La mayoría de los ecuatorianos, eligieron al señor Guillermo Lasso, básicamente en rechazo al correato y esperanzados en hallar una solución a la crisis heredada del proyecto correato-morenista que afecta al país. En este sentido, la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional es percibida como una oportunidad que pudiera avizorar un nuevo horizonte para el mejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano que se debate en medio de la pobreza, así como para combatir la política putrefacta.
Se daba por cerrado un acuerdo entre la bancada socialcristina y el correato, o más bien entre Jaime Nebot y Rafael Correa, que además involucraba al partido CREO, sin embargo, la prevista elección de Henry Kronfle, del PSC a la presidencia del legislativo, como dice el refrán, “se quemó en la puerta del horno” dando al traste, al menos por el momento, las pretensiones de proseguir con la política neoliberal, y de dejar en la impunidad los últimos catorce años de institucionalización de la corrupción.
Las alianzas políticas sino son el resultado de un acuerdo amplio y de largo plazo, no funcionan, si han sido producto de un pacto coyuntural impuesto por los intereses momentáneos, aunque en el caso de la Asamblea Nacional se dijo que es para dar “gobernabilidad”. Así se eligió, a Guadalupe Llori de Pachakutik a la presidencia de la Asamblea Nacional; y a Virgilio Saquicela de la Alianza CREO-Independientes y a Bella Jiménez de Izquierda Democrática, en las vicepresidencias. Mientras que el CAL quedó integrado por Darwin Pereira de PK, Nathalie Arias de CREO, Ronny Aleaga de UNES y Johanna Moreira de la ID. Quizá no hayan sido los intereses mezquinos y el miedo factor para excluir actores importantes.
Es necesario tener presente que más allá de las buenas intenciones, está la formalidad del sistema, las instituciones y las leyes que históricamente –incluso durante las “dictaduras”, las cúpulas económicas y empresariales del país han sabido controlar sin necesidad de estar en el poder, pues se las arreglan para que los funcionarios públicos y “politiquillos” se adhieran más que a sus ideas a su intereses hegemónicos, lo cual les ha permitido configurar un Estado que favorezca sus intereses de clase. Por lo que, tarea principal de la nueva legislatura, es la generación de leyes que cambien esta cruda realidad, a fin de que las políticas económica, financiera, cambiaria, crediticia, fiscal, minera, energética, agrícola, educativa, laboral y en especial la sanitaria, alivien los grandes males del pueblo ecuatoriano.
El nuevo gobierno y la Asamblea Nacional, deben saber que los sectores populares y las organizaciones sociales, protagonistas principales del esperado cambio, se mantendrán en alerta y listas para aportar, pero que cuando se trate de protestar en oposición a todo lo que pueda postergar la atención a sus necesidades y se afecten sus derechos es imposible ponerle freno; precisamente su virtud es la interpelación radical a sus opresores que agrandan las lacras sociales.
