Las maestras y maestros comprometidos con el desarrollo del país, están convencidos que en la niñez y juventud reside el presente y el futuro de la sociedad; conciben que su tarea principal a partir de una educación emancipadora, es contribuir a enmendar el daño causado a los pueblos por el neoliberalismo durante décadas de abandono. Los docentes saben bien que, si no ayudan a sacarlos de la ignominia y oscurantismo, serán culpables que de los campos o de las ciudades no puedan salir un Rocafuerte, un Alfaro, un Montalvo, un Isidro Ayora, un Benjamín Carrión o un Jaime Hurtado González de los muchos ocultados que hay en el mundo de los excluidos.
Pronunciamiento del Gobernador Salvador Alvarado, el 16 de septiembre de 1915, al finalizar el Primer Congreso Pedagógico de Yucatán en México. Frases que cobran vigencia, porque son los docentes quienes tienen a su cargo el importante deber, de educar sin claudicaciones y con la certeza de que están contribuyendo a construir la Patria nueva.
Sin embargo, el escenario socio-económico y político del magisterio es una asignatura pendiente en todos los gobiernos de turno. En los últimos años, el Econ. “Mashi” Correa, agravó la situación, estableció un sistema punitivo de evaluación, eliminó la Ley de Escalafón Docente disminuyendo tres categorías, desconoció la personalidad jurídica gremial, etc., etc., generando un clima social convulsionado que desembocó en protestas y movilizaciones, muchas de ellas reprimidas, con saldos de extrema violencia, asesinatos, encarcelamientos, despidos, persecución y un ambiente de criminalización de la protesta social desde el poder. Todo esto, lo empeora aún más el Presidente Lenin Moreno, negándose a pagar el salario fijado por el Ministerio de Trabajo en el año 2015, el cual equiparó a los docentes como servidos públicos de categoría 3 con un salario de 986 dólares.
Estos hechos repercuten de manera directa en los procesos de enseñanza y condiciones de vida de los docentes, cuya dignidad es agredida nuevamente por la posición neoliberal del Presidente Guillermo Lasso, quien inicialmente se negó a reconocer el Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobado por la Asamblea Nacional y posteriormente sancionado de manera favorable por la Corte Constitucional. Ahora, a través de pactos con aquellas redecillas paridas durante la década robada, pretende regatear y postergar hasta el año 2024 el pago de la equiparación salarial conforme a la ley.
Se repite la historia, el papel de los docentes en la sociedad será revalorizado para ocupar su verdadero lugar como sujetos generadores de desarrollo, solo a partir de la unidad magisterial y popular.
