Creer en el Gobierno significa postergar las esperanzas de una vida digna

La verdadera gestión del gobierno del desencanto se mide con la opinión de la gente de a pie, y no la que se emite por los canales oficiales del gobierno. Incluso la propia burguesía dice que el presidente Lasso no da pie con bola en la administración del país y que no está defendiéndolos. Problemas como el subempleo y desempleo, el alza de los productos básicos, la escasez de vivienda popular, el deterioro de los servicios sociales y de salud, el difícil acceso a la universidad y, en especial el aumento de la inseguridad ciudadana y la institucionalización de la corrupción.

 Por tanto, seguir creyendo en el gobierno lassista significa aumentar la antipatía política por parte de los trabajadores y de los sectores populares. Es dar argumentos a los banqueros y a la extrema derecha para abrir el camino hacia una derrota electoral. Es configurar una situación crítica ante las mentiras de que se hacen grandes inversiones para resolver los problemas, la gente sabe que eso es falso, y lo sabe porque son quienes viven a diario la crisis. Callar a estas realidades que por décadas han servido para que la partidocracia se turne en el poder y desde allí, guardar o respaldar la mediocridad e inoperancia del régimen actual. Es el argumento inconsistente que ha sostenido a la derecha y al populismo dizque progresista de los últimos tiempos.

Los trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres y profesionales de los sectores populares exigen en primer lugar políticas públicas viables que contribuyan a paliar las consecuencias de la crisis social, económica y moral que vivimos; en segundo lugar, que estás políticas no correspondan a recetas del FMI. Caso contrario, será el propio régimen el responsable de nuevas movilizaciones para aumentar los salarios y pensiones al mismo ritmo de la inflación; para detener las intenciones de elaborar leyes laborales paralelas y excluyentes; para detener la venta de las empresas públicas; para exigir la baja de los intereses de la banca que son la causa de la inflación; para que cumpla con las ofertas de campaña de más empleos y más viviendas; para denunciar la injerencia del narcotráfico en el gobierno; para exigir se destine mayor presupuesto a la salud, educación y el pago a los jubilados: para demandar la amnistía por todos los presos y encausados ​​por luchas sociales de octubre de 2019 y junio de 2022; para exigir sanción a los asesinos de Alba Bermeo defensora del agua.

En fin, la lista de exigencias es larga, quizá se resuma en solo el pueblo salva al pueblo, en solo el pueblo puede reivindicar vivir con dignidad. Para ello, sigue vigente la movilización generalizada de los sectores populares, porque Lasso demuestra en los hechos, que prefiere cumplir con las obligaciones impuestas por la banca internacional y no con las necesidades del pueblo.

¿Quién paga las consecuencias de la guerra?

El gobierno y los agoreros de la empresa dicen que, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos entrado en una etapa de recesión de tal magnitud que las consecuencias aquejan a todos. Efectivamente, las guerras afectan a todos, especialmente a las clases populares que son despedidas de sus trabajos aumentando el desempleo y la carestía de la vida. Lo que no dicen, ni lo dirán jamás, es que la profunda crisis que vive el pueblo ecuatoriano, es parte de la crisis general del sistema capitalista y de la dependencia al imperialismo, que obliga al gobierno a disminuir los presupuestos de inversión social, condiciona los préstamos de la banca internacional a la entrega nuestros recursos naturales, postergando el desarrollo de la industria, la agricultura, la ciencia y la tecnología.

En lo que va del gobierno del desencuentro, el desempleo según fuentes oficiales es del 20% y el subempleo del 60%. El precio de la canasta básica y peor el de la canasta de la pobreza, está por encima del salario básico de 425 dólares. En este gobierno se han restringido los servicios de salud, se han repartido los hospitales favoreciendo a la corrupción, se ha desmantelado la provisión de medicinas; es decir, el gobierno con la ayuda del empresariado desmejora artificiosamente la seguridad social; mientras que la inseguridad ciudadana crece a lo largo y ancho del país. Se ha empezado la venta de varias empresas públicas, hay un malicioso proceso de privatización de la educación fiscal, la juventud no encuentra cupos para acceder a la universidad, etc., etc.

