Todos los gobiernos parafrasean que la educación es un derecho fundamental de la niñez y la adolescencia, pero jamás ha sido el eje transcendental para fundamentar las decisiones de carácter educativo, por el contrario, han respondido a intereses coyunturales y de grupo. El gobierno ha hecho de la educación en todos sus niveles, una mercancía privada y desleal con los sectores populares, al punto, que el acceso a la educación básica elemental resulta un tormento, y a la educación superior se torna casi imposible.
La disposición de regresar a clases en pleno rebrote de la pandemia, es una acción que no precisamente se basa en los intereses prioritarios de la niñez. Puesto que la decisión conlleva exponer a los niños del sector rural y marginal a situaciones de vulnerabilidad, que para el ministerio de educación resultan secundarias. Sabemos que la infraestructura en los planteles rurales carece de las elementales condiciones de seguridad sanitaria, están desprovistas de agua potable e instalaciones higiénicas. Además, la mayoría de los alumnos de las escuelas convocadas no cuentan con la tecnología ni los recursos para utilizar las plataformas virtuales, sin embargo, sino regresan a las aulas, quedarían totalmente marginados del sistema educativo, viviendo así, su permanente lucha de clases.
No es lo mismo educación oficial que educación para la libertad. La tecnocracia del ministerio de educación, ha vendido la idea perversa de que están ofreciendo una educación de calidad y gratuita como dispone la Constitución, pero en la práctica, han abierto las puertas a la privatización de la educación. Han machacado tanto la frase: “solo la educación salva al pueblo”, que lo único que han logrado es una educación para la dependencia, sometida a los intereses de la burguesía y el capitalismo.
Desde el rechazo correísta en el 2012, el pasado martes, la Asamblea Nacional, retomó el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación. Esta vez, el magisterio junto a la UNE logra ciertos avances en el proceso de recuperación de derechos para los estudiantes y los docentes. Isabel Vargas Torres, señaló que el proyecto de Ley reformatorio, recoge una parte de las propuestas trabajadas con los maestros, padres de familia y comunidad, entre los cuales se destacan: se refuerza la protección a la niñez para librarla del acoso y delitos sexuales; inclusión de docentes especializados para la enseñanza artística y cultural; se incorporan docentes expertos para estudiantes con discapacidad; se elimina el examen Ser bachiller; se sustituye el fracasado bachillerato general unificado por el bachillerato en ciencia, técnico, productivo y artes; para los docentes se rescata el escalafón de 10 categorías que el correato lo redujo a siete, teniendo como base para la primera categoría 2 SBU; se plantea también la jubilación a los 30 años sin límite de edad.
Una vez más, se confirma que los derechos de estudiantes y docentes se defienden con unidad y lucha, rechazando las dadivas que ofrece el sistema, humillando la dignidad e inteligencia de maestros y maestras.
