El 6% del PIB, clave para el Desarrollo Nacional y la Justicia Social

“Es la hora de garantizar educación inclusiva, de calidad y emancipadora transformadora para su juventud” Doseret

La educación es el motor que impulsa el desarrollo de los pueblos, y en Ecuador, destinar el 6% del PIB a este sector no es un capricho, sino una necesidad urgente para garantizar un futuro digno y equitativo. La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se erige como un instrumento clave para lograrlo, pero solo podrá cumplir su propósito si se abordan dos aspectos fundamentales: asegurar este porcentaje de inversión y establecer políticas educativas de largo plazo, blindadas contra intereses partidistas y los vaivenes de gobiernos de turno.

Un Ecuador que realmente apueste por su juventud es un Ecuador que construye un sistema educativo capaz de dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y habilidades necesarios para acceder a una universidad, un empleo digno y ser actores en la transformación de los problemas sociales, políticos y económicos. Además, el sistema debe proteger a la niñez y juventud, alejándolas del reclutamiento por bandas delincuenciales, y garantizar que las familias no sufran por falta de cupos escolares ni por deficiencias en la calidad de la enseñanza. Todas las instituciones educativas, sean urbanas o rurales, públicas o privadas, deben ofrecer igualdad de oportunidades, sin excepciones.

La LOEI, nacida del clamor y la lucha popular, ha enfrentado innumerables ataques bajo los gobiernos de Correa, Moreno, Lasso y ahora Noboa, quienes han argumentado falta de recursos para evitar la equiparación salarial. Sin embargo, la resistencia del magisterio unionista, a través de huelgas de hambre y movilizaciones masivas, fue clave para evitar su derogación. Hoy, esa misma fuerza se levanta para exigir al presidente Noboa que cumpla con su deber constitucional y emita un reglamento que no solo respete la ley, sino que garantice calidad educativa y derechos para estudiantes, familias y docentes.

Los profes Jorge Escala, Andrés Quishpe, Gilbert Granda y Edison Castillo junto a los candidatos de Unidad Popular, garantizarán un sistema educativo justo y equitativo esencial para construir un futuro de desarrollo nacional y justicia social, a través del establecimiento de políticas públicas sostenidas donde el 6% del PIB no sea una promesa vacía, sino la base para construir un país más justo, solidario y próspero para todos.

Entre el poder económico y la esperanza popular

En el Ecuador, el poder político siempre ha estado subordinado a los intereses de los grupos económicos criollos y extranjeros que trascienden a los gobiernos electos. Aunque el voto popular elige a los presidentes, es evidente que quienes realmente controlan las decisiones estratégicas son las élites económicas y los sectores empresariales que financian y respaldan las campañas electorales.

Este fenómeno propio del sistema capitalista no solo distorsiona la democracia, sino que también eterniza un sistema que prioriza los intereses privados sobre los públicos. Las leyes, políticas y decisiones estatales a menudo están diseñadas para beneficiar a estos grupos en lugar de responder a las necesidades de los sectores populares, que cada 4 años se ilusionan con un cambio que mejore sus condiciones de vida.

La derecha, tradicionalmente respaldada por los sectores empresariales, ha dominado el escenario gubernamental en gran parte de la historia ecuatoriana. Al perpetuar modelos económicos extractivistas y leyes que privilegian el libre mercado, ha logrado mantener un statu quo favorable para los intereses de las clases dominantes. La derecha, producto de la corrupción e impunidad, ha dejado de lado problemas estructurales como la inseguridad, la desigualdad, el desempleo, y el acceso limitado a derechos básicos como salud, educación y vivienda. Continuar votando por estos sectores que prometen el oro y el moro, implica perpetuar la inequidad social y la exclusión de las grandes mayorías.

Por otro lado, los candidatos de izquierda buscan redistribuir recursos, fortalecer servicios públicos y reducir desigualdades mediante políticas redistributivas y derechos sociales. Sin embargo, enfrentan resistencia de la plutocracia, de los grandes medios de comunicación y las presiones de organismos internacionales como el FMI y el BM, lo que dificulta la implementación de los proyectos orientados a un cambio estructural de justicia social y económica.

El futuro del Ecuador no depende solo de las urnas, sino de la determinación de su pueblo para impulsar un cambio real, sostenible y comprometido con el bienestar colectivo y el desarrollo del país. Sin embargo, este éxito dependerá más de la capacidad de movilización ciudadana y de las organizaciones sociales y de trabajadores, indígenas, juventud y mujeres de los sectores populares urbanos y rurales dispuestas a respaldar estas transformaciones, que para las elecciones generales 2025, representa Unidad Popular, listas 2.