Como siempre las consecuencias de las catástrofes castigan más a los sectores modestos de la población; sea por la estrechez, tipo y ubicación de sus viviendas en sitios muy expuestos a las calamidades naturales, o por la falta de recursos, más aún cuando las tragedias llegan en medio de crisis económicas y falta de fuentes de trabajo.
El terremoto en la costa ecuatoriana o el desborde del río Damas que arrasó la parroquia Alluriquín, no es solamente un problema telúrico o climatológico como se plantea; la verdadera tragedia que sufren los pueblos, es la dependencia y el olvido de cada uno de los gobiernos de turno.
El gobierno junto a los grupos empresariales y la derecha política dicen que la solidaridad debe ser “sin banderías políticas”; mientras por otro lado atacan a los sectores populares que han comenzado a organizarse para decir basta a cada una de las medidas neoliberales que imponen los organismos de “desarrollo” internacional con el pretexto de obtener recursos.
En estos días se evidencia que el hambre y la necesidad de la gente tienen carácter de clase. La repetida y reciente actitud de prepotencia del Mandatario que manda a callar y amenaza con meterlos a la cárcel por pedir agua. También tiene carácter de clase la desesperación popular, pues la desorganización en la entrega de la ayuda contrasta con la gran cantidad de efectivos policiales y militares para “cuidar la propiedad privada”.
El oficialismo se enoja porque se exige la conformación de veedurías ciudadanas para controlar que los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, efectivamente sean destinados para lo que se dice y no para tapar otros huecos fiscales generados por la crisis y no por la catástrofe.
Finalmente hay que recordar que la prensa de Haití, luego del siniestro telúrico informaba que “la ayuda internacional no es sino una empresa lucrativa disfrazada de obra de caridad”. Lo cual es cierto. Durante la Conferencia Mundial de los Pueblos celebrada en Brasil: se afirmaba que “aproximadamente el 70% de los fondos de la ayuda internacional destinada a los países en desarrollo acaba en las arcas de las empresas y ONG de los países donantes”. Es decir, lejos de ayudar, esta dinámica crea una relación de dependencia que obstaculiza el desarrollo e impide la organización popular para la defensa de la democracia y las libertades sociales.
