El centenario juliano no debe quedarse en homenajes, sino convertirse en motor de lucha social para construir un Estado al servicio de las mayorías.
Este 2025 se conmemoró el centenario de la Revolución Juliana, hito histórico ocurrido el 9 de julio de 1925 cuando un grupo de jóvenes oficiales del ejército, inspirados por ideales patrióticos y de justicia social, se rebeló contra el orden establecido. En ese momento, el país estaba gobernado por una plutocracia liberal vinculada al poder bancario y agroexportador, que enriquecía a una élite mientras hundía a la mayoría en la miseria.
La Revolución Juliana nació del colapso de un modelo económico basado en las exportaciones de cacao, del creciente descontento de la clase media y de un incipiente movimiento obrero. Frente a la corrupción, el abuso y la desigualdad, los julianos, con el presidente Isidro Ayora promovieron una serie de reformas que marcaron la historia ecuatoriana: la creación del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Trabajo, la Caja de Pensiones, y una nueva legislación educativa y social, plasmada en la Constitución de 1929.
La reforma al artículo 81 de la LOSEP, incorporada en la Ley de Integridad Pública, que posterga por cinco años el derecho al estímulo por jubilación, constituye una regresión de derechos laborales. Esta reforma, aprobada sin debate público, afecta gravemente a los servidores que dedicaron décadas al servicio del país. Su aprobación refleja la política neoliberal que precariza al trabajador y debilita al Estado. Aunque la Ley “Lavinia” busca corregir este “error”, pero entregando las áreas protegidas a los grupos de poder, el hecho evidencia cómo una élite política puede vulnerar derechos conquistados.
Al cumplirse cien años de la Revolución Juliana, resulta urgente vincular este atropello con las causas que motivaron aquella gesta: la desigualdad, la exclusión y la resistencia de las élites a reformas estructurales. La Revolución Juliana intentó transformar un Estado oligárquico en uno más justo y popular. Hoy, cuando se arrebatan derechos como el estímulo jubilar, se revela que la lucha por justicia social sigue inconclusa. El centenario juliano no debe quedarse en homenajes, sino convertirse en motor de lucha contra nuevas formas de opresión.
Así como los revolucionarios de 1925 enfrentaron al poder financiero y terrateniente, hoy corresponde al pueblo enfrentar reformas regresivas impuestas desde el legislativo y ejecutivo. Defender el estímulo jubilar es defender la dignidad del trabajador y el principio de justicia social. El legado juliano implica rechazar el despojo, fortalecer lo público y construir un Estado al servicio de las mayorías.
