El Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su “democracia” reciente. Vivimos una confluencia peligrosa de factores políticos, sociales, económicos y de seguridad que configuran una crisis institucional profunda. La sensación predominante en la ciudadanía es de miedo, desprotección y pérdida total de control por parte del Estado. Ya basta de ver pasar la historia desde la vereda del conformismo; mientras el Gobierno y los medios de desinformación siembran miedo y división. Entendamos que callar alimenta la corrupción, el hambre y el cinismo institucional. El dolor ajeno también es nuestro. La violencia desbordada, ligada al crecimiento exponencial del narcotráfico y del crimen organizado, ha convertido al país en uno de los más peligrosos de la región.
Este fenómeno no puede explicarse solo por incapacidad gubernamental. La penetración del narcotráfico en la judicatura, fuerzas de seguridad y la política, revela un problema estructural mucho más grave. En este contexto, el enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo ha profundizado la ingobernabilidad. Bloqueos, vetos, decretos y censuras sustituyen al diálogo democrático y paralizan decisiones urgentes. La institucionalidad se debilita, mientras la ciudadanía observa cómo los conflictos políticos se imponen sobre las necesidades reales del país.
La situación económica tampoco ofrece alivio. Aunque la recaudación fiscal ha superado las metas previstas, los problemas estructurales se han agravado. Educación y salud continúan en estado crítico, faltan docentes, infraestructura, medicinas y personal. La gente muere esperando atención médica, mientras persisten sospechas de corrupción en las compras públicas. El contraste resulta indignante.
Paradójicamente, el principal sostén de la economía ecuatoriana no es la inversión extranjera ni las políticas gubernamentales, sino el sacrificio de millones de migrantes cuyas remesas superan en diez veces la inversión externa. Es el trabajo de quienes se vieron obligados a irse del país el que mantiene a flote la economía nacional. Frente a esta realidad, el presidente Daniel Noboa evidencia una administración errática. En lugar de enfrentar la crisis con firmeza, transparencia y diálogo, prefiere la propaganda para minimizar los problemas y evadir responsabilidades.
El país no necesita demagogia ni viajes; necesita conducción política y soluciones urgentes. Detener la crisis y la caída al despeñadero exige voluntad política, reformas profundas, combate real a la corrupción y, sobre todo, reconstruir la confianza ciudadana. Sin ello, el futuro seguirá marcado por el miedo y la incertidumbre.
