“Es la hora de garantizar educación inclusiva, de calidad y emancipadora transformadora para su juventud” Doseret
La educación es el motor que impulsa el desarrollo de los pueblos, y en Ecuador, destinar el 6% del PIB a este sector no es un capricho, sino una necesidad urgente para garantizar un futuro digno y equitativo. La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se erige como un instrumento clave para lograrlo, pero solo podrá cumplir su propósito si se abordan dos aspectos fundamentales: asegurar este porcentaje de inversión y establecer políticas educativas de largo plazo, blindadas contra intereses partidistas y los vaivenes de gobiernos de turno.
Un Ecuador que realmente apueste por su juventud es un Ecuador que construye un sistema educativo capaz de dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y habilidades necesarios para acceder a una universidad, un empleo digno y ser actores en la transformación de los problemas sociales, políticos y económicos. Además, el sistema debe proteger a la niñez y juventud, alejándolas del reclutamiento por bandas delincuenciales, y garantizar que las familias no sufran por falta de cupos escolares ni por deficiencias en la calidad de la enseñanza. Todas las instituciones educativas, sean urbanas o rurales, públicas o privadas, deben ofrecer igualdad de oportunidades, sin excepciones.
La LOEI, nacida del clamor y la lucha popular, ha enfrentado innumerables ataques bajo los gobiernos de Correa, Moreno, Lasso y ahora Noboa, quienes han argumentado falta de recursos para evitar la equiparación salarial. Sin embargo, la resistencia del magisterio unionista, a través de huelgas de hambre y movilizaciones masivas, fue clave para evitar su derogación. Hoy, esa misma fuerza se levanta para exigir al presidente Noboa que cumpla con su deber constitucional y emita un reglamento que no solo respete la ley, sino que garantice calidad educativa y derechos para estudiantes, familias y docentes.
Los profes Jorge Escala, Andrés Quishpe, Gilbert Granda y Edison Castillo junto a los candidatos de Unidad Popular, garantizarán un sistema educativo justo y equitativo esencial para construir un futuro de desarrollo nacional y justicia social, a través del establecimiento de políticas públicas sostenidas donde el 6% del PIB no sea una promesa vacía, sino la base para construir un país más justo, solidario y próspero para todos.
