Para
tener una “Patria para siempre” es necesaria que el timón no cambie de rumbo y
mucho menos de capitán, para lo uno y lo otro urge la reelección indefinida,
que no es más que otro tiempo y espacio que duran hasta que el pueblo tome
conciencia de su deber.
Con el
cuento de la reelección indefinida nos torpedean con que no son reformas sino enmiendas
y que por tanto no hay necesidad de consulta popular sino simplemente de que
las otras funciones del Estado, en particular la Asamblea Nacional, tramite con
premura las “sugerencias” del primer mandatario, ya que en la Constitución de
Montecristi se cometió un error al establecer que “Las autoridades de elección
popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo
cargo” y además porque se acorta el tiempo legal para que la esperada enmienda
sea aplicada para las elecciones generales de 2017.
Desde
luego que el Presidente Correa manifiesta no él no quiere ser candidato, que
hay que dar paso a la juventud, que por eso hay que disminuir el requisito de
la edad a treinta años; pero que si la oposición sigue molestando, si lo será.
Lo cierto
es que en medio de esta discusión, que desde luego afecta a todos, se esconden
una serie de “enmiendas” que afectan a los trabajadores y a los sectores
populares. Aunque se pone de relieve que la enmienda favorecerá a las grandes
mayorías, en la práctica se restringen estos derechos y por el contrario se
promueve una burocracia parasitaria y la eliminación de la descentralización
cambiando las responsabilidades del gobierno central por una estructura
clientelar hacia los municipios.
El
Gobierno “revolucionario muestra mucha facilidad para rodearse de personajes de
la derecha. Sin embargo rechaza el dialogo con los sectores progresistas, con
los trabajadores y con las organizaciones sociales a las que se esfuerza por
dividirlas.
Es
incompresible que precisamente en este gobierno que se dice de izquierda, los
trabajadores y sectores populares consideren que es cuando más han sido
afectados en sus derechos. Afectaciones
que se iniciaron en el 2008 y recientemente con el Decreto 16, en el que se
violan los derechos colectivos como la libertad de reunión e incluso se violan
los principios constitucionales como el derecho a la organización y a la
resistencia.
