia, el acoso y abuso sexual a menores en escuelas y colegios es un drama viejo, muy conocido y silenciado por los padres de familia, por los directivos de los planteles y por las autoridades de educación. No hay escuela o colegio exento a estos males, que en buena parte desembocan en bajo desempeño y deserción escolar, así como a una elevada tasa de embarazos en niñas y adolescentes.
Es incomprensible que la familia calle. Pero es más terrible que ningún director o rector quiera denunciar estos hechos de violencia contra los menores por temor a que su plantel se desprestigie, pero alardean en sus proyectos educativos, que su misión es responsabilizarse por la educación integral de los estudiantes.
El miedo, el silencio o negligencia de los directivos y autoridades educativas, es un hecho censurable y delictivo. Por tanto, debe ser sancionado administrativa y penalmente, sin ninguna distinción de tipo político o religioso.