La crisis institucional y política que atraviesa hoy el Ecuador no constituye un hecho aislado ni una simple anomalía coyuntural; representa la confirmación palpable de la verdadera naturaleza del régimen actual. Bajo la figura de Daniel Noboa presenciamos la consolidación descarada de una dictadura de clase que utiliza causas judiciales inventadas, proscribe a partidos de la oposición y acusa de terrorismo a la dirigencia popular para salvaguardar los privilegios de una oligarquía servil y subordinada a los mandatos de Washington.
Esta fachada de "democracia burguesa" solo
busca adormecer las conciencias, promoviendo una alienación sistemática basada
en el consumo mientras sepulta la dignidad de las mayorías. A los sectores más
vulnerables se pretende hacerles creer que las instituciones vigentes velan por
sus necesidades, cuando en realidad lo determinante es la lógica de la
explotación y la acumulación del capital a costa del hambre popular. En esta
maquinaria destructiva, con bonos a la juventud se le arrebata la capacidad
rebelde; mientras la vejez es condenada al desamparo en materia de salud.
Para sostener este engaño estructural, el poder cuenta
con economistas serviles que justifican el despojo para enriquecer a parásitos
ociosos, analistas y periodistas alineados al relato oficial, y una burocracia
nefasta que bendice las inequidades. No obstante, cuando la mentira mediática y
la manipulación resultan insuficientes para frenar el descontento social, el gobierno
se quita su careta decorativa y muestra su auténtico rostro oligárquico a
través del uso ilegítimo de las fuerzas represivas.
El adelantamiento sospechoso de comicios, ilegalización
de la oposición, hostigamiento a liderazgos indígenas y autoridades locales, y
la abierta injerencia sobre los órganos constitucionales evidencian la
fragilidad política de un gobierno sin legitimidad popular. La doctrina militar
impuesta desde la “Casa Blanca” tilda de narcoterrorista a la protesta
organizada para justificar ejecuciones, violaciones de la soberanía y una
persecución incansable focalizada en la juventud y los sectores empobrecidos.
Ante esta barbarie institucionalizada, no cabe ninguna
ilusión ni pacto con el sistema represivo. La democracia burguesa no es más que
el disfraz técnico del despojo y la desigualdad social. La respuesta debe
articularse desde la organización popular, la dignidad histórica de las clases
trabajadoras y la resistencia firme en las calles, donde verdaderamente se
construye la soberanía, la justicia y la emancipación de nuestro pueblo frente
a la opresión del capital.
