Tras una década de imposición de una política de represión, persecución y privaciones de la libertad a la dirigencia popular; las organizaciones sociales saludan la decisión del presidente Moreno de derogar los Decretos Ejecutivos 16 y 739, con los cuales se disolvió y pretendió controlar y acallar a los movimientos no afines a la revolución ciudadana, como en efecto se hizo con la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la ONG Pachamama.
La decisión no es gratuita. Es el resultado del dialogo propuesto por el presidente Moreno y de la lucha y acción popular del pueblo ecuatoriano por concienciar al gobierno actual sobre la necesidad de “no tener ningún vestigio de un Estado burocrático y controlador", que movilizó a las fuerzas policiales y militares para intimidar permanente a las organizaciones sociales y ciudadanas. Este Estado prepotente fomentó el servilismo a través de la creación de organizaciones paralelas con una dirigencia fanática y servil, que en la práctica se convirtió en el brazo político o en las tiendas proselitistas de alianza país.
Cuando se emitió el decreto 016, varias organizaciones sociales, mostraron su preocupación e incluso presentaron un amparo constitucional contra el citado decreto que iniciaba violentando la Carta Magna, al desconocer de forma implícita el derecho a la organización de la sociedad civil y al amenazar “legalmente” a aquellas organizaciones que no se hayan registrado bajo las condiciones del correísmo.
Un viejo objetivo era eliminar a la UNE, el gremio de los maestros defensor de la educación fiscal y de las causas populares, por tanto, la piedra en el zapato de eso que llamaban revolución ciudadana, para ello, el Decreto 016 resultó ideal. Con él se dispuso la criminalización de las organizaciones populares de hecho y la judicialización civil y penal de la lucha popular. Se trató de una persecución política a quienes se resistieron a avalar un régimen autoritario que a pesar de denominarse revolucionario, encarnó una forma de dominación caudillista que el presidente Moreno se apresta a desterrar.
Sin embargo, para que todas las organizaciones sociales y no gubernamentales recuperen su derecho constitucional de libertad de asociación, hace falta se elimine la potestad del gobierno para la disolución sin ofrecer las garantías procesales ni de juzgamiento. Por eso, y a propósito del aniversario de la Revolución de Octubre y parafraseando a Lenin, los maestros y los ciudadanos sabemos que “marchamos en pequeños grupos unidos por un camino escarpado y difícil, rodeados por todas partes de enemigos,… precisamente para luchar contra ellos”.
La decisión no es gratuita. Es el resultado del dialogo propuesto por el presidente Moreno y de la lucha y acción popular del pueblo ecuatoriano por concienciar al gobierno actual sobre la necesidad de “no tener ningún vestigio de un Estado burocrático y controlador", que movilizó a las fuerzas policiales y militares para intimidar permanente a las organizaciones sociales y ciudadanas. Este Estado prepotente fomentó el servilismo a través de la creación de organizaciones paralelas con una dirigencia fanática y servil, que en la práctica se convirtió en el brazo político o en las tiendas proselitistas de alianza país.
Cuando se emitió el decreto 016, varias organizaciones sociales, mostraron su preocupación e incluso presentaron un amparo constitucional contra el citado decreto que iniciaba violentando la Carta Magna, al desconocer de forma implícita el derecho a la organización de la sociedad civil y al amenazar “legalmente” a aquellas organizaciones que no se hayan registrado bajo las condiciones del correísmo.
Un viejo objetivo era eliminar a la UNE, el gremio de los maestros defensor de la educación fiscal y de las causas populares, por tanto, la piedra en el zapato de eso que llamaban revolución ciudadana, para ello, el Decreto 016 resultó ideal. Con él se dispuso la criminalización de las organizaciones populares de hecho y la judicialización civil y penal de la lucha popular. Se trató de una persecución política a quienes se resistieron a avalar un régimen autoritario que a pesar de denominarse revolucionario, encarnó una forma de dominación caudillista que el presidente Moreno se apresta a desterrar.
Sin embargo, para que todas las organizaciones sociales y no gubernamentales recuperen su derecho constitucional de libertad de asociación, hace falta se elimine la potestad del gobierno para la disolución sin ofrecer las garantías procesales ni de juzgamiento. Por eso, y a propósito del aniversario de la Revolución de Octubre y parafraseando a Lenin, los maestros y los ciudadanos sabemos que “marchamos en pequeños grupos unidos por un camino escarpado y difícil, rodeados por todas partes de enemigos,… precisamente para luchar contra ellos”.
