Del derecho al silencio al derecho a la resistencia

La declaraciones del Presidente Correa, “de haber cedido a la novelería del muchacho de 60 años”, quien le habría pedido incluir el derecho a la resistencia en la Constitución de Montecristi, dejan en evidencia quien fue el verdadero jefe de redacción de la misma y la intención de cumplir la Carta Magna según sus conveniencias.

A criterio del Mandatario, el derecho de los individuos y colectivos a ejercer el derecho a la garantizado en el artículo 98 de la Constitución, está siendo utilizado por la CONAIE y el FUT para desestabilizar al Gobierno.

Conocedores del tema reafirman, que el derecho a la resistencia está presente en la mayoría de constituciones del mundo, que efectivamente sirve, para que el pueblo, pueda en forma individual o colectiva exigir que sus derechos no sean atropellos por los poderes públicos.

El sector empresarial y la derecha política, invocando a Bolívar en el sentido de que “el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de seguridad social y estabilidad política”, a su debido tiempo manifestaban que el referido artículo 98, abre las puertas para que los trabajadores y grupos de izquierda hagan polémica de todo, promoviendo movilizaciones y confrontaciones de inesperadas consecuencias.

El haber cesado al Congreso Nacional de 2007, fue un acto constitucional, sin embargo también fue una demostración de arrogancia casi similar al hecho actual de mantener una Asamblea Nacional sumisa al Poder Ejecutivo y despojada de su esencia legislativa, que ratifica la herencia política e ideológica de la derecha oligárquica presente en el actual gobierno.

Es penoso que la burocracia para asegurarse el poder y permanencia en el Gobierno, además de recurrir a la exagerada propaganda política y al culto a la personalidad, utilice medidas policiales o de persecución contra líderes populares y de oposición política.

Todos los ecuatorianos debemos reclamar el reconocimiento no solo del derecho a la resistencia sino de nuevos derechos que garanticen el anhelado buen vivir. No hacerlo, sería avalar un régimen autoritario que a pesar de denominarse revolucionario, poco a poco va encarnando una forma de organización caudillista.

No podemos seguir hablando del derecho a la resistencia un día y luego acogernos al derecho al silencio, porque nos resulta más cómodo o por miedo.

Paz sin polémica para silenciar a sectores populares

El sórdido calificativo del más cercano colaborador de Febres Cordero y Rafael Correa realizado al Arzobispo de Guayaquil, es otra estrategia del ala derecha de la revolución ciudadana para entretener al pueblo ecuatoriano.

No creo que alguien tenga licencia para asegurar que la Iglesia ecuatoriana no ha estado involucrada en la política y en la disputa de espacios de poder. Lo ha hecho con grupos como el Opus Dei, Tradición Familia y Propiedad y desde luego con la burguesía criolla; y en aplicación de la Doctrina Social se ha acercado hasta los barrios populares, donde sectores cercanos a la Teología de la Liberación han sido cuestionados y perseguidos.

No sé si más de la derecha y menos de la izquierda, tampoco si “recadera insolente”, lo cierto es que de una u otra forma la Iglesia ha sido protagonista de la historia social y política del país, su voz ha sido escuchada con una credibilidad importante, razón por la que precisamente los grupos socio políticos y económicos la han buscado cediéndole parte del poder político.

Sin duda alguna, la Iglesia ha sido parte activa en la redacción de la veintena de constituciones -incluida la última-, de la aprobación de leyes y reglamentos y especialmente del manejo paralelo del sistema educativo nacional.

La Iglesia hasta bien avanzada la década del ochenta estaba alineada con el Partido Conservador y luego con el Social Cristiano, resistiendo o enfrentándose a los sectores populares que forjaban por la unidad y solidaridad para exigir un gobierno democrático que garantice soberanía, libertad y dignidad.

Que el Arzobispo porteño haya expresado e incluso exigido que el dialogo nacional debe gozar de mayor credibilidad y ampliarse a todos los sectores, no es malo ni nuevo. Reitero, aún en estos tiempos, lo mismo que en las sabatinas se califica de “desestabilizadores”, desde los púlpitos los sacerdotes consideran “comunistas” a quienes no tiñen de verde su conciencia, a quienes luchan por el agua y contra la elección indefinida.

Al igual que el tema Yasuní, la enseñanza de religión en los planteles fiscomisionales y el aborto como un derecho entre otros, se convirtieron en problemas políticos que traspasaron la barrera ética que la Iglesia logró monopolizar.

En conflicto llegó a final feliz. Los Premieres de la Iglesia y el Gobierno acordaron “quedar en paz y ya no hacer más polémica” para juntos silenciar a los sectores populares.

La dignidad no se fabrica ni se implora

Con el triunfo del actual Presidente, buena parte del pueblo ecuatoriano abrigó la posibilidad de que un gobierno de orientación progresista, cambiaría la estructura del Estado a favor de los sectores populares; y, que con la Constitución del 2008, se iniciaría un rumbo distinto al neoliberalismo. Sin embargo la posibilidad no es la realidad.

La bonanza petrolera fue la fuente para que, en una especie de baratillo populista, se construyan alianzas coyunturales tipo electoral, descuidando la verdadera alianza con las masas y con las organizaciones populares, a las que se pretendió someterlas al pensamiento único. Pero la caída del precio del crudo polarizó la lucha de clases, convirtiendo a todo aquel que se opone al caudillismo en desestabilizador de la democracia burguesa que promueve y defiende alianza país.
Los sectores populares y el propio Gobierno deben convencerse, que la dignidad no se fabrica ni se implora, se la conquista forjando la unidad, pero ello depende de cómo se logre el respaldo popular y de la preparación ideológica, moral y técnica de líderes para que ejerzan con honestidad y éxito lo que dispone la Constitución, y al mismo tiempo distinguir y confrontar a la derecha y al oportunismo, que también luchan por impedir los cambios fundamentales que los ecuatorianos necesitamos para lograr el anhelado buen vivir.
No solo se trata de hacer política para el pueblo, sino con el pueblo. No es aceptable continuar con la política del divide y reinaras, debilitando la institucionalidad de las organizaciones sociales y despotricando de las conquistas y de sus dirigentes cuando le son ajenos a sus objetivos y cálculos políticos. No puede hablarse de unidad utilizando las mismas muletillas y maniobras de la derecha, creando organizaciones paralelas y con un proselitismo goebbeliano convocar a la burocracia a protagonizar “vigilias”, dizque “para salvar la revolución”.
La lucha debe enfocarse contra el neoliberalismo y no contra el sindicalismo. Acaso olvidaron, si es que alguna vez aprendieron o lo leyeron, que el revolucionario, es ante todo un luchador social clasista, por tanto, unionista, honesto, solidario y ante todo humanista. El revolucionario respeta a las organizaciones y a las mazas y le interesa su porvenir, no les persigue ni encarcela. Por el contrario defiende la institucionalidad y lucha por la más amplia unidad popular para derrotar a la pobreza y al neoliberalismo.