Entre el poder económico y la esperanza popular

En el Ecuador, el poder político siempre ha estado subordinado a los intereses de los grupos económicos criollos y extranjeros que trascienden a los gobiernos electos. Aunque el voto popular elige a los presidentes, es evidente que quienes realmente controlan las decisiones estratégicas son las élites económicas y los sectores empresariales que financian y respaldan las campañas electorales.

Este fenómeno propio del sistema capitalista no solo distorsiona la democracia, sino que también eterniza un sistema que prioriza los intereses privados sobre los públicos. Las leyes, políticas y decisiones estatales a menudo están diseñadas para beneficiar a estos grupos en lugar de responder a las necesidades de los sectores populares, que cada 4 años se ilusionan con un cambio que mejore sus condiciones de vida.

La derecha, tradicionalmente respaldada por los sectores empresariales, ha dominado el escenario gubernamental en gran parte de la historia ecuatoriana. Al perpetuar modelos económicos extractivistas y leyes que privilegian el libre mercado, ha logrado mantener un statu quo favorable para los intereses de las clases dominantes. La derecha, producto de la corrupción e impunidad, ha dejado de lado problemas estructurales como la inseguridad, la desigualdad, el desempleo, y el acceso limitado a derechos básicos como salud, educación y vivienda. Continuar votando por estos sectores que prometen el oro y el moro, implica perpetuar la inequidad social y la exclusión de las grandes mayorías.

Por otro lado, los candidatos de izquierda buscan redistribuir recursos, fortalecer servicios públicos y reducir desigualdades mediante políticas redistributivas y derechos sociales. Sin embargo, enfrentan resistencia de la plutocracia, de los grandes medios de comunicación y las presiones de organismos internacionales como el FMI y el BM, lo que dificulta la implementación de los proyectos orientados a un cambio estructural de justicia social y económica.

El futuro del Ecuador no depende solo de las urnas, sino de la determinación de su pueblo para impulsar un cambio real, sostenible y comprometido con el bienestar colectivo y el desarrollo del país. Sin embargo, este éxito dependerá más de la capacidad de movilización ciudadana y de las organizaciones sociales y de trabajadores, indígenas, juventud y mujeres de los sectores populares urbanos y rurales dispuestas a respaldar estas transformaciones, que para las elecciones generales 2025, representa Unidad Popular, listas 2.

2025: Año nuevo que llega con la misma vieja crisis

 “No puede haber feliz año nuevo, si antes no nos reconciliamos con nuestra… si frente a las injusticias, no nos indignamos ante los opresores…”     Doseret

Durante el nuevo año, los ecuatorianos merecemos un gobierno patriótico y comprometido con la justicia social, que garantice salud, educación y empleo dignos. Un gobierno que enfrente y erradique el narcotráfico y la corrupción de la institucionalidad administrativa y política. En el 2025, tenemos la oportunidad de elegir un gobierno capaz de solucionar las dificultades económicas y los conflictos sociales agravados por la inseguridad. Es fundamental un gobierno que respete la protesta social y la movilización popular, derechos constitucionales que fortalecen la democracia y promueven un país más justo e inclusivo.

El 2024, el presidente Noboa reafirmó su papel como defensor de los intereses de la élite económica, evidenciando un carácter oligárquico y subordinado al poder estadounidense. En diciembre, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y la pesca ilegal, el presidente Noboa, contraviniendo la Constitución ecuatoriana, autorizó la instalación de una base militar estadounidense en Galápagos. Además, concesionó el campo petrolero Sacha, el más productivo del país, al consorcio chino-canadiense Sinopec-Stratus Energy, que ofreció un anticipo de 1.500 millones de dólares, poniendo en riesgo la soberanía nacional.

Frente a este panorama, el líder político Jaime Hurtado reafirma que “solo el pueblo salva al pueblo”. Por ello, es imprescindible contar con líderes que enfrenten las necesidades del pueblo, como Jorge Escala y Pacha Terán, quienes pueden dignificar la administración pública desde Carondelet. Con Andrés Quizhpe y Gilbert Granda, que legislen y fiscalicen desde la Asamblea para toda la población, y no solo para las élites privilegiadas. Y con Natasha Rojas al Parlamento Andino para una verdadera integración de los pueblos hermanos.

En 2024, se volvieron a desnudar los problemas estructurales acumulados durante décadas; sin embargo, la burguesía y los grandes empresarios aprovecharon la creciente inseguridad y violencia, la crisis energética, para reducir los costos de producción a costa de despedir a los trabajadores, sin afectar sus ganancias. El caduco sistema neoliberal, incapaz de resolver las necesidades del pueblo, sigue demostrando su agotamiento. Pero mientras persista o se resista a desaparecer, continuará generando desigualdad y pobreza, agravando las tensiones sociales que amenazan con detonar en un estallido social aún mayor.

Que el 2025, año nuevo que llega con la misma vieja crisis, encienda la esperanza para superar el régimen de exclusión, inseguridad y empobrecimiento generalizado, abriendo el camino para construir la patria nueva con derechos y un futuro más justo y solidario para todos.