Las medidas de austeridad siguen la receta entreguista

En los últimos días, en todo el Ecuador y en nuestra ciudad han vuelto las preocupaciones por la pandemia del Covid-19. Después de permanecer tres meses en “semáforo rojo” las autoridades “flaquearon” con el cuento de recuperar la economía nacional, se dieron las competencias a los gobiernos seccionales para cambiar a “semáforo amarillo”; lamentablemente, el incremento de infectados al igual que la pobreza creció en todo el país.

La realidad nacional muestra alcaldes, prefectos, asambleístas ejerciendo sus funciones con grilletes; mientras que otras escorias que denigran la política huyen del país. Falleció también el prefecto del Guayas producto de un “infarto” causado por las preocupaciones del involucramiento de él y su familia en negociados de los insumos sanitarios para combatir la pandemia.

La realidad también nos muestra que en nuestro país existe una minoría enriquecida disfruta de todo y sin temor a la contaminación, mientras que la mayoría pobre de trabajadores y campesinos padece de necesidades que los obligan a salir a las calles a buscar el pan diario y en no pocos casos a morir por el siniestro virus y otras males como la anemia, la tuberculosis, el dengue que parecían ya erradicadas de nuestra país. Aún podemos encontrar buena parte de sectores suburbanos y rurales careciendo de agua potable y saneamiento adecuado que resaltan la naturaleza antidemocrática con que han sido tratados por los gobiernos de turno. En este punto el gobierno ineficaz heredado de la “revolución ciudadana” intenta justificarse entregando una escasa canasta de alimentos o ayuda económica que según lo reconoce el propio gobierno, llega solo a una fracción de los destinatarios que realmente la necesitan.

El Gobierno y la Asamblea Nacional en acuerdo mutuo aprobaron medidas de austeridad, que en medio de la pandemia conllevaron a recortes en el gasto sanitario y de educación. Esta política económica implementada no es nueva, son las ya tradicionales recetas que impone la oligarquía criolla en confabulación con la banca internacional, afectando precisamente a los sectores populares con quienes dicen solidarizarse. La ciudad de Loja es un ejemplo catastrófico del país en su conjunto, funcionarios y médicos de los hospitales del IESS y del MSP reconocen no estar en condiciones de atender a los pacientes de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, a lo que se suma una buena parte de su personal infectado con coronavirus debido a una escasez crónica de equipos de seguridad.

Hay que reconocer que la tal semaforización y el confinamiento social para el control de la pandemia, no dará resultado, el “nuevo comportamiento” que exigen las autoridades nacionales, no se compadece con la realidad de nuestra población, donde más del 60% son trabajadores informales y subempleados que obligados por la necesidad romperán las medidas de aislamiento para salir y ganarse la vida, y precisamente en la medida que cientos de personas llenen calles y mercados todos los días tratando de comprar y/o vender productos básicos, la tendencia al alza en nuevas infecciones será inminente.

Desigualdades sociales se ven con el prisma de la conciencia de clase

Antes de la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, la economía ecuatoriana se precipitaba más por la pandilla de corruptos que por la mala conducción del país. Así, la declaratoria de emergencia y el Estado de excepción por la Covid-19 cayó como anillo al dedo al Gobierno Nacional, puesto que lejos de frenar la contagiosa enfermedad sirvió más para detener los procesos de levantamiento popular que estaban en curso desde el mes de octubre de 2019.

La reciente aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario confirma que la enfermedad tiene carácter de clase. Por una parte, se quiere hacer creer que esta ley contiene acuerdos laborales, pensiones educativas, tarifas para servicios básicos, facilidades financieras, convenios entre deudores y acreedores, entre otros, que beneficiarían a los ciudadanos.

Sin embargo, en lo concerniente a los derechos laborales garantizados por la Constitución de la República, estos hoy son disminuidos. La nueva ley contempla normas que se refieren a los acuerdos para ajustar las condiciones económicas laborales, el contrato emergente, el goce de vacaciones, el teletrabajo, la reducción de la jornada laboral y la consecuente reducción del salario.

Servidores públicos y trabajadores vienen cumpliendo protestas y han anunciado demandas de inconstitucionalidad a la ley, tema éste que será motivo de otro análisis. Cabe preguntarnos ahora, si las revueltas de ayer revivirán en los próximos días. Pienso que sí, porque a mi entender, las bases de los reclamos seguirán vigentes mientras el estado capitalista de Lenin Moreno esté maniatado por la derecha económica y sometido a los requerimientos de la banca chulquera internacional.

