En el Ecuador, el poder político siempre ha estado subordinado a los intereses de los grupos económicos criollos y extranjeros que trascienden a los gobiernos electos. Aunque el voto popular elige a los presidentes, es evidente que quienes realmente controlan las decisiones estratégicas son las élites económicas y los sectores empresariales que financian y respaldan las campañas electorales.
Este fenómeno propio del sistema capitalista no solo distorsiona la democracia, sino que también eterniza un sistema que prioriza los intereses privados sobre los públicos. Las leyes, políticas y decisiones estatales a menudo están diseñadas para beneficiar a estos grupos en lugar de responder a las necesidades de los sectores populares, que cada 4 años se ilusionan con un cambio que mejore sus condiciones de vida.
La derecha, tradicionalmente respaldada por los sectores empresariales, ha dominado el escenario gubernamental en gran parte de la historia ecuatoriana. Al perpetuar modelos económicos extractivistas y leyes que privilegian el libre mercado, ha logrado mantener un statu quo favorable para los intereses de las clases dominantes. La derecha, producto de la corrupción e impunidad, ha dejado de lado problemas estructurales como la inseguridad, la desigualdad, el desempleo, y el acceso limitado a derechos básicos como salud, educación y vivienda. Continuar votando por estos sectores que prometen el oro y el moro, implica perpetuar la inequidad social y la exclusión de las grandes mayorías.
Por otro lado, los candidatos de izquierda buscan redistribuir recursos, fortalecer servicios públicos y reducir desigualdades mediante políticas redistributivas y derechos sociales. Sin embargo, enfrentan resistencia de la plutocracia, de los grandes medios de comunicación y las presiones de organismos internacionales como el FMI y el BM, lo que dificulta la implementación de los proyectos orientados a un cambio estructural de justicia social y económica.
El futuro del Ecuador no depende solo de las urnas, sino de la determinación de su pueblo para impulsar un cambio real, sostenible y comprometido con el bienestar colectivo y el desarrollo del país. Sin embargo, este éxito dependerá más de la capacidad de movilización ciudadana y de las organizaciones sociales y de trabajadores, indígenas, juventud y mujeres de los sectores populares urbanos y rurales dispuestas a respaldar estas transformaciones, que para las elecciones generales 2025, representa Unidad Popular, listas 2.