La invitación del gobierno del encuentro fracasó, ninguna de sus propuestas y promesas ha dado resultado ni se ha cumplido. El FMI y el BM exigen gobernabilidad y disminución del riesgo país; condiciones que ellos asumen como la eliminación de subsidios a los precios de los combustibles, consecuentemente el alza de los precios de productos y servicios de consumo básico; y particularmente, la desmovilización de los sectores sociales para poder ejercer su dominación de clase sin la protesta popular, para ello, se ayudan de los grandes medios de comunicación, del Opus Dei y de los enemigos de la izquierda política.

Volviendo al conflicto ruso-ucraniano, está claro que la guerra a Rusia no se le va a ganar, no nos engañemos. También está claro, que quien manda a Zelensky es el imperialismo americano, igual que mandan en Ecuador. Sino preguntémonos, ¿Quién mandó a sacar a Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres? EEUU, ¡verdad! ¿Quién pretende que el mundo esté bajo su control? EEUU. ¡verdad que sí!

Entonces, ¿Quién es el que puede poner fin a esta historia, a esta guerra? Son los EEUU, ellos decidirán hasta cuando. Porque quién va a pagar las consecuencias de la guerra y de la explotación no son los EEUU, son los pueblos, son los ciudadanos sumidos en la miseria.

Rechazar atropellos y defender derechos es responsabilidad de todos los y las docentes

Son diversos los aspectos que hacen a nuestra organización sindical un gremio excepcional. Sin duda, la razón principal de esta irrebatible verdad surge de los principios de unidad y lucha por los que hemos apostado hace ya más de siete décadas, cuando emprendimos el camino de defensa de la educación pública y los derechos del magisterio ecuatoriano.

Esquivar las dificultades y el oportunismo ha sido un aprendizaje constante con el que, lejos de debilitarnos o asumir una postura conformista y peor entreguista, nos hemos fortalecido, bajo la premisa de la unidad como bandera de lucha y punto de partida ante los más duros obstáculos impuestos por las dictaduras, la derecha y el populismo.

Pero, ¿qué hay detrás de nuestra unidad que, pese a todo, se mantiene férrea? Es nuestra cultura unionista y la voluntad política que nos otorga confianza en el logro de mejores días para toda la sociedad, aunque no siempre sean oídas por los gobiernos, proponemos alternativas a la problemática educativa y social, respondiendo al sentir de las maestras y maestros y del pueblo.

Si bien es cierto que la disposición de nuestros dirigentes al hacer desde la solidaridad, transparencia y, sobre todo, desde la unidad y lucha en pos del bien colectivo, es decisiva para el logro de nuevas conquistas, sin embargo, aún más decisiva es la participación de las bases, es la hora de dejar la comodidad y conformarse con la lucha de los demás, si fuera solo eso, hace ya mucho tiempo que el gobierno habría echado al traste la LOEI y la equiparación salarial.

En la UNE, la política de unidad es entendida como una herramienta para una educación emancipadora y de justicia social que defendemos, y no a una artimaña demagógica que contribuya al engaño de las bases ni que permita camuflar el oportunismo y entreguismo a los gobiernos de turno como estrategia servil para ocupar cargos directivos.  

La semana pasada se realizó en todo el país movilizaciones y plantones en defensa de la equiparación salarial que constitucionalmente rige a partir del 28 de octubre próximo. Sin embargo, el gobierno de manera antojadiza e inconsulta emite un Reglamente que inadmisiblemente reforma la LOEI y la Constitución. Dicho reglamento, en el Art. 118 irrespeta los 25 periodos de la jornada escolar. En la Transitoria Tercera, niega la entrega de nombramientos a los ganadores de concursos. Mientras que en las Transitorias 8, 9 y 10 exige requisitos que están contemplados para los procesos de ingreso, recategorización y ascenso de categoría, pero no para la equiparación salarial perjudicando a miles de maestros y maestras. 

Al respecto, nuevamente la UNE vence al gobierno del presidente Lasso y a la ministra Brown, que ahora públicamente reconoce y ratifica que la EQUIPARACIÓN SALARIAL se pagará desde el 28 de octubre, "porque es una disposición de la LOEI, de aplicación directa, QUE NO REQUIERE DE UN REGLAMENTO PARA SER IMPLEMENTADA"

Si bien hemos priorizado el dialogo, lo cual no nos quita el derecho a la resistencia contemplado en la Constitución por la vulneración de derechos, el rechazo de los atropellos no es solo voluntad de los unionistas, es responsabilidad de todos. Se trata de reconocernos como un magisterio con voluntad unitaria y política, hecho para vencer obstáculos.