martes, 22 de junio de 2010

Cuba y la retórica de los derechos humanos

Salim Lamrani
Una constatación inicial
En Occidente, el nombre de Cuba se asocia inevitablemente a la problemática de los derechos humanos. Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema. Ningún otro país del continente americano se señala tanto con el dedo como la patria de José Martí, que dispone de una cobertura mediática desproporcionada en relación con su tamaño. En efecto, acontecimientos que pasarían desapercibidos en cualquier otra parte de América Latina o del mundo se difunden inmediatamente en la prensa internacional cuando se trata de Cuba.
Así, el suicidio en febrero de 2010 de Orlando Zapata Tamayo, un preso condenado por delitos comunes en Cuba se mediatizó mucho más que el descubrimiento, en enero de 2010, de una fosa común con 2.000 cadáveres de sindicalistas y militantes de los derechos humanos asesinados por el ejército colombiano. Del mismo modo, las manifestaciones de los opositores cubanos aparecen regularmente en la prensa occidental la cual, al mismo tiempo, censura las exacciones –¡Más de 500 casos de asesinatos y desapariciones!– que comete la junta militar, de Roberto Micheletti primero, y después de Porfirio Lobo, que gobierna actualmente en Honduras después del golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya.1
Estados Unidos justifica oficialmente la imposición de las sanciones económicas, en vigor desde julio de 1960 y que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana, en particular a las más vulnerables, por las violaciones de los derechos humanos. De 1960 a 1991, Washington explicó que la alianza con la Unión Soviética era la razón de su hostilidad hacia Cuba. Desde el desmoronamiento del bloque del Este las diferentes administraciones, desde Georges H. W. Bush hasta Barack Obama, han utilizado la retórica de los derechos humanos para explicar el estado de sitio anacrónico, el cual lejos de afectar a los dirigentes del país, hace pagar el precio de las divergencias políticas entre las dos naciones a los ancianos, las mujeres y los niños.2
Por su parte, la Unión Europea impone una Posición Común –¡La única en el mundo!– desde 1996 al Gobierno cubano, que limita los intercambios bilaterales, por las mismas razones. Esta estigmatización constituye el pilar de la política exterior de Bruselas respecto a La Habana y representa el principal obstáculo para la normalización de las relaciones bilaterales. Entre 2003 y 2008, la Unión Europea también impuso sanciones políticas, diplomáticas y culturales a Cuba por las mismas razones, por lo menos oficialmente.3
¿Una estigmatización legítima?
No se trata de afirmar que Cuba sea irreprochable en la cuestión de los derechos humanos y que allí no se comete ninguna violación. En efecto, Cuba está lejos de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos derechos fundamentales.
No obstante, conviene preguntarse por qué semejante estigmatización por parte de los medios occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Acaso Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos? ¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?
Para responder a estas preguntas, el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 brinda un enfoque interesante. Diez países –cinco del continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y cinco de la Unión Europea : Francia, Alemania, Reino Unido, España y la República Checa (líder del frente de las naciones que se oponen a la normalización de las relaciones con Cuba) serán sometidos a un análisis comparativo.4
Los derechos humanos en Cuba
Según AI, existen «severas restricciones sobre los derechos civiles y políticos» en Cuba. AI habla de «55 presos de opinión [encarcelados sólo por el hecho de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión]».5 En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI reconoce no obstante que estas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del Gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba», lo que constituye un delito de orden penal en Cuba y también en cualquier otro país del mundo.6
La organización subraya también que «varios [opositores] declararon haber sido golpeados durante su arresto». Graves restricciones pesan todavía sobre la libertad de expresión, según AI, pues «todos los grandes medios e Internet están bajo el control del Estado». Por otra parte, los sitios de los opositores se encuentran bloqueados en Cuba y sólo se pueden consultar desde el exterior. Varios disidentes fueron arrestados y luego liberados. AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos. Además, «las restricciones del derecho de circular libremente impidieron que periodistas, defensores de los derechos humanos y militantes políticos llevaran a cabo actividades legítimas y pacíficas». Así, la opositora Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para recibir un premio en Estados Unidos.7
No obstante, AI recuerda que en mayo de 2009 Cuba «fue elegida al Consejo de Derechos Humanos [ONU] para un nuevo mandato de tres años», ilustrando así que la mayoría de la comunidad internacional no comparte el punto de vista de Bruselas y de Washington respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba.8
Finalmente AI reconoce que las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba tienen «todavía efectos negativos sobre los derechos económicos y sociales de los cubanos. La legislación estadounidense que restringe las exportaciones hacia la isla de productos y de material fabricados o patentados por Estados Unidos siguen entorpeciendo el acceso a los medicamentos y a los equipos médicos». AI agrega que las agencias de las Naciones Unidas presentes en Cuba también «están penalizadas por el embargo».9
Así, como ilustra el informe de AI, Cuba no es irreprochable en términos de respeto de los derechos humanos.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad... Haga circular esta información
DOCUMENTO COMPLETO EN: www.rebelion.org/noticia.php?id=108084

