El gobierno del desencuentro sigue marcando de pretexto que la crisis económica se debe a la pandemia. La esperanza de mejores días no es tal, en particular para los sectores rurales, suburbanos y marginales de las grandes ciudades. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de desempleo actualmente afecta al 10 % de la población económicamente activa. En Ecuador hay cerca de 5 millones de desempleados y empleados informales, así el creciente desempleo empeora las condiciones de vida generando desesperación, pobreza y hambre en los ciudadanos.
La semana que concluye, la televisión quiteña informaba que ante un llamado de la empresa EMASEO para 200 vacantes auxiliares de aseo y recolectores de basura, se presentaron alrededor de ocho mil aspirantes. A esto hay que sumar, que a pesar que el salario básico oficialmente es de 425 dólares, buena parte de los empleados informales ganan entre 250 y 300 dólares mensuales, mientras el valor de la canasta básica supera los 750 dólares. Eso evidencia la cruda realidad que por la necesidad de llevar el pan diario a los hogares se vive en todo el país.
Ahora el gobierno nacional mantiene la tesis de que el aumento de la fuerza de trabajo, los ingresos de los hogares y la cohesión social y, posiblemente, la cohesión política, podrían durar años. Esta perspectiva laboral, por cierto, tétrica, delata a la derecha criolla y al neoliberalismo, además representa un deterioro sustancial con respecto a las ofertas de campaña presentadas por el presidente Lasso, tirando por tierra aquello de reducir el desempleo mediante la creación de dos millones de fuentes de trabajo, incluso está en riesgo el cumpliMIENTO del salario básico a 500 dólares.
Corresponde a los partidos políticos de izquierda, un programa de acción no “para volver a la normalidad” sino para lograr un cambio sustancial en el sistema administrativo que esté centrado en el ser humano. Las elecciones seccionales están a la puerta y, los candidatos deben nacer de las entrañas del pueblo para que sean ellos quienes planteen una recuperación inclusiva y sostenible que lleve los servicios básicos a toda la población.
El sistema de gobierno y el aparato productivo público y privado han demostrado su incapacidad para incorporar a una mayor población económicamente activa, lo cual desarticula el tejido social, se evidencia una creciente migración de las familias de las comunidades rurales, en especial de mujeres, niños y jóvenes.
Unidad Popular junto a las organizaciones populares para superar la injusticia y la pobreza aspiran llegar a los gobiernos seccionales para reconstruir el régimen público de tal forma que se aborden las desigualdades sistémicas y estructurales y otros problemas sociales y económicos, como el cuidado del medio ambiente, la minería responsable; y la elaboración de políticas para hacer frente a las lacras de la injusticia, la miseria y el desempleo.
