La violencia que se genera en las cárceles del país no es novedad, por el contrario, tras las declaraciones de los funcionarios responsables de que todo está controlado, la ciudadanía y en especial los familiares de los detenidos están angustiados por una eminente nueva masacre.
A pesar de las declaraciones de los Ministros de Gobierno e Interior y los altos mandos de la Policía Nacional, que aseguran que se ha disminuido los delitos en calles y domicilios, nos encontramos con una población carcelaria que continúa creciendo aceleradamente. Actualmente, Ecuador se encuentra entre los países más peligrosos del mundo y con más presos en relación con la población.
Es muy trágico que las muertes violentas en las cárceles se dispararon a números muy dolorosos, los datos son públicos, ya no son necesarias estadísticas, en lo que va de este gobierno ya superan las quinientas y los heridos sobrepasa las dos mil personas, definitivamente, el gobierno del banquero Guillermo Lasso no ha podido frenar las matanzas ni el ingreso de armas, pese a que el Estado está obligado a brindar seguridad y evitar este tipo de hechos.
El problema real de la violencia carcelaria, radica en la organización y el diseño del sistema penitenciario. Ecuador es el único país del mundo donde los policías desde fuera cuidan a los policías y guías que están dentro de las cárceles; mientras los reos de diversas bandas se cuidan y se matan entre ellos mismos. No hay nada más paradójico que esto.
La verdadera base del problema radica, en acumulación del capital, la distribución de la riqueza y el ingreso, dado por las desiguales relaciones sociales y la estratificación social derivada de ellas, expresadas en explotación, dominación, subordinación y antagonismos entre clases sociales. Entonces la violencia criminal no es más que un catalizador de las disputas protagonizadas por las organizaciones criminales y de narcotráfico que ante la ineficacia de las autoridades y en no pocas con la complicidad de éstas, se reparten espacios para ampliar el control de los mecanismos de chantaje y sicariato, que se afianzan por el individualismo y la indiferencia de la sociedad.
Pero el fondo de la inseguridad ciudadana, no es solo el pesimismo de la gente, sino que la tendencia es cada vez más evidente a que el gobierno del encuentro se ha postrado y carcomido en sus funciones esenciales de administrar el país, lo cual se derrumba –aún más– por el crecimiento irreversible de la corrupción pública.
Cualquier solución a la inseguridad ciudadana y a la violencia en las cárceles, para que sea efectiva y con efectos a largo plazo, atraviesa por el tratamiento de los grandes males sociales que sufren las mayorías de la población; el desmonte de las políticas neoliberales y por la capacidad política para revertir la crisis que se vive, caso contrario, toda posibilidad de amortiguar los impactos del crimen organizado, quedaran en nada.