20 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO INDÍGENA


Alrededor de 1000 indígenas que desde hace 10 días venían en caminata desde sus pueblos y nacionalidades, llegaron ayer a la primeras horas de la mañana al parque de El Arbolito, en Quito.
Marlon Santi, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)  encabezó las delegaciones que vienen para conmemorar 20 años del levantamiento Indígena y en especial para solicitar del Gobierno Nacional respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades

viernes, 18 de junio de 2010

LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN QUE LA CALLE LO DIRIMA


Henry Llanes,
Ecuador, 17 de junio de 2010
comunicadoresinterculturalesdelecuador@gruposyahoo.com


¿Por qué el gobierno de la revolución ciudadana nacional tiene tanto apuro e interés de reformar la Ley de Radio Difusión y Televisión? ¿talvez le preocupa que el soberano, que es el pueblo, se exprese libremente a través de los medios de comunicación denunciando la corrupción, la falta de control contra el crimen, el secuestro y el narcotráfico? ¿acaso no son estos hechos execrables los que debe controlar el gobierno nacional de manera urgente y eficiente? Mas aún, cuando tiene obligación constitucional de garantizar a las ecuatorianas y ecuatorianos a vivir en una cultura de paz, de seguridad integral, libre de corrupción, de erradicar la pobreza y promover el desarrollo sustentable para el buen vivir.
Lamentablemente, ante la ineficiencia del gobierno para controlar estos hechos, los criminales han impuesto su propia ley, la ley del crimen, todos los días matan a personas causando a sus familiares un dolor irreparable, respecto de los cuales, las organizaciones de derechos humanos tampoco dicen nada, se mantienen en absoluto silencio, una especie de silencio sepulcral.
Los criminales han logrado romper toda iniciativa de control del Estado, llámese fiscalía, fuerzas del orden y poder judicial. Son estos hechos los que debe controlar el gobierno nacional de manera urgente y no en si la reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión.
Junto a una política seguridad, una segunda tiene que ver con la generación de empleo para erradicar la pobreza, pero en ambos casos el régimen ha fallado, incumpliendo de manera expresa mandatos constitucionales, cosa igual sucede con la corrupción. De los tantos casos basta mencionar uno, lo del ministerio de deportes, luego de unos pocos días de reclusión, en la actualidad todos están libres disfrutando los dineros mal habidos.
¿A quién no le conviene que exista libertad de pensamiento, expresión y asociación? Generalmente a los gobiernos totalitarios, autoritarios y corruptos? Para que nadie los denuncie y les pida rendición de cuentas.
El gobierno de Correa quiere seguir administrando al Estado bajo una democracia de mayorías y no bajo una democracia consensos. Una democracia de mayorías impone la voluntad de las mayorías, es una especie de dictadura del voto, por eso es que durante los últimos treinta años han fracasado las democracias de mayorías. Una democracia de consensos es diferente, la mayoría es como un respaldo para negociar, no para imponer. Una democracia de consenso es fundamentalmente diálogo y acuerdos sobre aspectos fundamentales, significa respeto a la pluralidad ideológica y a la diversidad social, económica y política.
En una democracia de mayorías como la que rige en nuestros pueblos, resulta ingenuo pensar, que el ejecutivo respetará los acuerdos legislativos, cuando en sus manos tiene el poder veto, con el cual impondrá los textos que son de su conveniencia, los que le permitirán controlar sobre todo los contenidos informativos y de opinión, y no habrá en la Asamblea Nacional una mayoría de los dos terceras partes de sus miembros para ratificar lo aprobado por dicho organismo.
Si en democracia se cierran todos los caminos para el diálogo y los consensos, si no hay otra alternativa para defender los derechos de la libertad de pensar y de expresión frente a un poder gubernamental que quiere coartarlos, no queda otra alternativa que recurrir a la calle para defenderlos sin temor y sin claudicaciones.
La libertad de pensamiento y de expresión son parte fundamental de la vida, de los derechos humanos universales, por los cuales la humanidad ha luchado durante los dos últimos siglos.
¿Quiénes debe defender los derechos de la libertad de pensamiento y de expresión? Por supuesto la sociedad toda, los usuarios de los medios, los comunicadores sociales y los trabajadores de los medios.
Si la democracia cierra los caminos de la libertad de pensamiento y de expresión, entonces no es democracia, es cualquier otra cosa menos democracia.
Los derechos humanos universales hay que defenderlos por cualquier medio, con dignidad y valentía. Que la calle lo dirima.