Así como la democracia es la herramienta fundamental para el desarrollo y el bienestar social de los pueblos; el derecho a la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y humano. Por tanto, es nuestra responsabilidad defenderlas, cuidarlas y perfeccionarlas para asegurar que las futuras generaciones vivan en un entorno más equitativo y en mejores condiciones.
La democracia es fundamental para garantizar la participación equitativa y transparente de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Un viejo concepto de democracia es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Sin embargo, en Ecuador, el gobierno no es del pueblo, no se gobierna por el pueblo y tampoco es para el pueblo. La democracia burguesa solo permite vivir con dignidad, respeto y libertad a las élites económicas y políticas.
Nuestra democracia a lo largo de la historia ha sido representativa. Aunque la participación es vital para que las personas aprendan a pensar en grupo y tomar decisiones informadas sobre los problemas de la comunidad y el país, el Gobierno y el Ministerio de Educación le niega a la escuela que cumpla su rol con la niñez, adolescencia y juventud, como es enseñar y practicar la democracia, incorporando una verdadera educación ciudadana y promoviendo el pensamiento crítico mediante debates que resalten los valores democráticos y el respeto por la pluralidad.
El sistema educativo ecuatoriano, se desarrolla en un complejo escenario de crisis integral. La labor que debería promoverse desde el Ministerio de Educación en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la seguridad social tan anhelada por el pueblo, no es ni de lejos el reflejo de como el sistema educativo debe influir en la formación de una sociedad más justa y equitativa.
La Constitución del Ecuador, establece en el artículo 26 que "la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado". Mientras que la Ley Orgánica de Educación Intercultural contempla la obligatoriedad, gratuidad y acceso de la niñez y adolescencia a la educación básica y el bachillerato. Es decir que el Estado no puede eludir la obligación de asignar el 6% del PIB para la educación bajo ningún pretexto.
Finalmente, es nuestra responsabilidad que las presentes y futuras generaciones no se lamenten tanto por la corrupción que cometen los gobiernos perversos; como del estremecedor y conformista silencio de buena parte de la gente.
