Las justas movilizaciones de protesta iniciadas el pasado 13 de junio, trascienden más allá de los pueblos y nacionalidades indígenas. El descontento popular como fuerza social a lo largo del paro lejos de debilitarse ha cobrado fuerza y apoyo de otras organizaciones sindicales y sociales, solidaridad que se ha constituido en un factor decisivo en el reclamo de derechos para todo el pueblo, en el combate a las políticas económicas excluyentes, privatizadoras e inhumanas y en la defensa de la soberanía nacional.
El pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional han sido testigos de una poderosa represión a los manifestantes y a la dirigencia de las organizaciones indígenas y de distintos sectores sociales; violencia provocada por la tozudez gubernamental que ya suma a su haber cinco muertos, decenas de heridos cientos de detenidos arbitrariamente. El delito es, luchar por la libertad, anteponer su vida con rebeldía para enfrentar la cobardía del gobierno neoliberal, del gobierno entreguista, del gobierno de zapatos rojo-sangre, del gobierno del banquero hambreador que, con una posición más o menos dictatorial junto a las cámaras de producción y empresariales, a los grandes medios de comunicación, a la policía y a las fuerzas armadas estimulan la violencia y la discriminación racial y social contra los sectores populares. Leónidas Iza, quien recalcó que “no han venido a dejar regando la sangre de los hermanos aquí, que llegaron con una propuesta”.
El presidente Guillermo Lasso con oídos solo para los grupos de poder, ha logrado la deslegitimidad de su gobierno y en su afán de recuperar credibilidad y poder, en cadena nacional anunció que se deja sin efecto el estado de excepción decretado en las provincias del norte del país, pero acto seguido vuelve a decretarlo en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana y al mismo tiempo rompe el monólogo de diálogo enfatizando que la policía y las fuerzas armadas harán uso progresivo de la fuerza para contrarrestar la movilización nacional
Más allá de la mediación de la Iglesia, -que de paso también es causante de la crisis-, la protesta del pueblo triunfó. Algunos resultados son la firma de decretos para controlar la especulación, declarar en emergencia la salud pública, condonar deudas hasta los tres mil dólares, bajar costo de la urea al cincuenta por ciento, disminuir en quince centavos el precio de la gasolina eco, aumentar el presupuesto para la Educación Intercultural. Falta temas como el cumplimiento de la equiparación salarial docente, la explotación petrolera y minera, la creación de fuentes de trabajo, la inseguridad ciudadana.
La CONAIE, la FENOCIN y la FEINE, así como el FUT y la UNE llaman a reforzar las organizaciones, la lucha y la unidad del pueblo para exigir que el gobierno cumpla los acuerdos alcanzados y los derechos consagrados en la Constitución y las leyes. Caso contrario, se corre el riesgo de que Lasso y sus lacayos en los próximos días distorsionen los compromisos según los intereses de los banqueros y empresaurios.
