Es en la escuela donde se forja la niñez y juventud con los conocimientos, habilidades y valores que les permite contribuir al progreso de sus comunidades. La educación también es decisiva para la cohesión social, la participación ciudadana y la reducción de las desigualdades. Paulo Freire reiteraba que los docentes deben ser más solidarios en la lucha contra las inequidades.
Durante las dictaduras militares, a punta de metralla nos impusieron un sistema educativo denominado nacionalista y revolucionario que, en realidad, fue un sistema opresor que profundizó la dependencia. A casi cinco décadas la realidad es la misma. Ahora los déspotas que gobiernan el país son elegidos por un pueblo desmemoriado y desclasado, los ministros designados a dedo para pagar favores; y el miedo lo imponen las bandas delincuenciales y la corrupción institucionalizada.
La presencia de la delincuencia se manifiesta desde el acoso y la violencia entre estudiantes, la infiltración de pandillas y el tráfico de drogas dentro y fuera de las instituciones educativas, hasta amenazas de muerte y chantajes económicos a docentes y directivos. Estas problemáticas no solo ponen en peligro la integridad física, sino que, afectan la calidad de vida y trabajo, generan un clima de inseguridad que dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje.
Son miles de estudiantes y docentes a lo largo y ancho del país que asisten a clases en medio de balaceras del crimen organizado, provocando deserción escolar y perpetuando el ciclo de pobreza y marginalización.
El gobierno ofreció un “plan de escuelas seguras” para dar seguridad en los centros escolares y para prevenir la delincuencia; nada de eso se ha logrado. La UNE y otras organizaciones sociales reclaman del gobierno políticas públicas que garanticen la seguridad en los entornos educativos; es obvio que no se ha involucrado de forma efectiva a las fuerzas militares y policiales con la comunidad; tampoco se ha capacitado al personal docente en seguridad escolar, no hay cámaras de vigilancia ni se han creado protocolos de respuesta ante situaciones de riesgo para disuadir la delincuencia y proteger a los estudiantes.
Finalmente, para que la educación contribuya al desarrollo del país, es necesario que el Estado invierta el 6% del PIB que contempla la Constitución, así podrá promoverse una educación emancipadora que contemple alimentación y útiles escolares, educación en valores, convivencia y resolución pacífica de conflictos.
Solo atacando las causas estructurales de la delincuencia, como la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo y la exclusión social, se podrá garantizar un entorno seguro y propicio para que la educación cumpla su papel transformador en la vida de las personas y en el desarrollo de los pueblos.
