En Ecuador la relación entre la falta de oportunidades educativas, la exclusión social y el auge de la delincuencia organizada está creando un panorama alarmante para la juventud del país. Con un medio millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y con 300 mil jóvenes fuera del sistema educativo, el país enfrenta una crisis social que constituye un verdadero caldo de cultivo para el reclutamiento al crimen organizado. Esta situación refleja una problemática estructural que es aprovechada por redes criminales que ven en la juventud una mano de obra vulnerable y fácilmente manipulable.
La educación es clave para el desarrollo humano, pero en Ecuador, más de tres millones de niños, adolescentes y jóvenes están en riesgo de caer en la pobreza extrema, situación que generalmente va de la mano con la exclusión educativa. La falta de recursos, problemas familiares y violencia hacen que la educación sea poco accesible para muchos, limitando su desarrollo y dejándolos vulnerables a la violencia. Quedarse fuera de la escuela, no solo limita su desarrollo intelectual, sino que también los aísla de un entorno que puede protegerlos de la violencia y el crimen.
La delincuencia organizada recluta jóvenes por su vulnerabilidad y falta de oportunidades, usándolos para actividades ilícitas como tráfico de drogas, secuestros y extorsiones. Este reclutamiento temprano impacta en la ejecución de crímenes violentos. Según el SNAI, 1 de cada 4 personas privadas de libertad en Ecuador tiene entre 18 y 29 años, reflejando la alta participación juvenil en delitos. Durante los operativos mayormente son los jóvenes los más aprehendidos, mientras que los líderes de las organizaciones criminales quedan impunes. Se podría asegurar que en el Ecuador el propio sistema penitenciario está profesionalizando el crimen. El 30% de los reclusos son reincidentes, lo que indica que las cárceles no rehabilitan, sino que perfeccionan la delincuencia, afectando especialmente a jóvenes con delitos menores.
El desafío no solo consiste en exigir a los nuevos gobernantes que asignen el 6% del PIB a la educación, para garantizar una educación de calidad a toda la población; también es responsabilidad de todos, especialmente de las personas de los sectores populares, votar por candidatos con los que se sientan representados. Estos candidatos, al no haber formado parte de los gobiernos de turno ni haber estado involucrados en actos de corrupción, deben ser quienes generen oportunidades educativas y laborales, para que la juventud se convierta verdaderamente en el motor de desarrollo de sus comunidades, y no quede atrapada en las redes de la delincuencia organizada.