La pandemia ha develado las enormes carestías sufridas por los sectores populares a causa de un neocapitalismo cuyo principio es la corrupción, que a la vez ahonda las desigualdades entre ricos y pobres. Mientras que al tercio de la población que tiene subempleo y trabajo informal, le despoja de derechos y los obliga a laborar en condiciones deplorables y con sueldos de miseria.

La Ministra de Gobierno desde el COE-Nacional declaró una cuarentena sanitaria y de confinamiento social, se emitieron normativas para precautelar la salud y seguridad de los pobladores. Mas éstas desembocaron en una fuerte represión ejercida por los uniformados, que al parecer recibieron órdenes de defender abiertamente los privilegios de la clase dominante y castigar con dureza cualquier conato de protestas que en medio de la mencionada cuarentena, inicialmente de forma virtual y luego en calles y plazas realizaron la clase trabajadora y sectores populares.

Lo cierto es que la Covid-19, despertó el proceso de lucha emancipadora. El cacareado buen vivir no se ve llegar, por el contrario hay una pérdida de la calidad de vida que se suma a la privatización de varias empresas estatales. Las desigualdades sociales empiezan a verse desde el prisma de la conciencia de clase, por lo que cobra vigencia la unidad y solidaridad entre la gente y los movimientos sociales y populares en el contexto de la soberanía del pueblo.

Al pueblo lo que es del pueblo

Parafraseando parte de la expresión bíblica “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, pareciera que hay quienes quisieran que ante el extendido Estado de Excepción nos limitemos a las normativas que lo rigen, podría decirse que de acuerdo; pero hay también quienes quieren que creamos que la pandemia del COVID-19 es un castigo de Dios que llegó acompañado de la corrupción de estos neo fariseos que pululan alrededor de Carondelet y los Ministerios Públicos.

No son criterios opuestos, aunque si distintos, sumado a que ni unos ni otros respeten sus propias obligaciones y menos la Constitución y las leyes. No nos sorprende que nuestro país encabece las estadísticas del COVID-19, de la corrupción y de la arremetida contra los trabajadores y los sectores populares, a quienes bajo el pretexto del achicamiento del Estado, primero se da preferencia a la privatización de las empresas y servicios públicos y a las compañías oligárquicas redactando leyes tributarias y otras que precarizan y flexibilizan el trabajo en detrimento de la estabilidad laboral y de garantizar un salario justo, leyes que en definitiva conculcan derechos y disminuyen las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Infortunadamente siempre supuse que la legislación laboral no es regresiva, que los gobiernos están para garantizar los derechos a todos los ciudadanos, sin embargo desde hace más de una década y ahora aprovechando la coyuntura del COVID-19, derechos como el contrato individual de trabajo, salario mínimo, jornada máxima, pago de horas extras, sindicalización, huelga, contrato colectivo, seguridad social, vacaciones, amparo a la maternidad, el no trabajo infantil, las indemnizaciones por despido, accidentes y enfermedades profesionales, pago de utilidades, entre otros; en algunos casos se han disminuido y en otros se han suprimido.

Desde luego que la posición reivindicadora de los sectores populares, de la izquierda y de los trabajadores, toda la vida ha incomodado al sector empresarial y al Estado capitalista, éstos los han calificado de terroristas, socialistas, marxistas, comunistas, etc., etc., presionando a la par a los gobiernos para que les garanticen sus inversiones y sus ganancias depredadoras, cumpliendo recetas de organismos internacionales, que las imponen como en tiempos de las dictaduras que la CIA establecía en nuestros países.

En el gobierno de la revolución ciudadana entre comillas, nos hizo creer que habría un amplio cambio en la legislación laboral, reformas que finalmente se identificaron como neoliberales, puesto que derechos como la organización fue debilitado con la intención de liquidarlas, para ello se crearon organizaciones paralelas que condujeron al aumento del servilismo y a la profundización de la corrupción.

Sin embargo de estas limitaciones impuestas durante la era del correato, organizaciones como la Unión Nacional de Educadores ha cuestionado las reformas y junto a gremios de los servidores públicos y de trabajadores van forjando la unidad y recuperando fuerzas para ejercer la resistencia y protestar; así como acudiendo a las instancias legales para interponer los recursos que permitan restablecer sus derechos.