Centenario de la Revolución Juliana, un legado vigente

El centenario juliano no debe quedarse en homenajes, sino convertirse en motor de lucha social para construir un Estado al servicio de las mayorías.

Este 2025 se conmemoró el centenario de la Revolución Juliana, hito histórico ocurrido el 9 de julio de 1925 cuando un grupo de jóvenes oficiales del ejército, inspirados por ideales patrióticos y de justicia social, se rebeló contra el orden establecido. En ese momento, el país estaba gobernado por una plutocracia liberal vinculada al poder bancario y agroexportador, que enriquecía a una élite mientras hundía a la mayoría en la miseria.

La Revolución Juliana nació del colapso de un modelo económico basado en las exportaciones de cacao, del creciente descontento de la clase media y de un incipiente movimiento obrero. Frente a la corrupción, el abuso y la desigualdad, los julianos, con el presidente Isidro Ayora promovieron una serie de reformas que marcaron la historia ecuatoriana: la creación del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Trabajo, la Caja de Pensiones, y una nueva legislación educativa y social, plasmada en la Constitución de 1929.

La reforma al artículo 81 de la LOSEP, incorporada en la Ley de Integridad Pública, que posterga por cinco años el derecho al estímulo por jubilación, constituye una regresión de derechos laborales. Esta reforma, aprobada sin debate público, afecta gravemente a los servidores que dedicaron décadas al servicio del país. Su aprobación refleja la política neoliberal que precariza al trabajador y debilita al Estado. Aunque la Ley “Lavinia” busca corregir este “error”, pero entregando las áreas protegidas a los grupos de poder, el hecho evidencia cómo una élite política puede vulnerar derechos conquistados.

Al cumplirse cien años de la Revolución Juliana, resulta urgente vincular este atropello con las causas que motivaron aquella gesta: la desigualdad, la exclusión y la resistencia de las élites a reformas estructurales. La Revolución Juliana intentó transformar un Estado oligárquico en uno más justo y popular. Hoy, cuando se arrebatan derechos como el estímulo jubilar, se revela que la lucha por justicia social sigue inconclusa. El centenario juliano no debe quedarse en homenajes, sino convertirse en motor de lucha contra nuevas formas de opresión.

Así como los revolucionarios de 1925 enfrentaron al poder financiero y terrateniente, hoy corresponde al pueblo enfrentar reformas regresivas impuestas desde el legislativo y ejecutivo. Defender el estímulo jubilar es defender la dignidad del trabajador y el principio de justicia social. El legado juliano implica rechazar el despojo, fortalecer lo público y construir un Estado al servicio de las mayorías.

Educación crítica para combatir la pobreza económica e intelectual

   "Solo la organización popular y una educación crítica pueden romper las cadenas de la miseria impuesta" Doseret

En las sociedades marcadas por la desigualdad, la pobreza no es un efecto colateral ni un fenómeno transitorio. Es, por el contrario, una herramienta funcional al sistema. El modelo capitalista, voraz y excluyente, necesita mantener a las mayorías populares sometidas, y lo hace a través de dos formas brutales de dominación: la pobreza económica y la pobreza intelectual.

La primera es visible, tangible y cotidiana. Se manifiesta en los estómagos vacíos, en la falta de techo, en los empleos precarios, en las largas colas por atención médica y en las escuelas sin recursos. Millones de personas viven atrapadas en la miseria, no por falta de esfuerzo, sino porque un orden injusto concentra la riqueza en manos de unos pocos. Las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio, la privatización de lo público y el endeudamiento perpetuo han configurado un escenario en el que la pobreza económica se reproduce y profundiza.

Pero la dominación no se completa sin su otra cara: la pobreza intelectual. Esta no se mide con cifras del FMI ni aparece en los titulares. Es más silenciosa, pero igual de letal. Es el resultado de una educación que no enseña a pensar, de medios que desinforman, de culturas que promueven la obediencia en lugar del pensamiento crítico. Se trata de formar sujetos dóciles, incapaces de cuestionar la raíz de su sufrimiento.

Cuando se combinan, estas dos pobrezas forman una cárcel perfecta: el hambre impide organizarse, y la ignorancia impide rebelarse. La pobreza intelectual lleva a naturalizar la explotación y a creer que el orden impuesto es el único posible.

Frente a esta realidad, no cabe el asistencialismo ni el conformismo. Lo que se necesita es una lucha política profunda y sostenida. La transformación no vendrá desde arriba, sino desde la organización de los pueblos, desde la construcción de poder popular, desde una educación emancipadora que forme sujetos críticos, y desde políticas económicas al servicio de las grandes mayorías.

Dar pan y libros no basta si no se despierta la conciencia que cuestione el origen de la pobreza. El sistema reproduce la miseria material y mental para someter a las mayorías, impidiéndoles pensar y luchar. Por eso, la verdadera liberación se alcanzará con organización y educación transformadora. Solo rompiendo las cadenas económicas y mentales, el pueblo podrá conquistar una vida digna, justa y libre.

Rechazo masivo a las medidas que amenazan la seguridad social

La crítica situación del IESS parece importar poco al presidente del Consejo Directivo, Édgar Lama, y menos al presidente Daniel Noboa. La crisis se agravó desde 2012, cuando el gobierno de Correa desvió fondos de los afiliados. Desde entonces, los informes actuariales advierten sobre déficits crecientes en los fondos de salud y pensiones. Estos problemas son consecuencia de la corrupción, la mala gestión y la aplicación de políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que buscan recortar derechos en lugar de fortalecer el sistema de seguridad social.

Durante la campaña presidencial, Noboa ofreció mejorar las condiciones de vida de los jubilados y dignificar la atención en salud. Sin embargo, tras el pírrico aumento de 20 dólares al salario básico unificado, a los jubilados, que llevaban cinco años con sus pensiones congeladas, apenas se les otorgó un incremento de 5 dólares. Un gesto indignante que revela la verdadera cara del gobierno frente a más de medio millón de personas mayores que entregaron su vida al trabajo.

Édgar Lama, quien asumió la presidencia del Consejo Directivo del IESS en junio de 2025, ha adelantado que el gobierno alista una reforma “técnica” para enfrentar la crisis, que incluiría subir la edad de jubilación, incrementar la aportación individual y reducir las pensiones. Medidas que, lejos de solucionar el problema, lo profundizarían, afectando directamente a quienes ya han cumplido su ciclo laboral.

El gobierno mantiene una deuda con el IESS superior a los 24 mil millones de dólares, sin voluntad política clara para saldarla. Además, no se avanza en el cobro de cerca de 11 mil millones de dólares que deben empleadores y patronos morosos. La inacción refleja un patrón de entreguismo, complicidad y abandono institucional.

En febrero pasado, movimientos sociales y populares realizaron una jornada nacional de defensa de la seguridad social. Exigieron al presidente Noboa parar los intentos de privatización, resolver la escasez de medicinas y desmantelar las redes de corrupción al interior del IESS. Solicitaron la renuncia inmediata de Richard Gómez Lozano – vocal nombrado a dedo en representación de los trabajadores, señalado como parte del deterioro institucional.

A esto se suma la negligencia y el desprecio a los docentes jubilados, a quienes se les sigue postergando el pago del estímulo establecido por la Constitución. Ese es el verdadero e inhumano rostro del actual modelo de gobierno.